El Registro de Impagados Judiciales (RIJ) es un fichero de morosidad basado en resoluciones judiciales firmes, como bien explica Marcos Camacho O´Neale, decano del Colegio de Abogados de Jerez. Foto: Colegio de Abogados de Jerez.
Marcos Camacho, candidato a la Presidencia del CGAE: «El reto es conseguir que nuestras propuestas se incluyan en las leyes en la fase previa de negociación»
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22/12/2015 06:50
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Actualizado: 06/1/2016 17:53
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Marcos Camacho O’Neale se define a sí mismo como un «abogado proactivo», un abogado que prevé los acontecimientos para hacerles frente con eficacia, frente a la figura del «abogado reactivo», que reacciona ante los acontecimientos, de los que siempre va a la cosa.
Una prueba de ello es la web, www.marcoscamacho.es, que ha montado para promocionar su candidatura a la Presidencia del CGAE. Lo que más desea.
Camacho O’Neale es decano del Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera desde 2011. En esa ciudad dirige, con su hermano, el Bufete Antonio Camacho, fundado en 1866, uno de los despachos de más trayectoria de España.
Lo que le ocupa ahora es la campaña. Sabe que son 83 electores, que hay muchos compromisos, pero confía en sus fuerzas. Quiere hacer del Consejo General de la Abogacía Española un acorazado respetado, con influencia, con músculo, capaz de influir en las decisiones en la fase de gestación y de negociación. Aquí pone sus cartas sobre la mesa.
¿Por qué quiere ser presidente?, ¿qué es lo que le ha movido a dar el paso a presentarse a las elecciones?
Mi motivación ha sido siempre defender los intereses de los abogados, porque su trabajo es esencial para la sociedad y para el buen funcionamiento de la justicia. Por eso me presenté a decano.
Estos cinco años me han permitido conocer muy de cerca los problemas de la justicia, de los abogados y de los ciudadanos.
Igualmente, desde el CGAE he compartido los problemas y el trabajo de otros colegios. Por eso, mi prioridad, como explico en mi programa (marcoscamacho.es), es reforzar el apoyo a los colegios con el objetivo de que todos rememos en la misma dirección, pues solo desde la unidad de los 270.000 abogados conseguiremos situar a la profesión en el lugar que le corresponde.
Mi padre, de quien aprendí a querer y respetar la profesión, me dio un consejo: “Si quieres que las cosas cambien, mójate”.
El ser presidente, por tanto, no es una cuestión de notoriedad, sino una consecuencia necesaria y obligatoria si quieres imprimir e impulsar los verdaderos cambios que la profesión necesita.
Les doy un dato: actualmente el 85 por ciento de los despachos atraviesan por dificultades económicas. Por eso, nuestra prioridad debe ser la defensa de la profesión, a través de los colegios, pues si a ellos les va bien, a los abogados les irá también bien y a la justicia mucho mejor.
Si nosotros fuéramos dos de los 83 decanos, ¿cómo trataría de convencernos de que le votáramos, de que usted es el mejor candidato?.
Primero, haciendo lo que estoy haciendo. Desplazándome a sus colegios para escuchar sus inquietudes y exponerles mi programa y hablando personalmente con ellos.
También os diría que ya sabéis quien soy, conocéis mi lealtad al Consejo, sabéis que siempre voy de frente y sin dobleces, pensando siempre en el interés general de la abogacía y haciendo crítica constructiva cuando es necesario.
Soy un candidato sin compromisos adquiridos del pasado y que ahora pretende cambiar de rumbo desde el respeto al trabajo realizado en la institución, aportando nuevas ideas y proyectos, y conservando todo aquello que funciona bien.
El CGAE puede presumir de ser una institución que se ha ganado el respeto y la confianza de la sociedad, y así debe seguir siendo.
Se trata, por tanto, de adaptarse a los cambios que exigen la sociedad actual y la abogacía. Además, soy un candidato sin dependencia y compromisos políticos adquiridos. Por eso creo que puedo representar esa independencia, esa imparcialidad y esa capacidad para generar el consenso que el Consejo necesita en estos momentos.
Ser presidente exige velar por los intereses de todos los abogados. Les digo esto porque, como sabrán, soy el único candidato que ha cuestionado las fechas de las elecciones.
No entiendo que algo tan importante como la elección de la persona que representará la voz de todos los colegios de abogados y portavoz de nuestra profesión, se haga de esta forma atropellada cuando no existe ninguna obligación estatutaria que imponga esta fecha del 14 de enero.
Creo que esta celeridad ha impedido el debate sosegado que necesita la profesión. Aprovecho para dar las gracias a todos los decanos que me han permitido explicarles mis propuestas, pues esto debe ser un trabajo en equipo y el éxito del CGAE depende de todos nosotros.
¿Qué tipo de modelo de funcionamiento adoptaría? ¿seguiría con el actual? Si no es así, ¿cuál implementaría?
Nuestro propio Estatuto ya establece el modelo: presidente, Permanente, Pleno y las comisiones que son aprobadas por éste.
Este modelo es de obligado cumplimiento. Por lo tanto quieras o no hay que mantenerlo.
Cuestión bien distinta es como hacer más operativo el Consejo con una participación esencial de los decanos:
La figura del presidente debe estar más presente en los colegios y, por lo tanto, con los abogados, única manera de generar conciencia profesional para que todos vayamos a una. Debe estar al frente de la política de «lobby», cumpliendo, en sus visitas a los colegios, con éste propósito.
Debe igualmente hacer los contactos internacionales necesarios y obligatorios con la abogacía internacional, para preparar a la abogacía para la gran transformación que se avecina, y que muchos países ya han padecido. Es decir, un presidente de acción y no de reacción.
La permanente debe ser más transparente para los colegios. Los colegios que no forman parte de la misma no se pueden sentir diferentes. Tienen derecho a conocer las convocatorias de las Permanentes con el tiempo suficiente para hacer y formular propuestas, que luego debidamente debatidas y estudiadas puedan decidirse en el Pleno. Todos los colegios merecen la misma información.
Las comisiones están integradas por decanos y profesionales. Son los designados por estas comisiones y el presidente los que deben estar al frente de las propuestas y las negociaciones de los proyectos legislativos del ámbito de su competencia. Algo que no ha ocurrido hasta la fecha, en la que luego han sido miembros del consejo ajenos a estas comisiones quienes han intervenido en las negociaciones.
Propondré refundir algunas comisiones y la creación de una comisión de presidentes autonómicos, precisamente para que exista una absoluta transparencia, con el compromiso de que hagan fluir toda la información a sus colegios, algo que ahora no ocurre.
La mayoría de los colegios tienen constituidas secciones o grupos de trabajo en las distintas áreas del derecho. Es importante que desde el consejo se lleve a cabo una labor de coordinación con los colegios, para que el trabajo de todos estos grupos, nos permita hacer una Abogacía de Acción con propuestas concretas de mejora de las leyes y de la profesión.
Como ya explico en mi web, hay que hacer una auditoria técnica y de personal de la estructura del consejo para cumplir los nuevos retos de la abogacía.
De todos los desafíos a los que el CGAE tiene que hacer frente en los próximos cinco años, ¿cuál es el que más le preocupa?
La Ley de Servicios nos ha preocupado mucho en el Consejo y le hemos dedicado mucho trabajo y tiempo, sobre todo los colegios de partido. Incluso elaboramos un informe encargado a una consultora, “Roland Berger”, que midió el efecto económica de la Ley, que provocaría de forma inmediata entre hasta 10.000 despidos.
Lo que no es fruto del dialogo previo y el consenso no tiene nunca un buen resultado.
El gran reto que tiene la abogacía es el de que todos los colegios y los abogados que integran se muevan en la misma dirección. Sólo de esta forma tendremos el respeto del legislador y el ejecutivo.
Nuestro reto es conseguir que nuestras propuestas se incluyan en las leyes en la fase previa de negociación y que incluso sean el germen de los cambios normativos.
¿Cómo se le puede dar la vuelta al problema que ustedes, los abogados, tienen con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia?
Básicamente la Abogacía tiene dos problemas con esta comisión: los derivados de los baremos o criterios de honorarios y los que se están generando en materia de Justicia Gratuita, turno de oficio.
Todo el mundo sabe que la determinación de honorarios abogado cliente es libre, pero cualquier persona entiende que si uno pierde un pleito le pueden condenar a pagar las costas. ¿Cómo puede saber su importe si no existen estos criterios?.
Y en el Turno de Oficio los problemas están surgiendo cuando un abogado colegiado como ejerciente en un colegio pide su alta en los turnos de otro colegio cercano o no.
O con lo relativo a los requisitos que los letrados deben cumplir para acceder al turno.
Los colegios cumplimos con la ley cuando administramos estos servicios y nuestro compromiso esencial es con el justiciable. Por lo tanto, estamos hablando de seguridad jurídica y ellos de limitaciones al mercado y la competencia.
Debemos buscar el consenso, los colegios no tienen ánimo de lucro y las multas que se imponen pueden dar al traste con los propios colegios.
Hay que sentar en la misma mesa a Justicia, a Economía y a la Abogacía para saber si lo que prima es el ciudadano-justiciable o el mercado. El consenso y la lógica deben imponerse necesariamente.
¿Le preocupa la futura modificación de la ley de planta y demarcación?
Lo esencial es el gran pacto por la justicia, en el que debe ser actor principal la Abogacía, poniendo sobre la mesa el gran conocimiento que tenemos de la realidad jurisdiccional y de cómo se imparte la justicia en todo el territorio del estado español.
Una ley que modifique los actuales partidos judiciales, que centralice la administración de justicia en las capitales de provincia sin una base de eficacia o eficiencia, que aleje la justicia del ciudadano y le obligará a hacer grandes desplazamientos. Y que no sea fruto de un gran pacto y del consenso me preocupa mucho.
¿Cómo tiene que ser el nuevo modelo del turno de oficio?
Debemos cambiar la mentalidad de la Administración, la justicia gratuita es la mayor inversión que se puede hacer en justicia social.
Y, por ello, debemos pasar del concepto de gasto al de inversión.
Más de 1.765.000 ciudadanos son atendidos anualmente por más de 43.000 abogados de oficio. Sin embargo, estos abogados cobran de media entre 2 y 2,5 euros la hora de trabajo y una media por expediente de 125 euros.
¿Es eso digno?.
Es, por tanto, un objetivo eliminar trabas administrativas y conseguir una remuneración digna y adecuada a los intereses encomendados.
¿Es esencial que exista un único baremo para el turno de oficio en toda España?
Ese es un asunto importante, pero complicado, no podemos ser ajenos a que estas competencias están transferidas en casi todas las comunidades autónomas. Pero si conseguimos el tan ansiado Pacto de Estado de la Justicia es algo que debería estar necesariamente incluido, a igual trabajo igual remuneración.
¿Seguiría usted dando la batalla para que se supriman las tasas para las pymes y las ONGs?
Por supuesto, no podemos caer en la autocomplacencia cuando representan un gran obstáculo para el acceso a la justicia. Bien es cierto que la enorme presión que desde la Abogacía y otras instituciones se ha llevado a cabo, ha provocado que el ministro Catalá las elimine para personas físicas.
Pero no es suficiente, si bien este ministro ha actuado tímidamente en las tasas pudiendo haberlas eliminado como se demandaba, nos ha perjudicado en otras leyes importantes para la profesión como la Ley de Jurisdicción Voluntaria, o incluyendo una disposición transitoria en la Ley de Enjuiciamiento Civil con la que pretende abrir la puerta del turno de oficio a los graduados sociales.
Catalá es más dialogante que Gallardón pero sigue legislando sin contar con la Abogacía. Por eso hay que seguir dando la batalla en la defensa de los ciudadanos y sobre todo en la de nuestra profesión de abogado.
El puesto de presidente del CGAE no está remunerado. Es decir, usted, de ser elegido, trabajaría “de gratis”. ¿qué tipo de compensación, no monetaria, obtendría usted a cambio?
La primera compensación es tener la satisfacción de representar a la profesión y poder decir cuando te vayas que, gracias al trabajo de todo el equipo del CGAE, los abogados vuelven a ocupar el lugar que les corresponde.
También es cierto que el presidente del consejo no está remunerado como tampoco lo está el cargo de decano, ahora bien, la dedicación que cada uno de los cargos conlleva implica necesariamente, que al menos te compensen los gastos.
De otra manera sólo aquel abogado que sea económicamente solvente podría desarrollar ese cargo. Lo que no parece muy democrático.
Existen voces, entre los abogados de base, que piden paso, que querrían votar al nuevo presidente o presidenta del CGAE por voto secreto y directo. ‘si puedo estar presente, ¿por qué tengo que estar representado?’, se preguntan. ¿qué opina usted?
Efectivamente soy consciente de que se está planteando ese debate en las redes sociales y ya les he expresado públicamente que los abogados eligen democráticamente a sus decanos y que estos les representan en el CGAE.
El Presidente representa a la Abogacía Española y es el portavoz conjunto de los colegios, por lo que considero que el sistema de elección es en principio el adecuado.
¿Potenciaría usted un canal de comunicación directo con los abogados, además del que tendría con los decanos, de ser nombrado presidente?
El CGAE se ha modernizado mucho y dispone de presencia activa en redes sociales, donde se está haciendo una buena labor, dispone de una “newsletter” y de la revista jurídica con mayor tirada nacional, con 132.000 ejemplares.
Es decir, creo que el Consejo ofrece información más que suficiente a los abogados. Ahora bien, sí que pretendo cambiar la forma en que llega la información al consejo.
Pretendo que el presidente tenga contacto periódico con todos los consejos autonómicos. Con todos y cada uno de los colegios de abogados y sus juntas de gobierno y con jornadas de puertas abiertas con sus colegiados.
Es esencial para conseguir la deseada unidad socializar la figura del presidente al servicio de los colegios y sus abogados. En definitiva, dejar la tribuna y acompañar en el ruedo a los decanos de los colegios para conocer de primera mano las inquietudes de sus abogados. Eso si será un canal de comunicación directo con los abogados y sus necesidades.
En los últimos años el CGAE ha implementado un ambicioso sistema informático, fundamental para la viabilidad del futuro expediente digital. ¿Mantendría esta vía de progreso tecnológico?
El CGAE, ha hecho un trabajo extraordinario y ha puesto herramientas muy importantes a disposición de los colegios de abogados.
Ello no hubiera sido posible sin la generosidad y solidaridad de todos los colegios que apostaron por una firma electrónica propia que nos identifica como abogados, un sistema SIGA de gestión, un expediente electrónico de Justicia gratuita, y mucho más, que han hecho un ejercicio de solidaridad colegial.
El próximo día 1 de enero la abogacía estará preparada para la entrada en vigor de lexnet, gracias al Consejo y a los colegios de abogados. Cosa que no opino de la Administración de Justicia.
¿Qué nota le daría a Lexnet Abogacía?
La nota la deben poner el conjunto de los abogados, y ya que lo pregunta, sería bueno hacer una encuesta para conocer el grado de satisfacción. No obstante, creo que hemos hecho un esfuerzo importante para llegar a tiempo con una herramienta de calidad.
Los diferentes colegios están prestando una especial atención a los abogados jóvenes. ¿qué puede hacer el CGAE que no haya hecho ya por ellos?
La asociación de jóvenes abogados está presente en el pleno del CGAE, y presente en las comisiones del consejo aportando su visión de la abogacía. Y debo decir que trabajando duro por la abogacía, al menos eso es lo que percibo en las comisiones de las que formo parte. Ahora bien, pienso que es más lo que ellos pueden hacer por la abogacía que al revés, el 75 por ciento de los abogados del estado son menores de 45 años.
Los colegios les facilitamos los medios y la formación inicial y continuada para que se manejen en igualdad de condiciones con el resto de abogados, pero ellos son los primeros implicados e interesados en la mejora de la profesión. Ellos son esenciales en mi proyecto de consejo.
¿Qué le parece que las asociaciones de jueces pidan a la clase política un pacto de estado por la justicia?, ¿se sumarían ustedes a esa iniciativa, teniendo en cuenta que el barómetro ciudadano que ustedes encargaron a Metroscopia decía lo mismo?
Como ya he comentado un pacto por la justicia es esencial. Parece mentira que sea la primera vez que las asociaciones de jueces se pongan de acuerdo en un comunicado conjunto, les doy mi enhorabuena. La abogacía como digo no es que deba sumarse, es que es esencial que estemos en ese pacto y que se cuente con nosotros.
¿Se atrevería a decir qué ha hecho bien el ministro saliente durante el último año y qué no debería haber hecho, porque ha perjudicado a los abogados?
Recuperar el dialogo con la Abogacía y derogar las tasas para las personas físicas.
Haber aprobado leyes que afectan negativamente a la profesión de abogado: la Ley de Jurisdicción Voluntaria que como he dicho entrega parcelas exclusivas de la Abogacía a los graduados sociales.
La Ley de Jurisdicción Voluntaria que entrega competencias a notarios y registradores. La eliminación de la intervención letrada obligatoria en algunos procedimientos de delitos leves.
Lo único que le pido desde aquí al próximo ministro es que habilite y cree comisiones mixtas para que podamos trabajar en las propuestas y no en las enmiendas.
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