El 0,29 por ciento de las 302.132 causas pendientes, que han sido clasificadas en sencillas y complejas en estos pasados seis meses por la Fiscalía, corresponden a delitos relacionados con la corrupción, según ha revelado hoy el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, en rueda de prensa.
Catalá tomó como referencia las cifras de los delitos perpetrados en España en 2014, según figuran en la Memoria de la Fiscalía General del Estado, que fueron 3.618.575, en los que figuraba la proporción del 0,29 por ciento para ese tipo de delitos.
«Si consideramos que los delitos que tienen que ver con la corrupción -un concepto que no está acuñado jurídicamente- son los de prevaricación, cohecho, malversación y falsificación en documento público, suponen el 0,29 por ciento de todos los delitos cometidos en ese año, podemos deducir que esa misma proporción se puede trasladar a las 302.132 causas que acaban de clasificarse como sencillas o complejas», declaró el ministro de Justicia en funciones.
Eso suponen 928 casos de las 302.132 causas revisadas. Y 10.494 casos de los 3.618.575 de delitos que se produjeron en 2014, de acuerdo con los mismos parámetros establecidos por Catalá.
El titular de esta cartera, sin embargo, admitió que no era posible determinar cuántas de las causas clasificadas como complejas correspondían a casos de corrupción.
«Hoy por hoy no podemos tener información sobre ese extremo», admitió.
OBJETIVO CUMPLIDO
Por otra parte, el ministro de Justicia en funciones declaró hoy, doce horas antes de que se cumplieran los 6 meses del periodo establecido para declarar las causas sencillas o complejas -tal como había quedado establecido en el artículo 324, reformado, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-, que se había «cumplido el objetivo».
Las 302.132 causas pendientes el 6 de diciembre de 2015 se habían clasificado al ciento por ciento 180 días más tarde, afirmó, citando cifras procedentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es a quien los letrados de la Administración de Justicia (antes secretarios judiciales) envían las estadísticas -tal como está establecido en la ley- y de la Fiscalía General del Estado.
Una información a la que el Ministerio de Justicia tiene acceso a través del Punto Neutro Judicial, que gestiona el órgano de autogobierno de los jueces.
«No tenemos competencia en materia de estadística judicial», explicó el ministro.
Entre el 1 y el 6 de junio, de acuerdo con Catalá, se terminaron de clasificar el 4 por ciento de las causas que todavía quedaban pendientes.
El ministro reconoció que habían fallado en la gestión de la información, por la existencia de sistemas informáticos diferentes.
«El sistema Fortuny, de la Fiscalía, no se conecta con los sistemas de las Comunidades Autónomas, por ejemplo. Hacen falta buenos sistemas de gestión, en lo que estamos trabajando, para tener, finalmente, un sistema de gestión más común y unas herramientas informáticas compartidas entre todos. Fruto de esas deficiencias, hay tensiones. No hay una información compartida y homogénea», añadió.
«Yo siempre lo digo, el director general de AENA hoy en su mesa tiene un informe que le dice cuántos vuelos hubo ayer en España por aeropuertos y por tipo de tráficos. Nosotros no tenemos eso, lamentablemente. Sólo al cabo del año, cuando se cierra la memoria, acabamos sabiendo cuántas causas han habido en España. Tenemos que tener sistemas mucho más inmediatos», agregó.
NO ERAN 346.000 SINO 302.132
Catalá también precisó que no eran 346.000 las causas que se creían pendientes a 6 de diciembre de 2015 sino 302.132. «Esa diferencia, de 44.000 causas, corresponde a los atestados sin autor conocido, que han procedido a archivarse», contó.
Sobre las críticas que, desde las asociaciones profesionales, ha recibido la introducción de los plazos de instrucción, que ha dado lugar a este proceso de clasificación de las causas pendientes, Catalá recordó que el proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que se llevó a cabo cuando era ministro de Justicia su antecesor, Francisco Caamaño, también contemplaba plazos. «Y ni el PSOE ni las asociaciones progresistas dijeron nada», remachó.
«Lo que algunos decían que era imposible, no ha sido imposible. Sabíamos que se podía hacer el trabajo y se ha hecho», concluyó.
