«Operación Taula»: Anticorrupción sacude al PP valenciano
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27/1/2016 06:50
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Actualizado: 01/2/2016 12:49
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Anticorrupción desarrolló este martes en varios puntos de la Comunidad Valenciana la «operación Taula«, que se ha saldó con la detención de 24 personas, entre ellas el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus y la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento María José Alcón.
Precisamente, Alcón, la única detenida que pasó ayer a disposición judicial, se encuentra en libertad bajo fianza. Aunque el juez ha acordado el embargo de bienes como medida cautelar. La ex concejal del Ayuntamiento de Valencia queda imputada (investigada) en las diligencias abiertas.
El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que instruye el «el caso Imelsa», ha coordinado una operación contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad en dichas administraciones o en empresas públicas vinculadas a las mismas y de su potestad en materia de contratación para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
En esta operación, los agentes de la Guardia Civil también han detenido al exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada Juan José Medina; al ex jefe de sección de Evaluación y Planificación de la corporación provincial Salvador Deusa; el exalcalde de Genovés Emilio Llopis; la secretaria del grupo municipal del PP en el consistorio valenciano María del Carmen García Fuster; y el exgerente de la Fundació Jaume II El Just, Vicente Burgos –exmarido de Alcón–, el exdiputado del PP en las Corts y ex secretario autonómico de Deporte David Serra; y el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla.
Además, se han arrestado a 13 empresarios, a dos arquitectos y a un extrabajador del Ayuntamiento de Valencia –personal de confianza del grupo ‘popular’–, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Los detenidos comenzarán a pasar a disposición del juzgado en próximas horas.
En la ‘Operación Taula’ hay 29 investigados –imputados antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)–, entre ellos, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia Alfonso Novo y el asesor municipal de este partido Luis Salom. Ambos han sido citados a declarar este miércoles en el juzgado.
33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunidad Valenciana
Esta operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, en coordinación con dos de los tres fiscales Anticorrupción de Valencia, Vicente Torres y Pablo Ponce, ha contado además con 33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunidad Valenciana.
Se han registrado domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas (entre ellas la empresa pública CIEGSA) y fundaciones (entre ellas la Fundación Jaume II), la sede de un equipo de fútbol (Club Deportivo Olimpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente) y la sede del Grupo Municipal del Partido Popular en Valencia.
Además, se han embargado 150 vehículos de alta gama y bloqueado 252 cuentas corrientes.
Esta operación parte de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de Diputación, cuyo director gerente era Marcos Benavent.
La práctica de distintas diligencias permitió descubrir que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia incial. El trabajo de la UCO bajo la dirección del fiscal del caso concluyó en la presentación de una querella que por turno de reparto cayó en Instrucción 18 el pasado mes de marzo.
En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
La operación sigue abierta y la causa continúa secreta.
El PP abre expediente a todos los militantes detenidos
Por su parte, el PP valenciano ha decidido abrir expediente a todos los militantes detenidos e investigados hoy y la suspensión cautelar de militancia de todos ellos, así como la destitución «inmediata» de todos los cargos orgánicos que desempeñan los detenidos, sin citar a nadie en concreto, y su cese en cualquier tipo de actividad relacionada con esta formación política.
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