El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, se ha mostrado así de contundente ante las declaraciones efectuadas ayer por el ministro del Interior donde ponía en duda la imparcialidad de los jueces, al afirmar que no es casual que salgan a la luz en estos momentos tantos casos de corrupción que afectan a su partido. E insinuaba que desde el ámbito judicial habría algún tipo de interés en desprestigiar a su formación política.
Ante estas afirmaciones el portavoz de Jueces para la Democracia, asegura que «el ministro del Interior se sitúa fuera de la Constitución al cuestionar a los jueces». Y le recuerda que «vivimos en un Estado de Derecho, con separación de poderes y en el que existe independencia judicial. Ya no estamos en aquellos tiempos en los que los magistrados estaban al servicio del poder político».
Joaquim Bosch, que ha mostrado su absoluto rechazo a las declaraciones del ministro Jorge Fernández Díaz, porque es una «falta de respeto institucional y una grave irresponsabilidad», «descalificar la importante labor judicial». Y más cunado las realiza «un miembro del Gobierno, que es el máximo responsable de las fuerzas de seguridad, se dedique a erosionar la legitimidad de nuestras instituciones».
Bosch, ha recordado al ministro que «en una democracia constitucional nadie está por encima de la ley. Y tampoco lo están los políticos. Por ello, los jueces estamos obligados a aplicar el ordenamiento jurídico cuando se detectan indicios de delito en los que pueden estar implicados cargos públicos en relación con las tramas corruptas».
El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD) ha insistido en que «los jueces en nuestro país actúan de manera independiente e imparcial. Y acuerdan detenciones, registros o intervenciones telefónicas cuando se cumplen los requisitos legales y concurren suficientes indicios de delitos». Además, no es cierto que se haya producido una acumulación injustificada en estos días de casos vinculados a la corrupción. Cualquier ciudadano sabe que ya hace bastante tiempo que existen numerosos procedimientos que afectan a tramas corruptas, con cifras que se aproximan a las 2.000 personas investigadas por estos delitos. Y es lógico que el avance de las investigaciones lleve a nuevas diligencias.
Por último, desde JpD, subrayan «la gravedad de los hechos investigados, en los que se intenta aclarar si determinadas tramas corruptas se han apropiado de elevadas cantidades económicas de toda la sociedad, con la colaboración de cargos políticos». Y concluyen que «ante estas situaciones el poder judicial no puede mirar hacia otro lado».
