El fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Klink, y el fiscal provincial de Madrid, Jose Javier Polo
La Fiscalía de Madrid pide el sobreseimiento de la causa contra dos periodistas de ABC
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09/5/2016 13:40
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Actualizado: 09/5/2016 13:43
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La Fiscalía de Madrid ha solicitado que se acuerde el sobreseimiento provisional de la causa contra los periodista del diario ABC, Pablo Muñoz y Cruz Morcillo, para quienes inicialmente pedía dos años y medio de prisión por revelación de secretos, al no ser los hechos constitutivos de delito.
En una nota informativa firmada por el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, la Fiscalía Provincial informa de que en relación con esta causa del Juzgado de Instrucción número 53 de la capital el Ministerio Público «ha reconsiderado su postura y ha informado a favor de la estimación del recurso de apelación interpuesto contra el auto de incoación de procedimiento abreviado». Y solicita «que se acuerde el sobreseimiento provisional de la causa, al no ser los hechos constitutivos de delito».
En un principio, el fiscal de Madrid Julián Salto solicitó dos años y medio de prisión para los periodistas acusados de un delito de revelación de secretos por publicar, el 11 de julio de 2014 una noticia titulada «Bárcenas a un capo de la Camorra: política y mafia son lo mismo«, el contenido de una grabación en la que un camorrista relata una conversación con Luis Bárcenas en la que éste le habría dicho, entre otras cosas, que la «mafia y la política son lo mismo».
El pasado 25 de abril, tras conocerse esta petición, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, aseguró que el Ministerio Público actuaría en defensa del derecho de los periodistas «a la libre emisión» de información veraz en asuntos de interés público.
En todo momento, los periodistas han contado el apoyo de la Asociación de la Prensa de Madrid, la FAPE, Reporteros sin Fronteras, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), policías, guardias civiles, profesionales del Derecho y de un gran número de compañeros de todos los medios mostraron su incredulidad, rechazo y condena de esa petición de condena de la Fiscalía, que de salir adelante afectaría al derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la Constitución.
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