El juez Álvaro Martín ha citado a declarar en calidad de investigados, antes imputados, el próximo día 16 de marzo a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán dentro de la pieza del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que el juez que instruye las seis primeras piezas del caso ERE ha citado a declarar el próximo día 16 de marzo a los dos expresidentes de la Junta en calidad de investigados –lo que antes se conocía como imputados–, tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción.
El próximo 16 de marzo también ha sido citado el exconsejero andaluz de Empleo José Antonio Viera.
De igual modo, el juez de refuerzo Álvaro Martín cita a declarar el día 30 de marzo a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, que comparecerá a las 10,00 horas; al exconsejero de Economía, Innovación y Ciencia Antonio Ávila, que hará lo propio a las 11,00 horas, y al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, que cerrará las comparecencias a las 12,00 horas.
El juez atiende así la petición realizada por el Ministerio Público el pasado día 26 de enero al considerar «necesario» que sean oídas en calidad de investigadas «aquellas personas que hasta el dictado» del auto de 17 de noviembre de 2015 donde la juez María Núñez Bolaños abrió esta pieza separada «no habían sido oídas» en el seno del caso ERE.
DERECHO DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE IGUALDAD DE LAS PARTES
Y todo ello, según expone el juez en esta providencia notificada este lunes a las partes personadas en el procedimiento, «conforme el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y para garantizar suficientemente como ya se ha expuesto anteriormente su derecho de defensa y el principio de igualdad de las partes ante el proceso».
Hay que recordar que, dentro de la pieza separada relativa al procedimiento específico, la juez Núñez incluyó a 52 ex altos cargos de la Junta. No obstante, la pieza ya solo afecta a 51 personas tras el fallecimiento del ex director general del antiguo IFA Francisco Mencía Morales.
Entre estos 51 ex altos cargos, se encuentran todos los que fueron aforados en el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), instancias judiciales que devolvieron la causa al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla después de que los ahora citados a declarar perdieran dicha condición de aforados como diputados o senadores.
PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA
Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, dada su entonces condición de aforados, declararon en abril de 2015 ante el Tribunal Supremo, que el 25 de junio de ese mismo año acordó proceder contra ambos al estimar que existían indicios de que pudieron incurrir en un delito de prevaricación administrativa.
Ya en octubre de 2015, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se declaró incompetente para seguir investigando la causa por los ERE fraudulentos en Andalucía referida a la implicación de Chaves, Griñán, Viera y Zarrías y remitió las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
La decisión se adoptó tras recibirse comunicación del Congreso de los Diputados sobre la renuncia al escaño del exconsejero José Antonio Viera, lo que dejaba la causa sin aforados ya que anteriormente habían dejado de ser parlamentarios tanto Griñán como Chaves y el cuarto investigado, el exconsejero Gaspar Zarrías.
Tras comparecer en el Supremo el 14 de abril de 2015, Chaves fue tajante cuanto atendió a los medios de comunicación allí congregados: «Durante el tiempo en el que yo he sido presidente de la Junta, los 19 años, nunca jamás se ha adoptado ninguna decisión ilegal, nunca, ni se ha conocido ni se ha mantenido ni se ha impulsado ninguna ilegalidad», dijo.
«NO HUBO UN GRAN PLAN PERO SÍ UN GRAN FRAUDE»
«Lo que he hecho siempre a través de mi trayectoria política como presidente de la Junta de Andalucía, como ministro y como vicepresidente del Gobierno, cualquier decisión política o normativa que he tomado, la he tomado siempre basada en la legalidad y con todos los trámites e informes necesarios», subrayó.
De su lado, José Antonio Griñán, que compareció ante el Tribunal Supremo el día 9 de abril de 2015, manifestó al término de su declaración que no hubo «un gran plan (para defraudar) pero sí hubo un gran fraude» y eso significa que «alguno de los controles pudo fallar». (EP)
