El Supremo ha archivado la querella que el partido Soberanía y la Asociación El Defensor del Paciente presentaron contra el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, por financiar a cargo de los servicios médicos de Moncloa la asistencia de gran invalidez que necesita su padre.
El auto dado a conocer este martes, del que ha sido ponente el magistrado José Manuel Maza, rechaza que las meras informaciones periodísticas conocidas sobre estos hechos puedan ser tomadas como «indicios» que justifiquen la apertura de un procedimiento penal.
«En esas condiciones, no cabe hablar de un verdadero ejercicio de la acción penal, sino de la mera remisión al Tribunal de una serie de informaciones difundidas públicamente a través de medios de comunicación», señala el Supremo, que incide en la falta de valor de estos documentos si no son acompañados de «datos objetivos y accesibles de la realidad de lo sucedido en cuanto a la intervención de la persona querellada».
Y señala que el ejercicio de la acción penal por medio de querella exige que los hechos que en ella se precisan sean de propio conocimiento de la parte que la ejerce -sin que ello suceda en el supuesto que nos ocupa-.
Según el alto tribunal «no se ofrece en la querella ni en la denuncia elemento o principio de prueba que avale razonablemente la comisión de un hecho delictivo lo que ha de conducir a su inadmisión (art. 313 LECrm.) y abstenerse de todo procedimiento (art. 269 LEcrm.)»
Y para ello, recurre al auto de 7 de junio de 2010 (Causa Especial núm. 20602/2009, querella presentada contra un ex Ministro) donde se procedía a «la inadmisión de una querella cuando el querellante se limita a narrar unos hechos sustentados únicamente en una información periodística».
También sustenta esta decisión en el auto de 31 de mayo de 2011 (Causa Especial núm. 20080/2011, presentada contra un ex Presidente del Congreso), entre otros muchos, donde se señalaba que «la mera remisión al contenido de las informaciones supone que quien interpone la querella no asume como propia la imputación de tales hechos ni, por ello, las responsabilidades que podrían derivarse de una eventual falsedad»
Según las denuncias, Rajoy se estaría valiendo de su cargo de Presidente del Gobierno para financiar con cargo al dinero público los gastos personales de asistencia en «gran invalidez» a su padre, «en vez de pagarlas como todo hijo de vecino de su bolsillo personal o con cargo a los hermanos como es uso y costumbre en cualquier casa de español».
Añadían que dichas informaciones no habían sido desmentidas desde Moncloa sino que se aplicaban los criterios de los presidentes precedentes.
