El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha señalado que se necesita una reforma de la ley para que los fiscales sean los instructores de los casos, por lo que «no es tan fácil», ya que «hay que cambiar todo nuestro modelo de organización, las competencias de los fiscales, el estatuto orgánico o las plantillas de jueces y fiscales».
En declaraciones a los periodistas antes de participar en la IV edición de las Tribunas Populares en Jerez de la Frontera (Cádiz), Catalá ha indicado que en el programa electoral del PP está planteado la «conveniencia de otorgar un mayor papel a los fiscales en las instrucción de las causas» y ha recordado que «es un modelo muy habitual en otros países de Europa».
Así, ha manifestado que en la próxima legislatura, «si tenemos la oportunidad de gobernar, avanzaremos en esa dirección», aunque ha indicado que «es un proyecto que requerirá de tiempos largos y una entrada en vigor dilatada en el tiempo».
En este sentido, Catalá ha manifestado que se trata de un proyecto de legislatura que confían en que esté «en un gran acuerdo nacional para que la reforma de la justicia sea fruto de un gran acuerdo de los partidos, y eso nos dote de legitimidad democrática, de estabilidad y unidad política, porque es la mejor manera de abordar reformas en un sector tan importante como la justicia».
EXCESIVA DURACIÓN DE LOS SUMARIOS
El ministro de Justicia también ha señalado que en España «tenemos una justicia independiente, profesional y que sin duda necesita mayor agilidad», ya que «los sumarios se dilatan demasiado tiempo en la fase de instrucción».
Ha asegurado que «no hay nadie que no piense que las macrocausas necesitan de un tratamiento ágil» y ha añadido, en relación con el caso de los ERE en el que están implicados los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que «los tiempos van finalizando las fases de la instrucción cuando finalizan». Así, ha expresado su «respeto absoluto al quehacer cotidiano de todos los jueces y fiscales».
No obstante, ha manifestado que «nadie está por encima ni al margen de la ley y todos queremos que la justicia continúe trabajando independientemente y que todos los casos se puedan enjuiciar cuanto antes, afecten a quien afecten», ha señalado.
FILTRACIONES
En cuanto a las filtraciones, el ministro de Justicia ha recordado que «la revelación de secreto es un delito tipificado en el Código Penal» y ha añadido que «la justicia profesional e independiente también tiene que tener esas características de imparcialidad, independencia y seguridad».
En este sentido, ha añadido que «tiene poco sentido que actuaciones procesales que no son conocidas por las partes sean conocidas por la opinión pública», ya que «eso es una violación del derecho a la presunción de inocencia, a la imagen y a la intimidad de las personas».
Así, ha afirmado que este mismo lunes «hemos conocido a través de un medio de comunicación que parece que hay un informe elaborado por la UCO que parece que genera algún tipo de acusación contra el presidente de una comunidad autónoma».
Para Catalá «eso es un mal funcionamiento de la justicia y debemos comprometernos todos en garantizar que cuando una instrucción tiene el carácter de secreto, es porque de esa manera se lleva mejor la investigación, y si las partes no tienen conocimiento de las instrucciones no deberían producirse esas filtraciones».
En este sentido, ha añadido que cree que la Fiscalía, que es quien tiene competencias, «debería de investigar todas las filtraciones, porque estamos ante un delito y hace un flaco servicio a la confianza de los ciudadanos a una justicia independiente y profesional como la que todos queremos el que se produzcan este tipo de circunstancia».
CASO JUAN HOLGADO
Durante esta visita a Cádiz, el ministro ha tenido un breve encuentro con Antonia Castro, la madre de Juan Holgado -asesinado en una gasolinera en 1995-, ante la que se ha comprometido a hacer «todo lo posible» para que este crimen «no quede en el olvido» y «se investigue tanto como sea posible».
La Audiencia Provincial de Cádiz ha estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por los padres de Juan Holgado contra el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Jerez de la Frontera que acordaba su archivo al considerarlo prescrito. En este sentido, entiende que es «precipitado» hasta conocer el resultado de las diligencias «solicitadas y no practicadas».(EP)
