El Banco de España alertó de que el vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato comenzó a recibir, a partir del año 2012, «importantes transferencias de dinero», que ascienden a al menos siete millones de euros, desde cuentas corrientes situadas en seis paraísos fiscales.
Así consta en el sumario de la causa en la que se investigan irregularidades en el patrimonio del que fuera presidente de Bankia, al que ha tenido acceso Europa Press.
La denuncia original de la Fiscalía detalla que Rato recibió, en concreto, 1.518.017 euros en 2012 y 1.259.305 en 2013, procedentes de «cuentas corrientes en las que tenía poder de disposición» en Suiza, Gibraltar, Luxemburgo, Irlanda, Estados Unidos y Dominica.
Además, la empresa que las investigaciones sitúan en el centro de la compleja trama societaria y de la que Rato es responsable último, Kradonara, percibió también transferencias desde el extranjero por importe de 4,6 millones de euros. En concreto Kradonara ingresó 1,7 millones en 2011, con origen Gibraltar, 1,4 millones en 2013 desde el Reino Unido y Luxemburgo y 1,5 en 2013, desde los mismos países.
DEFRAUDACIÓN DE 2,4 MILLONES
La Fiscalía calcula que el expresidente del Fondo Monetario Internacional ocultó estos ingresos a Hacienda y defraudó una cantidad de al menos 2,46 millones.
Además de no declarar los ingresos percibidos desde los paraísos fiscales, Rato también ocultó al fisco el dinero percibido por los servicios profesionales de asesoramiento prestados a Telefónica –que ascendieron a 307.627 euros– y que le fueron facturados a través de Kradonara.
La documentación incluida en el sumario desvela que la alerta dada por el Banco de España desembocó en la elaboración de un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), en el que se detectaban siete riesgos fiscales.
Según declaró su inspectora jefa, Margarita García Valdecasas, ante el titular del Juzgado 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, el departamento dependiente del Ministerio de Hacienda decidió realizar «una denuncia temprana» al Ministerio Público sobre estos hechos, al considerar que Rato «podría estar cometiendo un delito económico».
García Valdecasas precisó ante el magistrado que la investigación se inició «aproximadamente sobre el 2011 o 2012, por orden suya, tras comprobar la existencia de numerosas «operaciones cruzadas entre sociedades vinculadas» a Rato y detectar «movimientos que no tienen lógica mercantil.
Los abundantes datos sobre irregularidades desembocaron en la operación desarrollada en abril de 2015, en la que fue detenido. Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera registraron, además, su domicilio particular y varios de sus despachos. El exvicepresidente del Gobierno declara este viernes ante el magistrado por tercera vez en relación con este caso. (EP)
