La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha dictado una Instrucción en la que exige a los miembros de su departamento «la máxima diligencia y rigor técnico jurirídico» a la hora de despachar sus intervenciones en las denominadas cuestiones prejudiciales europeas.
Unas cuestiones que se plantean por un juez ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la existencia de dudas sobre la legalidad de la norma que deben aplicar en un caso concreto.
La presentación de este tipo de cuestiones ante instancias supranacionales tiene gran importancia jurídica y, recientemente ha permitido, por ejemplo, abrir las puertas a que los jueces españoles puedan paralizar desahucios.
Fue el juez José María Fernández Seijo, titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, quien en julio de 2011 una cuestión prejudicial ante el posible desahucio del ciudadano marroquí Mohamed Azid. Luxemburgo declaró finalmente el 14 de marzo de este año que la legislación española de desahucios es ilegal y abusiva. Ello permitió al juez declarar nulo el desahucio y anular la ejecución hipotecaria, un criterio que se han seguido en procedimientos similares en toda España.
Respecto a las cuestiones prejudiciales en general, Madrigal señala en su Instrucción, que tiene fecha del pasado 7 de enero, que el fiscal deberá emitir su dictamen para la defensa de derechos e intereses de los consumidores «aunque no se hubiera constituido con anterioridad como parte, siempre que aprecie interés social».
CONTROL DE LA FISCALÍA GENERAL
Añade que en estos asuntos, que según el documento al que ha tenido acceso Europa Press son de «extraordinaria trascendencia», nada impide al Ministerio Público tomar la iniciativa para plantear un cuestión en particular, si bien previamente «habrá de recabarse la conformidad de la Fiscalía General del Estado».
Además debe entenderse, según la Instrucción que deben seguir todos los fiscales españoles, que la presentación de una cuestión debe ir seguida de la suspensión del proceso ‘a quo’ a la espera de la ddecisióndel Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Las previsiones de esta Instrucción, concluye el documento de 21 folios que ha llegado ya a todas las Fiscalías, deben aplicarse a todos los procedimientos, incluso a los abiertos antes de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. (EP)
