Pere Lluis Huguet, candidato a la Presidencia del CGAE: «Debemos apostar firmemente por la función de ‘lobby’»
Pere Huguet fue, dentro del CGAE, como vicepresidente, el impulsor de la transformación tecnológica de la institución. Confilegal.

Pere Lluis Huguet, candidato a la Presidencia del CGAE: «Debemos apostar firmemente por la función de ‘lobby’»

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22/12/2015 06:45
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Actualizado: 02/2/2016 11:33
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Pere Lluis Huguet Tous era, hasta hace unos días, decano del Colegio de Abogados de Reus, responsabilidad que ejerció durante 13 años. Como vicepresidente del CGAE ha sido la «materia gris» que ha implantado las nuevas tecnologías en la Abogacía Española. 

La tramitación del expediente electrónico de Justicia Gratuita es «hijo suyo». Ahora aspira a suceder a Carlos Carnicer, su gran amigo, en la Presidencia del CGAE.

Si Huguet consiguiera su objetivo se convertiría en el segundo reusense que presidiría el CGAE. El primero fue Antonio Pedrol Rius, que ocupó dicha Presidencia durante 20 años. Actualmente es socio de Huguet Advocats/Abogados.

A este candidato la idea de ser presidente del CGAE le ilusiona como pocas cosas en esta vida. Se ve con la experiencia necesaria y la madurez precisa. Es el momento. Ahora o nunca. Tenía que coger el tren sí o sí.

Aquí explica con claridad cuál es su visión del futuro de Abogacía Española, su poder de influir. Por eso, dice abiertamente que deben apostar por «la función de ‘lobby’, de grupo de presión» del CGAE. Porque sabe que tienen «músculo» y hay que utilizarlo.

¿Por qué quiere ser presidente?, ¿qué es lo que le ha movido a dar el paso a presentarse a las elecciones?

Porque creo que puedo ser útil a nuestros compañeros. Y porque tengo un proyecto de futuro, que compartimos para el Consejo, cargado de ilusión e ideas.

Si nosotros fuéramos dos de los 83 decanos, ¿cómo trataría de convencernos de que le votáramos, de que usted es el mejor candidato?

Después de 13 años trabajando en el Consejo, les diría que mirasen lo que hemos construido, y si piensan que estamos en el buen camino porque queremos avanzar para mejorar, me votasen.

¿Qué tipo de modelo de funcionamiento adoptaría?, ¿seguiría con el actual?

El modelo es el que marca nuestro Estatuto pero siempre hay margen para mejorar. El Consejo fue de los primeros en implementar el portal de la transparencia pero debemos incrementar ésta, dar a conocer nuestra actividad al abogado.

La esencia y el potencial del Consejo son el trabajo de sus comisiones, compuestas por los decanos de los Colegios de Abogados, trabajo que puedo asegurarle que es impresionante, pero muchas veces dicho trabajo, que directamente repercute en los Colegios y en los abogados, es desconocido.

Creo firmemente que incrementar la transparencia en la información de las comisiones mejorará el conocimiento que los abogados tienen del Consejo.

Asimismo, deberemos reforzar la coordinación entre ellas y apostar firmemente por la función de «lobby».

Si no es así, ¿cuál implementaría?

Esencialmente, lo que implementaría es la oficina de coordinación. Coordinación entre las comisiones, pero también coordinación entre los Colegios y Consejos Autonómicos para evitar que se solapen, y racionalizar recursos.

No tiene sentido hacer algo que alguien ya ha hecho, y por lo tanto debemos aprovechar las sinergias que nos da nuestra estructura, dividida en Consejos y Colegios.

De todos los desafíos a los que el CGAE tiene que hacer frente en los próximos cinco años, ¿cuál es el que más le preocupa?

El principal desafío es conseguir el esperado Pacto de Estado por la Justicia.

Nuestra justicia no puede soportar más su actual situación y es necesario sacarla de la batalla política mediante un pacto de estado para afrontar con serenidad su reforma, reforma que debe alcanzar desde sus órganos de gobierno a la estructura de la oficina judicial, con una dotación económica que permita ejecutar su reforma, e incluir en dicho pacto la aprobación definitiva de una Ley Orgánica del Derecho a la Defensa.

Además, resultará esencial la nueva Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Los anteproyectos que se elaboraron en la anterior legislatura eran un ataque a la independencia de los Colegios y un perjuicio para los ciudadanos en el ámbito de protección de sus derechos.

Los colegios garantizan el correcto ejercicio de la defensa.

Tampoco podemos olvidar la reforma de la Planta Judicial. Hemos de garantizar una justicia de proximidad frente a pasados intentos de concentración de los órganos judiciales que en nada favorecen ni a los ciudadanos ni a los abogados, ello sin perjuicio de que deba racionalizarse la planta judicial.

¿Y cuál es su solución para hacerle frente con éxito?

Continuar, junto con todos los operadores jurídicos y asociaciones de jueces, en la reivindicación del Pacto de Estado ante el nuevo parlamento.

Así mismo, será necesario que, desde el Consejo, se hagan propuestas prelegislativas que se deberán negociar en el nuevo escenario que ha surgido de las elecciones generales. Debemos ser proactivos en aquellas reformas que sabemos deben afrontarse y no esperar a que los anteproyectos de ley lleguen para su informe.

¿Cómo se le puede dar la vuelta al problema que ustedes, los abogados, tienen con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia?

Pues de la manera en la que somos especialistas los abogados: negociando y defendiendo en lo que creemos ante los tribunales.

Resulta incomprensible que se pretenda sancionar a los Colegios por prácticas restrictivas de la competencia cuando el mercado legal está liberalizado desde hace muchos años. Los abogados competimos con absoluta libertad, lo que no puede confundirse con la prestación de un servicio publico.

Creo firmemente que la Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados no ha entendido en qué consiste el turno de oficio.

Ni el concepto de un servicio público esencial para el estado de derecho. Por eso debemos garantizar la correcta prestación del servicio; y ello, no significa práctica restrictiva alguna, sino el cumplimiento de una obligación legal, y casi diría, constitucional.

¿La futura modificación de la Ley de Planta y Demarcación le preocupa?

Está entre las prioridades que me planteo. Hay que garantizar la justicia de proximidad. La reforma propuesta por el ministro Gallardón era una autentica barbaridad. Pero ello no implica que no debamos sentarnos para racionalizar la planta y adaptarla a la actualidad.

¿Cómo tiene que ser el nuevo modelo del turno de oficio?

Es que no tiene que haber un nuevo modelo. El modelo de la Ley 1/1996 ha sido considerado como excelente. Y ha sido exportado a países que han copiado la estructura. Es un modelo que ha funcionado.

Ahora bien, debemos estar en constante mejora, tanto en la formación como en la gestión.

Los Colegios somos los que mejor conocemos el turno y los que mejor podemos indicar como podemos mejorar.

¿Es esencial que exista un único baremo para el turno de oficio en toda españa?

Las competencias sobre la gestión del turno de oficio están transferidas a muchas Comunidades Autónomas y debemos respetar el mapa de competencias del Estado. No creo que sea necesario un único baremo. Lo que necesitamos es que todos los baremos recojan unas retribuciones dignas.

¿Seguiría usted dando la batalla para que se supriman las tasas para pymes y ONGs?

Sin ninguna duda, y más en este momento en que las pymes han sufrido esta larga y profunda crisis. He visto en mi propio despacho como pymes se han visto privadas del derecho a una tutela judicial efectiva porque no han podido pagar la tasa.

En cuanto a las ONG, resulta contradictorio que entidades de ese ámbito paguen la tasa judicial.

El puesto de presidente del CGAE no está remunerado. Es decir, usted, de ser elegido, trabajaría de gratis”. ¿Qué tipo de compensación, no monetaria, obtendría usted a cambio?

He estado 13 años de decano, y 13 años gestionando la tecnología del Consejo y siempre he recibido como compensación “no monetaria”. Algo ciertamente importante: el reconocimiento y apoyo de mis compañeros

Existen voces, entre los abogados de base, que piden paso, que querrían votar al nuevo presidente o presidenta del CGAE por voto secreto y directo. ‘Si puedo estar presente, ¿por qué tengo que estar representado?’, se preguntan. ¿Qué opina usted?

El Consejo es un Consejo de Colegios de Abogados. No es un consejo de abogados y abogadas. Por ello quien elige al presidente del Consejo son los Colegios en la persona de sus respectivos decanos, y ello no resta representación democrática ya que todos los decanos ha sido elegidos democráticamente en sus respectivos colegios por todos los abogados y abogadas colegiados.

¿Potenciaría usted un canal de comunicación directo con los abogados, además del que tendría con los decanos, de ser nombrado presidente?

Ya existen diferentes medios de comunicación directa con los abogados. La revista “Abogados” es un importante canal. La «web». Las diferentes «news letter», con especial referencia al boletín “Europa en Breve”. Quizás lo que debamos hacer es mejorar estos canales. Mejorar los contenidos e incrementar la información de la actividad del Consejo, para que se conozca mejor el ingente trabajo que desarrolla.

En los últimos años el CGAE ha implementado un ambicioso sistema informático, fundamental para la viabilidad del futuro expediente digital. ¿Mantendría esta vía de progreso tecnológico?

No solo hay que mantenerla hay que avanzar en este sentido. El futuro va ha exigir herramientas tecnológicas a nuestros compañeros. Si en el Congreso de Salamanca, en el año 2003, la Abogacía no hubiese apostado por la innovación tecnología, en estos momentos tendríamos un grave problema.

Pero además hemos exportado tecnología a Europa. Todos los abogados escoceses utilizan la firma electrónica de la Abogacia Española, lo cual supone una fuente de financiación.

Es importante que lideremos la gestión del cambio, y que ello dé valor a la colegiación. El abogado debe recibir de su Colegio la formación y las herramientas necesarias para afrontar con seguridad ese cambio. Eso sólo podemos hacerlo con el esfuerzo conjunto de todos los Colegios mediante el Consejo.

Ese es el espíritu del acuerdo del 2003 en el Congreso de Salamanca y ese es el espíritu que llevó a la creación de Red Abogacia.

¿Qué nota le daría a Lexnet Abogacía?

Sería vanidoso que yo le diera nota cuando he participado en su creación y diseño. Es una extraordinaria herramienta que nos va a permitir afrontar el reto del papel cero.

El articulo 162 de la LEC establece un mal sistema en las comunicaciones electrónicas con los abogados. Pero LexNet Abogacia intenta suplir los defectos de este sistema generando un sistema de avisos que mejora enormemente las notificaciones.

Lo hemos visto desde el primer momento, en las sesiones de formación que se han celebrado en los Colegios. Los compañeros felicitaban al personal del Consejo por el desarrollo de LexNet Abogacía ya que apreciaban la mejora que comportaba al régimen establecido en el artículo 162 de la LEC.

Los diferentes colegios están prestando una especial atención a los abogados jóvenes. ¿Qué puede hacer el CGAE que no haya hecho ya por ellos?

Pues seguir con lo que hemos hecho hasta ahora. Apoyar a la Confederación Española de Abogados Jóvenes, dándoles voz en las comisiones del Consejo y continuar con el proyecto de “Inicia Abogacía”, espacio web dedicado exclusivamente a ayudar a los jóvenes que se inician en el ejercicio de la profesión.

¿Qué le parece que las asociaciones de jueces pidan a la clase política un Pacto de Estado por la Justicia?, ¿se sumarían ustedes a esa iniciativa, teniendo en cuenta que el barómetro ciudadano que ustedes encargaron a Metroscopia decía lo mismo?

Debe ser una prioridad de la nueva legislatura. Por supuesto no sólo nos sumaríamos sino que deberíamos instar a todas las fuerzas políticas para que en el primer periodo de esta legislatura se formalizase.

¿Se atrevería a decir qué ha hecho bien el ministro saliente durante el último año y qué no debería haber hecho, porque ha perjudicado a los abogados?

Quizás lo mejor que ha hecho es recuperar el diálogo que estaba roto con el anterior ministro pero le ha faltado un mayor consenso en las reformas exprés, que deberían haberse consensuado con todos los operadores jurídicos al afectar a derechos fundamentales de los ciudadanos.

 

 

 

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