El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha reiterado la orden de detención de 17 militares salvadoreños para poder pedir su extradición a España en relación con el asesinato de seis jesuitas españoles en el Salvador en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría.
El magistrado, que les atribuye ocho delitos de terrorismo y otro de lesa humanidad o contra el derecho de gente, ha adoptado esta decisión ante el «giro jurisdiccional» observado por las autoridades de El Salvador, que denegaron la entrega a España de los reclamados en agosto de 2011 y la autorizaron cuatro años más tarde.
La petición de detención y extradición a las autoridades españolas, que ha sido comunicada a Interpol, Sirene y la Dirección General de la Policía Nacional Civil de El Salvador, afecta, entre otros, al exministro de Defensa Nacional Rafael Humberto Larios y a los que eran viceministros de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano, y de Defensa Nacional, Juan Orlando Zepeda.
A iniciativa de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San José de la Compañía de Jesús de Valencia, el juez también reitera la petición de detención del general Juan Rafael Bustillo; los coroneles Francisco Elena, Joaquín Arnoldo Cerna, Óscar Alberto León y Carlos Mauricio Guzmán; y el teniente Héctor Ulises Cuenca.
Además, pide la entrega del director de la Escuela Militar ‘Capitán General Gerardo Barrios’, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, que dio la orden de cometer los asesinatos; y siete miembros del batallón ‘Atlacatl’, que los llevó a cabo: el teniente José Ricardo Espinoza, el subteniente Gonzalo Guevara, los cabos Óscar Mariano Amaya y Ángel Pérez Vásquez, los sargentos Antonio Ramiro Ávalos y Tomás Zárpate y el soldado José Alberto Sierra.
En mayo de 2011 el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también procesó jefe del Estado Mayor en el momento en que se produjeron los hechos, René Emilio Ponce; el comandante Carlos Camilo Hernández y el teniente René Yusshy Mendoza.
CAMBIO DE POSICIÓN DE EL SALVADOR
El 24 de agosto de 2011 la Corte Suprema de Justicia de El Salvador limitó el alcance de las órdenes de detención y extradición con código rojo solicitadas por el juez Velasco a la «búsqueda y localización de los procesados pero no a la captura de los mismos», por lo que ésta se denegó a las autoridades españolas.
Sin embargo, el 24 de agosto 2015 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano reconoció «el carácter que habilita a las notificaciones rojas para llevar a cabo la captura de las personas perseguidas por la ley«.
El pasado 30 de diciembre la Audiencia Nacional recibió un correo de la Procuradoría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador en los que manifestaba su disconformidad con la resolución inicial denegatoria dictada por la Corte Suprema de Justicia.
«DESARMADOS Y EN PIJAMA»
El juez detallaba en su auto de procesamiento que la muerte de los jesuitas se produjo en un contexto de «intensa polarización» entre el Gobierno militar y el Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN), en el cual los sacerdotes se erigieron como mediadores entre ambas partes para un «proceso de diálogo» y fueron acusados, en virtud de su afinidad con la teología de la liberación, de incitar a los campesinos a «una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin».
La decisión de acabar con la vida de Ellacuría y el resto de jesuitas, cinco de los cuales eran españoles, fue adoptada por un grupo de oficiales de élite denomina La Tandona y ejecutada por el coronel Benavides, que dio la orden a los miembros del batallón ‘Atlacatl’.
El asalto, que se llevó a cabo después de que los servicios de inteligencia alertaran de la supuesta presencia de un centenar de «terroristas» en la Universidad Centroamericana, se produjo cuando los sacerdotes, «algunos bastante mayores», estaban «desarmados» y se encontraban en «pijama», según confesó el sargento Antonio Ramiro Ávalos, alias ‘Satán’, que para participar en la operación tuvo que recordarse a sí mismo que estaban actuando contra «delincuentes» y eran sus «cerebros los que
importaban».
Éste relató cómo el comandante Espinoza preguntó al soldado Óscar Mariano Amaya Grimaldi por qué no disparaba a los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró y Segundo Montes, que yacían en el suelo. Además, ‘Satán’ mató a Amando López y Juan Ramón Moreno y dio la orden de acabar con la vida del salvadoreño Joaquín López , del ama de llaves, Julia Elba, y de su hija Celina Mariceth, que murieron «parcialmente abrazadas». Tras los crímenes, otro de los soldados, Guevara Cerritos, escribió una pintada en la pared para atribuir la matanza a la guerrilla: ‘El FMLN ejecutó a los enemigos espías. Victoria o Muerte».
El juez Velasco no llegó a imputar al expresidente Alfredo Cristiani a pesar de que la querella, presentada por una religiosa carmelita hermana de uno de los fallecidos, también se dirigía contra él. En su auto especifica que los jesuitas asesinados sólo fueron «unos de los al menos 75.000 civiles desarmados que murieron en esta guerra, que fue mucho más violenta que los conflictos de Chile y Argentina». (EP)
