La Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a 5 años de cárcel, de los que tres los cumplirán en prisión española para ser posteriormente expulsados del país, a una pareja de búlgaros que gastó 11.600 euros a cargo de tarjetas de crédito falsificadas y previamente clonadas.
Se trata de un hombre y una mujer sin antecedentes penales en España y en situación regular en el país, quienes han sido condenados por un delito continuado de falsificación de tarjetas de crédito en concurso con un delito continuado de estafa, y por un delito de pertenencia a grupo criminal.
Según los hechos declarados probados los acusados pertenecían a un grupo que en 2014 instaló dispositivos en el lector de tarjetas de varios cajeros automáticos de Pamplona, con los que clonaron los datos, lo que les permitió duplicar 21 tarjetas y extraer con ellas dinero en efectivo en cajeros en Vietnam, en operaciones con las que consiguieron 11.600 euros en total, a través del método conocido como “skimming» o “cloning”.
Las investigaciones permitieron identificar a estas dos personas y en el registro del domicilio de la mujer en Pamplona la policía se aprehendió de dos ordenadores, carcasas de cajeros automáticos y un capturador de vídeo, entre otros dispositivos que el análisis de los expertos asegura que servirían para fabricar una boca lectora capaz de copiar y almacenar las bandas magnéticas de tarjetas bancarias de usuarios.
«La instalación de dichos elementos permite copiar las numeraciones de tarjetas bancarias de los usuarios sin que éstos se percaten del hecho, estando todas las funciones operativas y no alterando el normal funcionamiento del cajero de la entidad. Asimismo, los capturadores de video están diseñados y acoplados a unas regletas que van adosadas al cajero de la entidad bancaria para poder capturar el código PIN de las tarjetas bancarias, con el fin de crear, posteriormente, una tarjeta funcional».
Por todo ello, reconocidos los hechos y abonados 11.600 euros por los acusados en pago de la responsabilidad civil, el tribunal condena a cada uno de ellos a cinco años de cárcel, de los que tres se cumplirán de forma efectiva en España, si bien los dos restantes se sustituyen por la expulsión del territorio nacional desde el 1 de septiembre de 2017, con prohibición de regreso durante 10 años.
