Las quejas por publicidad bancaria se elevaron un 32 por ciento en el 2015, según un informe del Banco de España. Fueron 196 las personas o entidades que reclamaron de la autoridad supervisora el cese o la rectificación de los anuncios comerciales de los bancos.
En el ámbito de la idoneidad de altos cargos en el 2015 se abrieron 437 expedientes, 266 a entidades de crédito, 88 a establecimientos financieros de crédito, 45 a entidades de pago, 178 a entidades de dinero electrónico, 14 a sociedades de tasación y 4 a establecimientos de cambios de moneda.
«El incremento tan sustancial da cuenta de la hiperagresividad de las entidades que buscan la rentabilidad no por la actividad y la eficiencia en el cálculo actuarial del riesgo sino en una publicidad que provoca rechazo social y quejas ante la autoridad», señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho especializado en derecho bancario, financiero y comunitario.
«Este control es fundamental. La honorabilidad es un requisito básico para el ejercicio de la actividad bancaria. Pero también la profesionalidad. Las entidades deben vigilar mejor sus mecanismos de entrada y depurar comportamientos no éticos o faltos de profesionalidad«, añade Navas.
Según informa el Banco de España, el 2015 fue el primer ejercicio completo en el que la supervisión de conducta fue realizada por el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones con independencia funcional y orgánica de la supervisión prudencial.
El informe anual del Banco de España señala que la supervisión de conducta se focalizó en el 2015 el ámbito hipotecario. Hubo 8 inspecciones ‘in situ’ para controlar la previsión de contratación y la aplicación de las llamadas ¡cláusulas suelo’.
Además, se practicaron 2 inspecciones ‘in situ’ para la aplicación de las medidas de protección de los deudores sin recursos contempladas en el RDL 6/2012. El trabajo se completó con 3 supervisiones a compañías de créditos al consumo, 63 actuaciones y una supervisión completa de los 226 servicios de atención al cliente.
El resultado de todo este trabajo son 7 escritos de requerimiento, 27 recomendaciones y observaciones y 1 propuesta de incoación de expediente sancionador.
En total, en el 2015 se incoaron 4 expedientes sancionadores. Dos contra entidades de pago y sus respectivos consejos de administración por incumplimiento de la gestión contable, insuficiencia de sus recursos propios e incumplimiento de sus obligaciones de salvaguarda de los fondos de los clientes.
También se abrió expediente a una SL y su administrador único por usar el término «bank» sin tener ficha bancaria. Por último, se abrió un expediente sancionador contra un establecimiento financiero por su deficiente información precontractual.
«El Banco de España actúa como policía bancaria y está bien: persigue y sanciona a los elementos indeseables que pervierten el mercado entre los excesos y las demandas de liquidez con las debidas garantías», cuenta Navas.
Además, se finalizaron 7 expedientes del 2014 que terminaron en sanción. Tres a entidades de pago que incurrieron en irregularidades de la normativa del sector. Se sancionó a las entidades y a sus cargos administrativos. Además, se sancionó a una sociedad de garantía recíproca por mantener durante más de 6 meses menos del 80% del capital mínimo reglamentario. De los 48 cargos directivos, se sancionó a 37.
También se multó a una cooperativa de crédito por incumplimientos de su obligación de transparencia y protección del cliente. Y por último, se sancionó a dos entidades y a dos administradores de una de ellas por realizar actividades reservadas a entidades supervisadas. quedado suspendido por encontrarse en el ámbito penal.
«Toda esta actividad del Banco de España revela la eficacia de la ‘policía bancaria’, pero también la necesidad de que las propias entidades tomen conciencia de la urgencia de un comportamiento ético en el mercado», apunta el socio-director de navascusi.com.
El Banco de España revela en su informe que en el 2015 atendió 2.190 peticiones de información y colaboración de juzgados y tribunales, la mayoría de jueces penales y fiscales «respecto a conductas presuntamente delictivas», señala el informe.
Además, la autoridades supervisora ha emprendido 113 denuncias por actividades de entidades supervisadas o por eventual utilización de denominación o por ejercicio de actividades reservadas a entidades de crédito.
«El incremento en la actividad judicial del Banco de España responde a una mayor litigiosidad general en el sistema financiero. Afortunadamente, el control judicial logra el restablecimiento de la justicia», señala el socio-director de navascusi.com
Por último, las reclamaciones del 2015 ascienden a 20.262, muchas más de las cerca de 5.000 existentes antes de que estallara la crisis. A las reclamaciones hay que sumar las 38.804 consultas recibidas en el 2015, 3.237 a través del teléfono y 35.567 por internet. «El consumidor bancario es cada vez más consciente de sus derechos y los hace valer. Un síntoma de la madurez de nuestra sociedad», concluye Navas.
