El magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral, que investiga a la diputada y exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) María José Garcia Pelayo por contratos firmados con empresas de la trama ‘gürtel’, interrogará este lunes a tres testigos que trabajaban en el Ayuntamiento a la hora de firmarse dichos contratos.
A partir de las 10.30 horas están citado Bernardo Villar de la Luz, que fue teniente de alcalde y delegado de Promoción Ciudadana de Jerez, y los trabajadores del Gabinete Técnico de la Presidencia de la Alcaldía María Antonia Prado Peinado y José Antonio Repeto González, han informado fuentes jurídicas.
Durante su declaración como investigada el pasado 22 de febrero ante el Tribunal Supremo, García Pelayo negó que ella firmara los contratos realizados para Fitur 2004 que fueron cerrados por el consistorio con empresas de la trama «Gürtel» por importe de 355.000 euros. Se limitó a señalar a las puertas del Supremo que como «todos saben» los alcaldes no firman los expedientes.
García Pelayo, que fue imputada en la causa cuando era senadora, había sido citada en calidad de investigada –figura que sustituye a la de imputada tras la reforma de la LeCrim-, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público.
El alto tribunal abrió causa contra García Pelayo dada su condición de aforada en relación con determinados contratos administrativos realizados para Fitur 2004 cerrados por el consistorio a empresas de la trama Gürtel como Special Events y Down Town.
García Pelayo concurrió como número dos a la cámara baja por Cádiz, donde los populares han obtenido tres escaños. Era senadora del PP en la pasada legislatura, por lo que mantiene el fuero del que ya disfrutaba.
INDICIOS TRASCENDENTES
La Sala de lo Penal del alto tribunal advirtió de «la trascendencia de los indicios» recogidos por el instructor del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en la exposición razonada remitida. La Fiscalía también informó a favor de la apertura de las investigaciones.
El juez instructor de la Audiencia Nacional atribuyó a la exalcaldesa jerezana la «consciente adopción» de resoluciones sobre la participación del Ayuntamiento de Jerez en Fitur 2004 como la aprobación de pliegos de condiciones de concursos para adjudicar contratos sin tener competencia para ello.
«Sería la propia imputada –señalaba el auto de la Audiencia Nacional en referencia a la exedil–, la que habría ordenado la confección de los expedientes después de la ejecución de los servicios por las adjudicatarias, a la que hizo el encargo sin condición alguna». Después presuntamente dictó las nuevas resoluciones necesarias para que se llevaran a cabo los pagos.
Concluía que la valoración jurídica de los «hechos posibles» atribuidos a la aforada son susceptibles de ser calificados como constitutivos de un delito de prevaricación continuada y otro de falsedad en documento público. (EP)
