En el año 1933 se estrenó la película Sopa de ganso, dirigida por Leo McCarey y protagonizada por los hermanos Marx. La comedia narra la historia de la República Democrática de Freedonia y de su presidente, Rufus T. Firefly, un extraño e irónico personaje convertido en líder improvisado de la nación.
En un momento de la película, el presidente –interpretado por Groucho Marx– dice a sus ministros: “No permitiré injusticias ni juego sucio, pero si se descubre a alguien practicando la corrupción sin que yo reciba una comisión, le pondremos contra la pared… ¡Y daremos la orden de disparar”.
Ochenta años después de esta genial frase, la corrupción se ha convertido en uno de los principales problemas de las democracias modernas.
La consolidación de los instrumentos del Estado de Derecho no ha conseguido frenar de forma adecuada la actitud de quienes, utilizando privilegios derivados de su cargo público, obtienen un desmedido enriquecimiento patrimonial que lesiona gravemente los intereses generales.
La corrupción genera grandes cantidades de dinero opaco que merman la capacidad de recaudación del Estado y provocan a la larga una mayor carga fiscal para el resto de los contribuyentes.
Restringe la libre competencia al primar aquellas empresas o particulares que forman parte de la “clientela”. Introduce distorsiones que minan la eficacia, inversión y la productividad, afectando tanto a los niveles de renta del país como a su ritmo de crecimiento.
Destruye la confianza en las instituciones y deslegitima el sistema político. Y, finalmente, propicia el pasotismo de la ciudadanía que observa atónita cómo las reglas de juego democrático se convierten en una simple farsa entre grupos elitistas que actúan al margen de la ley.
España no es país ajeno a este dramático problema. Hace apenas cuatro años, el Fiscal General del Estado informó que 730 cargos públicos estaban siendo investigados por la Justicia por delitos relacionados con la corrupción.
Al menos, 100 de ellos concurrieron a las últimas elecciones.
El último informe de Transparencia Internacional situó a España en el puesto número 30 del índice de percepción de la corrupción, al mismo nivel que Botswana y por debajo de la mayoría de los países de la antigua Unión Europea de los Quince.
Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas publicado en enero de 2013, la corrupción se ha convertido en el cuarto problema de los españoles por detrás del paro, la situación económica y la clase política.
Si no queremos convertir España en una Freedonia obsesionada por el intercambio de comisiones -¡no vaya a ser que nos fusilen! como decía Groucho Marx- debemos confiar en la Justicia y dotarla de los medios necesarios para erradicar esta enfermedad de nuestra joven democracia.
