La Policía Nacional ha detenido este miércoles a cuatro personas en una operación contra un despacho de abogados Nummaria de Madrid que habría facilitado la comisión de un presunto fraude fiscal de más de 15 millones de euros y diseñado estructuras opacas internacionales de las que se beneficiaban sus clientes, el propio despacho y sus profesionales.
En la operación City, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y por la Fiscalía Anticorrupción, se han registrado la sede que el conglomerado Nummaria, donde se ubican las oficinas centrales, y otras distribuidas por la capital.
El grupo Nummaria, situado en la calle de Juan Bravo, se anuncia en su propia página web como un bufete «multidisciplinar» que ofrece de forma coordinada «todos los servicios que pueda necesitar cualquier empresa».
En esta operación, los agentes han detenido a cuatro personas –profesionales de la abogacía y asesoramiento fiscal– relacionadas con los hechos y se han incautado de documentación, a raíz de este procedimiento que ha sido declarado secreto y ha sido incoado tras una querella formulada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, por los delitos de insolvencia punible, blanqueo de capitales y delitos fiscales.
A los detenidos se les atribuyen delitos de insolvencia punible (alzamiento de bienes), blanqueo de capitales y delitos fiscales.
Las investigaciones se han centrado en torno a la actividad de este bufete de abogados de Madrid, que presuntamente habría diseñado y comercializado para sus clientes estructuras societarias opacas al fisco con el fin de defraudar a la Hacienda Pública española. Es decir, que Nummaria se había dedicado a crear firmas ‘offshore’.
El procedimiento, sobre el que se ha decretado el secreto de sumario, parte de una querella formulada por la Fiscalía Anticorrupción a partir de las pesquisas llevadas a cabo durante varios meses por la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria.
Según informa la Fiscalía, a través de un comunicado, las referidas estructuras societarias, que poseen también un ámbito internacional que abarca a varias jurisdicciones fiscales, han permitido crear en favor de los clientes del despacho de abogados (e incluso en favor del propio bufete y sus profesionales) un esquema de opacidad que ha llevado, entre otros fraudes, a la ocultación de la titularidad de rentas y patrimonios que de otra forma hubieran tributado ante la Hacienda Pública española.
