El Tribunal de Cuentas ha condenado al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, por causar un perjuicio económico de 393.000 euros a las arcas públicas, al firmar un contrato para el alquiler de unas oficinas a un precio considerado muy superior al de mercado.
Ambos dirigentes han sido condenados por su «responsabilidad contable» en este caso, junto al resto de representantes de la Corporación, firmaron con el empresario Gonzálo Antón un contrato público alquilar unas oficinas.
Entre todos ellos deberán hacer frente al pago de los casi 400.000 euros en los que el órgano fiscalizador ha cifrado el quebranto económico. El PP ha asegurado a Europa Press que recurrirá la decisión.
Los hechos se produjeron en 2007 cuando Alonso era el alcalde de Vitoria y Maroto el delegado de Hacienda y firmaron un contrato que obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de veinte años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros.
El alquiler se estableció en 12.500 euros más IVA mensuales, pese a que los técnicos municipales estimaron que la cuantía debía ser de poco más de 10.000 euros.
Además, según señaló la Comisión de Investigación municipal creada en su día en torno a este asunto, el contrato incluía diversas condiciones potencialmente negativas para las arcas municipales, entre ellas, una cláusula que establecía que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de veinte años, debería abonar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final.
El Tribunal de Cuentas ha estimado parcialmente las demandas formuladas por el actual Ayuntamiento de Vitoria, gobernado por el PNV, y los representantes del PSE-EE y el partido jeltzale en el Consistorio.
El órgano fiscalizador cifra en 393.072,31 euros el perjuicio causado a los fondos públicos del Ayuntamiento, y declara «responsable contable directo» de dicho quebranto a Maroto, Alonso, Miguel Ángel Echevarría, Encina Serrano, Jorge Ibarrondo, Fernando Aránguiz, Alfredo Iturricha, Marian Castellanos e Idoia Garmendia, todos ellos miembros del Gobierno municipal del PP que firmó el contrato en 2007.
El Tribunal de Cuentas condena a todos ellos, como «responsables directos y solidarios de los perjuicios ocasionados en los fondos públicos del Ayuntamiento de Vitoria» al pago de los 393.072,31 euros en los que se ha cifrado el quebranto a las arcas públicas.
Este Tribunal absuelve, no obstante, a Maroto y a los dos concejales de Hacienda que le sucedieron en el cargo, Marian Gutiérrez (PSE) y Manuel Uriarte (PP), de la responsabilidad contable «por alcance» formalizada contra ellos por «incorrecta actualización de renta» en los años 2009, 2012 y 2013. (EP)
