Victoria Ortega ha sido hasta ahora secretaria general del CGAE.
Victoria Ortega, candidata a la Presidencia del CGAE: “Debe ser la Abogacía la que lidere ese gran Pacto de Estado por la Justicia”
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21/12/2015 22:53
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Actualizado: 06/1/2016 17:52
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Es la única mujer de los cuatro candidatos a la Presidencia del CGAE. No considera que sea una ventaja. De conseguirlo, supondría un cambio histórico, como lo fue el nombramiento de la primera fiscal General del Estado.
Ortega, palentina de nacimiento y cántabra de adopción, tiene las ideas muy claras sobre lo que haría si fuera presidenta.
Desde febrero de 2011, Victoria Ortega Benito, 59 años, es secretaria general del Consejo General de la Abogacía Española. Decana del Colegio de Abogados de Cantabria, entre 2000 y 2008 y vicepresidenta del CGAE entre 2002 y 2008, formó parte, como vocal de la Comisión Institucional para la determinación, estudio y propuesta de los elementos de la nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial del Ministerio de Justicia.
Cuando el presidente Carlos Carnicer anunció que no se presentaba a un cuarto mandato, durante el Pleno del CGAE del pasado 23 de octubre, también anunció que Victoria Ortega tenía su apoyo. Un mensaje para navegantes de la intrapolítica del CGAE que tendrán que votar un candidato el próximo 14 de enero.
¿Por qué quiere ser presidenta? ¿qué es lo que le ha movido a dar el paso a presentarse a las elecciones?
Por mi compromiso personal con la Abogacía.
Y me ha movido a dar este paso el que después de 34 años ejerciendo la profesión, tras mi paso por el Decanato del ICA Cantabria, como consejera de la Abogacía y, finalmente, estos últimos años como secretaria general del CGAE, me encuentro en condiciones de aportar mi experiencia y conocimientos. Cuento con las fuerzas, el entusiasmo y la energía necesaria para hacer frente a los nuevos e importantes retos que se presentan a la Abogacía y para acometer las importantes reformas que estimo convenientes, e incluso necesarias, dentro del seno del Consejo.
Si nosotros fuéramos dos de los 83 decanos, ¿cómo trataría de convencernos de que le votáramos, de que usted es la mejor candidata?
Si ustedes fueran decanos, se daría la circunstancia de que conocerían mi forma de ser y de actuar. Mi trabajo y mi experiencia en el Consejo, al igual que la del resto de los candidatos. Y también mi firme decisión de llevar a cabo, conservando y mejorando las muchas cosas buenas que se hacen y que tenemos en el Consejo, una profunda reforma del mismo. Consensuada con todos. Con nuevos retos y nuevos equipos. Que nos permitirán hacer frente, con solvencia, a las necesidades y exigencias que nos demandan los Colegios y la Abogacía de hoy.
Y pasan por reformar tanto el funcionamiento y composición de los órganos del Consejo, como su estructura administrativa y de servicios.
¿Qué tipo de modelo de funcionamiento adoptaría? ¿Seguiría con el actual?
Mi propuesta de cambio, por lo que se refiere a los órganos del Consejo, pasa por: incentivar un sistema de información continuo con todos los miembros del Pleno, de forma que su función de debate y decisión se practique de forma mas eficiente.
Por reforzar en papel de la Comisión Permanente, como autentico órgano ejecutivo y de participación, modificando su composición con los criterios de proporcionalidad que impone el nuevo Estatuto aprobado por el CGAE.
Por revisar el papel, la composición y funcionamiento de las comisiones ordinarias, que deben ser auténticos órganos operativos, de participación de los consejeros, dotándoles, además, de un mayor apoyo técnico.
Por la creación de nuevos órganos o servicios con funciones especificas de control y coordinación en aras a un mayor y mejor aprovechamiento de los trabajos y recursos del CGAE.
Y también, en el ámbito externo, de intervención y seguimiento de todas aquellas propuestas y proyectos que afecten a la profesión, a los derechos de la ciudadanía o a la Administración de Justicia en general.
Hemos de velar siempre por el interés de la Abogacía y por los derechos de los ciudadanos.
Por eso es imprescindible que no sólo se nos oiga, sino que se nos escuche y se nos tenga en cuenta en la propuesta y elaboración de todos los proyectos y reformas legislativas que se planteen en estas cuestiones.
Si no es así, ¿cuál implementaría?
Me preocupa el texto legal que usted menciona, pero también cualquier otra norma o proyecto legislativo que afecte a la Abogacía, a su ejercicio e instituciones; como también cualquier otro que afecte a los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho de defensa.
Y en cuánto a una futura Ley de Servicios Profesionales, habrá que esperar a conocer qué texto se propone, porque como presidenta del CGAE -si los compañeros tienen a bien otorgarme su confianza-, defenderé sin fisuras, como se ha hecho hasta ahora -justo es reconocerlo- la existencia de todos y cada uno de los 83 Colegios de Abogados que hay en España.
Cifra muy inferior, por cierto, a la de otros países del entorno europeo.
En consecuencia me opondré, con toda la energía y medios legales a nuestro alcance, a cualquier texto que afecte a la continuidad o existencia de cualquiera de ellos.
De todos los desafíos a los que el CGAE tiene que hacer frente en los próximos cinco años, ¿cuál es el que más le preocupa?
Es claro que la soluciÓn no depende solo de nosotros. Es necesario que nuestros políticos se convenzan de la necesidad de consensuar y de contar con las aportaciones de la Abogacía, para afrontar con éxito las reformas que la sociedad demanda y que afectan directamente a nuestro sistema de justicia.
Sólo desde el consenso y el dialogo, pueden llevarse a término reformas legislativas de calidad y con proyección de futuro, acordes con las exigencias de un Estado de derecho.
¿Y cuál es su solución para hacerle frente con éxito?
La aportación y colaboración de la Abogacía en este empeño, será efectiva y leal.
La solución sólo vendrá dada desde el esfuerzo de todos.
¿Cómo se le puede dar la vuelta al problema que ustedes, los abogados, tienen con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia?
Espero, confío, que las autoridades de Competencia lleguen a comprender que estamos ante un servicio público esencial, como es la Justicia.
Y que a un servicio público esencial, máxime al turno de oficio, no pueden aplicársele criterios de libre mercado.
Y también que no solo comprenda, sino que considere necesario, que los Colegios de Abogados hayan de tener a disposición de los colegiados y de todos los usuarios de servicios jurídicos unos criterios claros que permitan determinar, con la mayor concreción y exactitud posible, el importe que puede significar las costas de un proceso, a quien quiera iniciarlo, o se vea inmerso en el y resulte vencido y condenado a su pago.
Información que, no puede olvidarse, están obligados a dar los abogados a sus clientes, no sólo en cumplimiento de las normas deontológicas, sino por tratarse de un derecho del que gozan los clientes como consumidores y usuarios de servicios jurídicos, según recoge la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia.
¿Le preocupa la futura modificación de la ley de planta y demarcación?
Lo que me preocupa es que alguien pueda pensar que una modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial tenga que afectar a la existencia de los 83 Colegios de Abogados y a la cercanía de los ciudadanos a la Administración de Justicia y, en definitiva, a la tutela efectiva de sus derechos.
Si alguien entiende así la reforma de la Ley de Planta, que sepa que nos tendrá enfrente.
¿Cómo tiene que ser el nuevo modelo del turno de oficio?
Tiene que ser un modelo en el que se garantice a los ciudadanos este servicio publico, siendo esta la esencia de la Justicia Gratuita.
Se debería mantener el diseño de nuestro sistema actual -que es ejemplo para el resto de países de nuestro entorno europeo- en el cual los Colegios organizan el servicio ajustándose a criterios de objetividad y eficiencia.
Debe asegurarse este derecho al ámbito social carente de recursos para litigar, dejando libertad organizativa a los Colegios y suprimiendo gran parte de las cargas burocráticas a las que están sometidos actualmente.
Así mismo, la Administración debe garantizar un pago digno a los abogados por las actuaciones realizadas, con independencia del reconocimiento, o no, a la justicia gratuita que, en la mayor parte de las ocasiones, se lleva a cabo después de las labores desarrolladas por los abogados.
En este sentido, seguirá trabajando la Comisión correspondiente del CGAE, con el mismo entusiasmo y efectividad que hasta este momento.
¿Es esencial que exista un único baremo para el turno de oficio en toda España?
Hemos de respetar la realidad administrativa y política de nuestro país y, en consecuencia, las competencias que cada Comunidad Autónoma tiene transferidas.
Pero lo que importa y resulta del todo esencial es que donde quiera que se preste por un Abogado un servicio del turno de oficio, sea siempre un servicio de calidad y que este servicio sea dignamente retribuido por la Administración, cualquiera que ésta sea, reivindicación a la que no renunciare.
¿Seguiría usted dando la batalla para que se supriman las tasas para las pymes y las ONGs?
Seguiría es el tiempo potencial del verbo. Yo utilizo el futuro: seguiré. Sin duda alguna.
El puesto de presidente del CGAE no está remunerado. Es decir, usted, de ser elegida, trabajaría “de gratis”. ¿Qué tipo de compensación, no monetaria, obtendría usted a cambio?
El gran honor de ser presidenta.
Existen voces, entre los abogados de base, que piden paso, que querrían votar al nuevo presidente o presidenta del CGAE por voto secreto y directo. ‘Si puedo estar presente, ¿por qué tengo que estar representado?’, se preguntan. ¿Qué opina usted?
El Consejo integra a los 83 Colegios, cuyos representantes, los Decanos, elegidos por sus colegiados con criterios democraticos, eligen, a su vez, a quien presida aquel.
¿Potenciaría usted un canal de comunicación directo con los abogados, además del que tendría con los decanos, de ser nombrado presidente?
Sí. Sin duda.
En los últimos años el CGAE ha implementado un ambicioso sistema informático, fundamental para la viabilidad del futuro expediente digital. ¿Mantendría esta vía de progreso tecnológico?
La Abogacía aposto hace ya muchos años, por estar en la vanguardia tecnológica para poder afrontar una justicia y unos servicios acordes a los nuevos tiempos y que fuesen útiles para los abogados y para los ciudadanos; y así hemos situado a la Abogacía estratégicamente en un lugar de referencia, siendo reconocida tanto en el ámbito nacional como internacional.
Por ejemplo, nuestro desarrollo para Justicia Gratuita ha permitido facilitar un abogado al ciudadano con mucha mayor celeridad, prácticamente de forma inmediata, frente a los retrasos que tradicionalmente existían.
Por ello, hemos de apostar por estar a la altura de los servicios que nos demandan los ciudadanos y los abogados y, para ello, debemos abordar un debate sereno y abierto que nos lleve a consensuar el futuro, buscando lo mejor y mas conveniente para los Colegios y los abogados.
Abiertos a analizar y revisar lo que tenemos y lo que necesitamos, cuáles son las respuestas tecnológicas que debemos dar desde el Consejo y cual es la mejor forma de darlas. Para ello, es fundamental el consenso y la unidad de los Colegios, que estoy segura que conseguiremos.
¿Qué nota le daría a Lexnet Abogacía?
Aunque me produzca pudor el decirlo, sin falsa modestia, es una gran aplicación.
Pero quizá lo mas importante que, posiblemente haya pasado desapercibido, es que hemos conseguido que se nos reconozca como un interlocutor esencial para el funcionamiento del sistema, de tal forma que los abogados tienen la garantía de que, si por cualquier razón técnica (y los tiempos iniciales de implantación y ajustes son muy peligrosos) se cae el sistema, los plazos procesales se suspenden, al igual que ocurre si se cae el sistema del Ministerio.
Lo importante es que los avances, necesarios e imprescindibles, no afecten a los derechos de los ciudadanos y den seguridad a los abogados.
Los diferentes colegios están prestando una especial atención a los abogados jóvenes. ¿qué puede hacer el CGAE que no haya hecho ya por ellos?
A la abogacÍa joven hay que escucharla y apoyarla y, sobre todo, dejarla que marque su propia lÍnea y determine sus necesidades.
Sé que suena a tópico, pero son el futuro -por momentos, el presente- de nuestra profesión. La Confederación Española de Abogados Jóvenes está haciendo una gran labor y desempeña una gran colaboración y participación con el Consejo.
Procuraré no sólo que se mantenga, sino que se incremente en un futuro.
¿Qué le parece que las asociaciones de jueces pidan a la clase política un Pacto de Estado por la Justicia? ¿Se sumarían ustedes a esa iniciativa, teniendo en cuenta que el barómetro ciudadano que ustedes encargaron a Metroscopia decía lo mismo?
Claro que nos sumaríamos. Pero voy mas allá. Debe ser la Abogacía la que lidere ese gran, y necesario, Pacto de Estado por la Justicia.
Son muchos años de hablar sobre el Pacto y poco se ha avanzado. Nosotros estamos en el día a día del funcionamiento de la Administración de Justicia, representamos a sus usuarios y destinatarios, padecemos sus deficiencias y, por todo ello, conocemos sus debilidades y fortalezas. Por todo ello estamos en las mejores condiciones, para liderar ese Pacto.
¿Se atrevería a decir qué ha hecho bien el ministro saliente durante el último año y qué no debería haber hecho, porque ha perjudicado a los abogados?
Con Rafael Catalá se abrió de nuevo el cauce del diálogo con todos los que intervenimos en el mundo jurídico, que su antecesor en el cargo había cerrado. Creo que esa es la línea que debe seguir todo ministro de Justicia.
El hecho de ser mujer, ¿es una ventaja o una desventaja en estas elecciones?
El hecho de ser hombre o mujer no ha de significar ventaja o desventaja alguna en estas elecciones y, estoy segura, que ello va a ser así.
No obstante, me atrevo a decir que el acceso de una mujer al más alto puesto de representación de la Abogacía Española supone un cambio histórico, como lo fue el nombramiento de la primera fiscal General del Estado. Cambio que debe verse con absoluta normalidad.
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