La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha denunciado la falta de medios y la contratación de «personal profano o escasamente cualificado», en alusión al alto número de interinos en la carrera tras la entrada en vigor de la «extravagante» Ley de Enjuiciamiento Criminal que, entre otras medidas, estableció plazos en las instrucciones judiciales.
Desde la UPF insisten en asegurar a través de un comunicado que desde la «asociación seguimos insistiendo en que los fiscales no podemos garantizar un control efectivo de todos y cada uno de los procedimientos penales ante la carencia de herramientas informáticas automatizadas y, lo que incluso resulta más preocupante, la ausencia de unos criterios uniformes de la Fiscalía General del Estado que permitan una actuación homogénea en todas las Fiscalías».
Denuncian que se encuentran inmersos «en una suerte de enloquecedora revisión generalizada de todas las causas penales en trámite».
La asociación considera insuficiente la dotación provisional a la Fiscalía de ochenta plazas de personal interino al entender que se pretendía trasladar la falsa creencia de con este refuerzo se corregían las deficiencias de un sistema de plazos con un «abrumador rechazo«.
Es más, sostienen que «esa dotación de medios personales no ha resuelto el problema generado por una extravagante reforma legal, y es que en muchos casos las Fiscalías han debido acudir a la contratación de personal interino profano o escasamente cualificado para el ejercicio de las funciones diarias de un fiscal».
E inciden en criticar al Ministerio de Justicia por la supresión del sistema de sustituciones externas, que juzgan «a todas luces imprescindible».
Además, consideran que tampoco está resuelto «el problema en el caso de bajas, licencias, permisos, vacaciones o cambios de lote de trabajo de los fiscales titulares, cuya sola y única voluntariedad e inversión de tiempo no remunerado colma las nuevas exigencias legales y suple las endémicas carencias de nuestra carrera».
Asimismo, desde la Unión Progresista de Fiscales censuran el tratamiento dispensado a los fiscales por el Ministerio de Justicia. «En lugar de tratar al Ministerio Fiscal como un órgano con personalidad jurídica propia integrado en el Poder Judicial con autonomía funcional, nos confunde con un cuerpo de la Administración General del Estado«, censuran. En este sentido, han criticado que se «someta a las fiscalías agraciadas» con la provisión de personal de refuerzo «a un control mensual de los procedimientos penales revisados con una absurda inspección de kilometraje».
