Si un fiscal es moroso está por encima de la ley. Es lo que se desprende de la respuesta que el Juzgado de Primera Instancia de Pozuelo de Alarcón ha dado a la procuradora Esther Pérez-Cabezos, quien ha presentado una demanda contra uno de los fiscales destinados de la Audiencia Provincial de Madrid, por una factura impagada.
Tanto la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística, el Catastro, el Registro Civil, el Instituto Nacional de Estadística, el Servicio Público de Empleo Estatal la Policía como la Dirección General de Tráfico han contestado de la misma forma al requerimiento del Juzgado de conocer el domicilio del fiscal: “No se permite realizar consultas sobre otros funcionarios judiciales”.
La reclamación de la procuradora es por un servicio profesional prestado al fiscal en un asunto privado en el que fue demandado.
La procuradora Pérez-Cabezos, después de que la demanda fuera admitida a trámite por el Juzgado de Pozuelo, presentó ante el citado órgano judicial una petición de averiguación patrimonial que comprendía la determinación de su dirección y sus propiedades, así como los depósitos que pudiera tener en cuentas bancarias.
El objetivo final de esa petición era el de solicitar el embargo telemático de sus cuentas corrientes o de cualquier otro tipo de bien a fin de cobrar su deuda.
Este tipo de gestiones es muy común en España y se realizan a través del Punto Neutro Judicial, que gestiona el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el cual conecta los órganos judiciales con las instituciones citadas y los bancos.
Se hace diariamente en todos los Juzgados de España.
“La piedra angular de nuestro Estado de derecho es que todos somos iguales ante la ley, incluyendo al Fiscal que he demandado. Si es moroso sus datos tienen que aparecer, como los de cualquier ciudadano. No es, en absoluto, admisible la respuesta que todas esas instituciones han dado al Juzgado”, explica la procuradora Pérez-Cabezos.
El fiscal, al parecer, también le adeuda la minuta al abogado, con el que trabajó la procuradora, quien está estudiando presentar, por su parte, otra demanda.
Dos de las personas investigadas por esta vía han sido la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarín, que el próximo día 12 se sentarán en el banquillo de los acusados, junto con su marido, en el juicio por el caso Nóos.
De acuerdo con las informaciones recabadas por Confilegal, el letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Pozuelo ha cursado otra vez la misma petición al Punto Neutro Judicial y está a la espera de una nueva respuesta.
De ratificarse -que parece lo más probable- contravendría de forma flagrante el artículo 14 de la Constitución que dice que «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».
Tanto el CGPJ, gestor del Punto Neutro Judicial, como el Ministerio de Justicia tendrían que dar algún tipo de explicación sobre la existencia de este privilegio para los fiscales, que recuerda más al séptimo mandamiento de la novela satírica del novelista británico George Orwell, «Rebelión en la granja» – «Todos los animales son iguales, (sustituyamos aquí animales por ciudadanos) pero algunos animales son más iguales que otros»-, que a uno de los países más democráticos de la Unión Europea.
