Imagen del juicio por el caso Malaya, que se celebró en la Audiencia Provincial de Málaga. EP.

Los principales condenados por la Malaya recurren en amparo ante el Constitucional

16 / 01 / 2016 12:25

Actualizado el 01 / 02 / 2016 10:43

Juan Antonio Roca, cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Málaga,  y otros condenados en el caso ‘Malaya’ han pedido amparo al Tribunal Constitucional. Consideran que en este proceso se han vulnerado sus derechos fundamentales. Sus representantes legales han presentado ya recursos contra la sentencia.

Hasta ahora son una quincena de condenados los que han presentado dicho recurso, entre ellos se encuentra la ex primera teniente de alcalde Isabel García Marcos y otros cinco exediles, así como Montserrat Corulla y empresarios como Carlos Sánchez o Jesús Ruiz Casado, de la promotora Aifos.

En sus escritos se reiteran las vulneraciones que ya se habían puesto de manifiesto en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo y, según su caso, en los incidentes de nulidad tramitados ante este último órgano, que fueron rechazados en su totalidad mediante un auto.

En el caso de los exconcejales, varios letrados han aludido en sus recursos de amparo al agravamiento de la pena que realizó el Supremo para el delito de cohecho, al cambiar el tipo delictivo. Además, algunas defensas han pedido al propio Constitucional la suspensión de la ejecución de la sentencia, ya iniciada por la Sala de la Audiencia de Málaga que juzgó el caso.

El Tribunal Supremo emitió el 29 de julio de 2015 su sentencia de casación, en la que confirmó la mayoría de las condenas dictadas por la Sección Primera de la Audiencia en octubre de 2013, aunque agravó alguna de las penas impuestas a instancias de la Fiscalía.

Posteriormente, rechazó los incidentes de nulidad y remitió a la Audiencia malagueña la causa.

En esos incidentes de nulidad, presentados en el Supremo, las defensas señalaban, entre otros argumentos, que se había producido vulneración de derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a la tutela judicial y a un proceso con todas las garantías, así como por haberse aplicado normas penales en redacción y que perjudican a los acusados.

EJECUCIÓN

La Sección Primera de la Audiencia de Málaga inició la pasada semana la ejecución de la sentencia del caso ‘Malaya’ y dio a 26 condenados un plazo de 10 días para ingresar en prisión. A otros 18 les requirió el pago de las multas y de las responsabilidades civiles acordadas en su día, tras lo que se decidirá sobre el ingreso o no en la cárcel.

Entre los condenados a los que se les ha instado a entrar en prisión, que tienen penas superiores a los dos años, se encuentra la exregidora marbellí Marisol Yagüe, García Marcos y otros 11 exediles, así como Pedro Román y empresarios como Carlos Sánchez o José Ávila Rojas.

De este grupo, sólo Roca, condenado a 17 años de cárcel, está en prisión.

En cuanto a los otros 18 condenados, con penas inferiores o igual a dos años, a los que se les ha requerido el pago de las multas, están el exalcalde Julián Muñoz -también en prisión-, el constructor Rafael Gómez ‘Sandokán’, los tres exreponsables de Aifos, el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes y el que fuera jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo, entre otros. EP.

Noticias relacionadas:

Opinión| Calumnias en Facebook: la STC 52/2026 y la respuesta penal

Opinión| La deliberación en el Constitucional de los recursos de amparo sobre el procés

Opinión| El Tribunal Constitucional ante la enfermedad mental y las garantías en los internamientos psiquiátricos

El Constitucional fija para el 22 de septiembre el inicio del debate sobre la amnistía a los condenados del ‘procés’

El Constitucional desestima también el recurso de García-Page contra la ley de Amnistía

El recurso de amparo no suspende el plazo para reclamar un error judicial ante el Supremo

Lo último en Tribunales

CEUTA

La Fiscalía eleva a 23 las agresiones sexuales durante la crisis migratoria de Ceuta

confederación hidrográfica(1)

El TSXG indemniza con 10.000 euros por daño moral a un ingeniero por los 22 años de temporalidad abusiva pese a lograr la fijeza

camaras despido

Multa de 4.000 euros a una empresa de estructuras por grabar las conversaciones de sus trabajadores para justificar un despido

responsable tratamiento responder

Un abogado no puede ignorar una petición de borrado de datos aunque esté de vacaciones

acoso sexual ceuta

«Ven a mi casa a limpiar y pruebas mi ducha»: un acoso que supuso despido e indemnización de 10.000 euros