El grupo socialista en la Asamblea de la Comunidad de Madrid (CAM) ha presentado una proposición no de ley ante la Comisión de Presidencia, Justicia y Portavocía pidiendo la suspensión de la entrada en vigor de Lexnet hasta que no se dispongan de los medios necesarios para «su adecuada puesta en funcionamiento».
La proposición no de ley está impulsada por la diputada regional -y magistrada en servicios especiales-, Pilar Llop.
La Comunidad Autónoma de Madrid es una de las 12 Comunidades Autónomas -de las 17 existentes- que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia. Todos los recursos materiales, incluyendo los informáticos, los cuales tienen que hacer posible la comunicación con Lexnet -aplicación del Ministerio de Justicia-, dependen del Gobierno regional.
Por ello, en la proposición no de ley se insta al Consejo de Gobierno de la CAM a «que dote, en el plazo de 6 meses, prorrogable, a los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid de los medios materiales (incluido que se dote de tarjeta criptográfica a todos los funcionarios y acceso a la plataforma) y personales adecuados para que pueda aplicarse de manera eficiente el sistema Lexnet».
«Que garantice la adecuada formación para el uso de Lexnet a los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia», y que «se inste al Gobierno de la Nación a que adopte de manera urgente cuantas medidas y disposiciones resulten necesarias para la suspensión inmediata o moratoria de la obligatoriedad para los profesionales de la justicia del uso de Lexnet, abriendo un periodo transitorio de, al menos, seis meses para que este sistema de comunicación digital se implante con las ‘garantías adecuadas’ en todos los órganos judiciales», dice la proposición no de ley.
Por último, los socialistas madrileños le piden al Gobierno central a que inicie un diálogo con todas las partes implicadas para que expresen su opinión y realicen sugerencias para la mejora de la aplicación del sistema Lexnet.
LA CAM NO HA HECHO SUS DEBERES CON LEXNET
Ayer Sonia Gumpert, decana del Colegio de Abogados, afirmó que la implantación del «papel cero» en Madrid no está funcionando como debería funcionar porque la Comunidad de Madrid «no ha hecho los deberes».
Gumpert recordó que la «implantación del sistema es obligatorio desde el 1 de enero». «Desde que conocimos que este sistema se iba a implantar trabajamos para que esto fuera posible para la Abogacía. Y la abogacía madrileña ha estado allí el 1 del 1, dispuesta, formada y con los aparatos necesarios para poder acceder».
«Nosotros hemos partido de que como nos decía la Comunidad ellos iban a estar preparados y ellos no lo han estado».
Por eso, «exigimos que el sistema funcione. Que se pongan los medios necesarios para evitar que esto no sea una carga mayor de trabajo para los abogados y las abogadas como está siendo», concluyó Gumpert.
