El Tribunal Supremo ha rebajado de seis a tres años de prisión la pena impuesta al cerebro del caso Malaya y exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, por un delito de malversación de caudales públicos continuado en el caso Saqueo II.
No obstante, el Supremo mantiene la responsabilidad civil de 37 millones de euros que Roca tendrá que abonar de forma solidaria junto a otros condenados. El caso tuvo su origen un informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal del Grupo Independiente Liberal (GIL), de Jesús Gil, entre los años 1991 y 1999.
La resolución del alto tribunal, que se extiende a lo largo de 240 páginas y cuenta con un voto particular, ha sido dada a conocer este viernes y en ella se estiman parcialmente los recursos de casación presentados por Roca y otros catorce condenados inicialmente, entre ellos al ex alcalde Julián Muñoz, que ve reducida en un año su condena de seis por los mismos delitos
Además, el alto tribunal absuelve a el empleado del Ayuntamiento de Marbella y director del Centro de Orientación Psicosocial y Familiar José Antonio Andrade y al exconcejal Antonio Romero por falta de pruebas.
La nueva sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo modifica la de la Audiencia Nacional en tres cuestiones: la fijación de las penas -que son inferiores a las impuestas en varios de los condenados-, la absolución de los ya citados por falta de prueba y por prescripción del delito y la modificación de la responsabilidad civil fijada en la misma respecto a otros dos encausados.
REBAJAS DE PENA
Las rebajas de la pena de prisión acordadas también afectan a Pedro Román Zurdo, Modesto Francisco de Asís y María Pedoria Cruz-Conde, cuyas condenas pasan igualmente de 6 a 5 años por el mismo delito continuado de malversación.
La pena a cumplir se queda en año y medio de prisión para Carlos Monteverde y de tres meses para Juan Manuel Blanco; mientras que para Francisco José Alarcón Echevarría y Juan Manuel Blanco Navarro la condena se queda en un año de cárcel y en cuatro para para Antonio Calleja, María Luisa Alcalá Duarte y María Dolores Zurdo
La sentencia explica que las nuevas penas son respetuosas con el principio de proporcionalidad, adecuadas a la gravedad de los hechos y al grado de culpabilidad, y tienen en cuenta la anterior condena que les fue impuesta por el mismo delito -malversación continuada de caudales públicos- en el caso Saqueo I. Sobre este último aspecto, señala que las distintas acciones podrían haberse enjuiciado como un único delito continuado en un único juicio.
La Sala de lo Penal explica que los condenados son alcaldes, concejales del Ayuntamiento de Marbella y gerentes de empresas públicas municipales que se utilizaron para a través de ellas, desviar fondos públicos municipales a otras finalidades privadas. (EP)
