La Asociación de Fiscales considera «infundada» la denuncia de Jueces para la Democracia (JpD) que a acusa a la Fiscalía de las Palmas de filtrar a la prensa una investigación sobre la juez en excedencia y diputada por Podemos, Victoria Rosell.
JpD señalaba a través de un comunicado al fiscal jefe de Las Palmas de Gran Canaria, Guillermo García Panasco, y a la fiscal Evangelina Ríos como responsables de esa supuesta filtración, «únicamente ha podido proceder de la propia Fiscalía Provincial de Las Palmas», aseguraba.
Por ello, reclaman a la fiscal del Estado, Consuelo Madrigal, «la apertura de una investigación interna para que se aclaren los hechos referidos y se depuren las responsabilidades en las que pudieran haber incurrido»
Los hechos responden a la actuación de la Fiscalía Provincial de Las Palmas en la apertura de unas diligencias preprocesales por la actuación de la magistrada en excedencia Victoria Rosell (miembro de Jueces para la Democracia) sobre el supuesto retraso en la instrucción de causa contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.
En ese comunicado de JPD se indicaba que estaban estudiando emprender acciones legales contra el fiscal jefe Provincial Guillermo García-Panasco Morales y a la fiscal Evangelina Ríos, responsables de dicha investigación, por considerar que carecen de competencia para proceder contra Rosell disciplinariamente y, además, como responsables de la filtración de dicha investigación a los medios de comunicación.
Según la Asociación de Fiscales esta «infundada» acusación «provoca sorpresa y estupor», sobretodo por ser asociación de jueces «acostumbrados por su actividad jurisdiccional a no hacer afirmaciones gratuitas sin estar acompañadas de un fundamento probatorio».
«Su actuación ha estado presidida por un escrupuloso respeto al principio de legalidad y a las facultades que al Ministerio Fiscal confiere el artículo 5 del EOMF y la Circular 4/2013 de la FGE», ha dicho en un comunicado dicha asociación.
Por su parte,el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá no ha querido comentar la opinión de JpD, pero se ha dirigido a ésta para decirle que si considera que si los hechos que enuncia en su comunicado han, presente una querella porque estarían en su derecho a hacerlo.
De todos modos, le ha parecido «grave» que se acuse a miembros de la Fiscalía de ello y ha recordado que el deber de los fiscales es ser imparciales y defender la legalidad. Y ha asegurado que la Fiscalía «trabaja para mantener la legalidad» y, por ello, a Catalá le parece «bastante inverosímil» que se haya producido resa filtración.
DILIGENCIAS CONOCIDAS NO SÓLO POR LA FISCALÍA
De acuerdo a que ningún decreto o declaración ha aparecido en prensa, tal y como ha explicado, y que la información sobre estas diligencias no solo eran conocidas por la Fiscalía Provincial de Las Palmas, sino también por quien presentó la denuncia, «resulta evidente, por tanto, que no sólo la Fiscalía conocía de su existencia».
Asimismo, ha asegurado que «afirmar» que la Fiscalía ha llevado a cabo una filtración «es una afirmación injuriosa e intolerable a una institución presidida por principios constitucionales».
«En modo alguno se ha atentado contra el respeto a la independencia judicial, sino que en todo momento se ha actuado en el marco de una actuación impecable conforme a derecho», ha concluido. (CONFILEGAL/EP)
