El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha fijado una fianza de 600.000 euros para el que fuera director general de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), Arcadio Mateo, para salir de la cárcel en la que se encuentra desde el pasado 20 de enero por presuntos delitos de fraude, falsedad y prevaricación en la adjudicación de obras públicas.
Arcadio Mateo, a quien el Gobierno cesó el 19 de enero por «pérdida de confianza» y la «alarma social» causada a raíz de la operación ‘Frontino’, carece de medios económicos suficientes para depositar la caución impuesta por Velasco, por lo que no es previsible que salga en las próximas fechas de prisión, según las fuentes consultadas.
El magistrado decretó el pasado enero el ingreso en prisión incondicional de Arcadio Mateo y su directora de Ingeniería, Gabriela Mañueco, que también fue destituida un día antes por el Consejo de Administración de la sociedad de aguas, según explicó el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra.
El instructor imputa a los trece detenidos en la ‘operación Frontino’ la comisión de presuntos de delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, maquinación para alterar el precio de los concursos públicos, falsedad, tráfico de influencias y cohecho, en relación con adjudicaciones tramitadas por este organismo.
Entre los investigados, también se encuentran el responsable de contratación de Acuamed, Francisco Javier Gómez Pastor; el responsable de proyectos en Valencia de esta empresa, Pablo Martín; y el presidente de Altyum, Nicolás Steegman.
La operación ‘Frontino’ se dirigió también contra tres cargos de FCC, el presidente de la división de Construcción, Miguel Jurado (en libertad tras pagar una fianza de 50.000 euros), el directivo Santiago Farré (20.000) y el ingeniero Miguel Roset (20.000).
Además, quedaron en libertad el director de Infraestructuras en España de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente (50.000); el director de proyectos de Altyum, José Ramón González (12.000); el presidente de Pipeline, Manuel Moreno (12.000); el delegado en Alicante de Altyum, Javier Delgado López (20.000) y el ingeniero David José Blanca (20.000).
CONTRATOS INVESTIGADOS
El juez investiga la adjudicación fraudulenta por parte de la empresa estatal Acuamed de obras a una decena de empresas, entre ellas FCC y Acciona, y la falsificación de certificaciones y liquidaciones dirigida a aumentar significativamente las cantidades que recibieron las adjudicatarias de contratos del organismo.
En concreto, la investigación se centra en seis contratos sospechosos que afectan al acondicionamiento del río Serpis, las obras de laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera y el refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable para los municipios de El Campello y Mutxamel.
También están afectadas otras tres licitaciones relacionadas con las obras del frente marítimo de Torrevieja relacionadas con la desalinización, otro proyecto de la desaladora del bajo Almanzora y la limpieza y descontaminación del embalse de Flix. (EP)
