Cuatro exsocios de la auditora y consultora PricewaterhouseCoopers (PWC) han aceptado penas de entre 3 y 6 meses de cárcel y pagar 37 millones de euros por seis delitos fiscales cometidos en la venta del negocio de consultoría de sistemas a IBM en 2002.
Los condenados son Miguel Fernández de Pinedo, expresidente de PwC y exadministrador único de la firma, César Rodríguez Ramos, y José María Tajadura, exadministradores solidarios de PwC Consulting y Miguel Cruz, exresponsable de los Servicios Fiscales de Landwell durante la comisión de los hechos, entre los años 2002 y 2003.
Es el segundo revés que recibe la imagen de la multinacional auditora desde los tribunales españoles en menos de 15 días.
El pasado mes de marzo, PwC fue condenada por el Tribunal Supremo a pagar más de dos millones de euros al empresario Félix Santiago Meilán por un mal asesoramiento fiscal y contable.
Según la Fiscalía Anticorrupción, esta «sentencia supone la primera condena en Europa y en España de este tipo de fraude fiscal, asociado a la utilización abusiva del Régimen Especial de Fusiones y Escisiones, aportaciones de activos y canjes de valroes y derivada de la clásuula antiabuso contenida en la regulación del mismo».
Al haber habido conformidad entre las partes no se ha celebrado juicio.
Los abogados de los cuatro exdirectivos de PwC han pactado la condena con la Fiscalía Anticorrupción y con la Abogacía del Estado, que representaba a la Agencia Tributaria.
El magistrado José María Vázquel Honrubia, titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha elaborado la sentencia con estos parámetros.
Los condenados han admitido, con ello, haber cometido seis delitos contra la Hacienda Pública y haber defraudado 17.153.250,36 euros. A esa cantidad hay que añadir 11 millones de intereses y 9 millones más por las multas consiguientes. Total, 37.153.250,36 euros.
Los tributos objeto de defraudación son el Impuesto de Sociedades de PwC, S.L, omisión de las retenciones de IRPF de las sociedades PwC Jurídico y Fiscal, S.L., PwC Asesores de Negocios, S.Ll, PwC Auditores, S.L, y la antigua PwC Consulting, S.L., y un delito contra la Hacineda Pública en relación con el IRPF del expresidente de la entidad, según informa la Fiscalía Anticorrupción.
Los cuatro exsocios, que dejaron de serlo hace más de ocho años, habían venido sosteniendo hasta ahora que la operación había sido totalmente transparente y ajustada a Derecho y que tributaron correctamente por ella. Y lo siguen pensando, pero consideran que mantener abierto el proceso judicial durante más años es perjudicial para ellos y para la imagen de la firma a la que pertenecieron.
Al no tener antecedentes penales, las penas de cárcel quedarán en suspenso, no así los 37 millones de euros, a los que tendrán que hacer frente.
ANTECEDENTES
El caso se remonta al año 2002, cuando PwC vendió su división de consultoría de sistemas en todo el mundo a IBM.
En 2008, la Fiscalía Anticorrupción acusó a varios exsocios de la PwC España de haber realizado un proceso de reestructuración ficticio para acogerse a las ventajas fiscales contempladas en el Régimen Especial Fiscal del Impuesto sobre Sociedades para este tipo de operaciones.
La Fiscalía les acusó también de que una parte del importe de la venta, 21 millones de euros, que los socios habían recibido por adelantado, debería haberse declarado como rendimientos del trabajo y no como incremento de patrimonio. Finalmente, la sentencia reconoce que fueron rendimientos del trabajo irregulares.
Los exsocios de PwC afirmaron que la reestructuración fue una operación real, efectiva y transparente, que cumplió con todas las exigencias legales, y que fue comunicada a las autoridades fiscales sin que ninguna de ellas pusiera reparos.
Esa estructura es la que está vigente actualmente.
Los exsocios también afirmaron que letrados, expertos independientes y académicos del máximo prestigio respaldaron que la reestructuración se llevó a cabo de forma totalmente correcta.
En cuanto a la segunda acusación, los exsocios señalaron que el pago estaba vinculado a la segregación de la práctica de consultoría de sistemas y su posterior venta a IBM y, como tal, los importes recibidos por los exsocios se declararon y tributaron como incremento de patrimonio y no como rendimientos del trabajo, ya que no estaban relacionados con los servicios laborales prestados.
«La sentencia sanciona la utilización de las escisiones-venta con finalidad defraudatoria. Estas actuaciones constituyen un fraude a la Hacienda Pública basado en el abuso de formas jurídicas y en la utilización de negocios simulados y otras categorías de negocios anómalos», dice la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado.
PwC DICE SENTIRSE SATISFECHA
El nuevo equipo de dirección de PwC España ha expresado su «satisfacción» por el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y cuatro exsocios de la firma y que pone fin a un proceso judicial referido a unos hechos que tuvieron lugar hace 14 años.
«Esta decisión nos permitirá centrar aún más toda nuestra atención en prestar el mejor servicio posible a nuestros clientes», informaron fuentes de PwC. CONFILEGAL/EP.
