La Comunidad de Madrid cesa a un interino tras siete años ocupando un puesto con carácter de «urgencia»
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03/6/2016 14:39
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Actualizado: 24/5/2022 14:26
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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha interpuesto una demanda contra la Comunidad de Madrid por el cese de un funcionario interino nombrado el 3 de marzo de 2009 para ocupar un puesto en la Dirección General de Protección Ciudadana por razones de urgencia y que ahora ha sido despedido.
Pese al tiempo transcurrido desde su nombramiento, siete años y tres meses, la administración autonómica ha justificado el despido por el «fin de las razones de urgencia o necesidad que justifiquen la cobertura del puesto».
Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha vuelto a convocar este puesto en la oferta pública de empleo (OPE) y está a punto de ser cubierto. Por ello, CSIF ha presentado una demanda por despido improcedente, al considerar que un trabajador no puede ocupar un puesto en la administración durante más de siete años por «razones de urgencia» y, tras despedirlo, volver a convocar esa misma plaza.
Este trabajador, de 61 años de edad y con más de 20 trabajando para la administración, ocupaba un puesto de técnico de grado medio en el Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos Técnicos de la Dirección General de Protección Ciudadana. Tras opositar en un proceso de 2003 fue incluido en una bolsa de trabajo y, seis años después, fue llamado para ocupar el puesto en el que ha estado trabajando hasta el pasado 31 de mayo.
Según informa la Central Sindical en un comunicado, «la Comunidad no puede poner fin a la relación laboral con este trabajador con la justificación de que ya no existe la urgencia por la que fue contratado». Y «considera que ningún puesto puede ser cubierto por razones de urgencia durante tanto tiempo, por lo que entienden que este empleado debe ser readmitido en un puesto que, además, se ha vuelto a convocar pero ya sin carácter de urgencia».
Asimismo, CSIF señala que actuaciones como ésta suponen una demostración más de que la Comunidad de Madrid continúa destruyendo empleo público, ya que no convoca todas las plazas que se necesitan en la administración por la actual tasa de reposición (se cubren sólo el 50% de los puestos que se crean solo por jubilaciones o fallecimientos) y despide a trabajadores.
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