La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha criticado duramente el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía sobre refugiados, ya que “vulnera la legalidad internacional, especialmente el derecho de asilo, y utiliza a las personas necesitadas de protección internacional como moneda de cambio en sus negociaciones”.
Así lo ha expresado en la Cumbre de los Presidentes de Colegios de Abogados de la Unión Internacional de Abogados (UIA) celebrado el 16 de mayo en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.
En su discurso, Ortega manifestó el rechazo total de la Abogacía a las medidas adoptadas por los gobiernos europeos sobre refugiados porque “están protagonizando algunos ataques a los Derechos Humanos, circunstancia que para la Abogacía es motivo de preocupación y de profundo rechazo”.
En este mismo sentido, la presidenta de la Abogacía española calificó de “bochornosa” la reacción de la Unión Europea ante la crisis migratoria más importante de las últimas décadas, motivada por el conflicto en Siria y países limítrofes, “no solo porque la gestión en sí misma sea inadecuada, lenta y problemática, sino, sobre todo, porque la vertiente de protección a los derechos de las personas, protagonistas de un drama humano terrible, ha sido ignorada”, aseguró.
Centrándose en nuestro país, Victoria Ortega se refirió a las “devoluciones en caliente”, que no cumplen con la normativa española de extranjería “ya que se basan en un denominado concepto operativo de frontera ligado a la presencia de agentes de la autoridad españoles carente de sustento jurídico alguno, ya sea en normas nacionales o internacionales; suponen actuaciones reprochadas desde hace más de una década por el Defensor del Pueblo y el Tribunal Supremo y carecen de instrumento internacional que las fundamente”, aseguró.
Asimismo, Ortega recordó que Consejo General de la Abogacía Española, durante la tramitación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, alegó que “el sistema jurídico español padece un grave retroceso con motivo de estas regulaciones, por cuanto priva a las personas a las que se aplica de las más elementales garantías formales y materiales, entre ellas, los principios de audiencia y contradicción, las asistencia letrada y del derecho de acceso a la jurisdicción”.
