La Guardia Civil ha detenido este martes a 14 empleados de la empresa pública de administración de infraestructuras ferroviarias Adif en una operación por el presunto sobrecoste de más de 82 millones de euros en tres obras de la alta velocidad (AVE) en la zona de la estación de La Sagrera, en Barcelona.
También se está llevando a cabo una quincena de entradas y registros en domicilios particulares y en las sedes profesionales de entes públicos y empresas privadas vinculadas a la red, a la que acusa de generar sobrecostes mediante duplicidades en las mediciones de los trabajos realizados.
En el marco de la operación, dirigida por la titular del juzgado de instrucción número 26 de Barcelona, la Guardia Civil está registrando, entre otros, la sede del gestor de Infraestructuras Adif en La Sagrera y oficinas del mismo ente público en la calle Titán de Madrid.
Los agentes también han acudido en busca de documentación a las oficinas de una Unidad Temporal de Empresas (UTE) que tenía adjudicadas algunas de las obras bajo sospecha, situadas en la calle Fluvià de Barcelona, según fuentes cercanas al caso.
La investigación, que se inició en noviembre de 2014, surge de una denuncia presentada por Adif, que detectó dobles mediciones en tres tramos de las obras del AVE en La Sagrera que reflejaban «diferencias sustancias entre la obra certificada como realizada y la que en realidad se habría ejecutado», sostiene la Fiscalía en su comunicado.
El ministerio público cree que la red habría «emitido de forma reiterada e intencional sucesivas certificaciones de obra con unos importes muy superiores a los trabajos efectivamente realizados por las empresas contratistas».
Concretamente, las obras bajo sospecha son el proyecto de construcción de los accesos de la estación del AVE en La Sagrera, así como el de la estructura de esa misma estación y el de la plataforma de la línea del AVE en el sector Sant Andreu, dentro del tramo La Sagrera-Nudo de la Trinidad.
En su investigación, la Fiscalía Anticorrupción ha detectado además un proyecto complementario a una de las contratas, en que las cantidades también fueron supuestamente infladas.
El ministerio público considera que existen «sólidos indicios» de que el falseamiento de las certificaciones de obra «respondía a la intención de favorecer indebidamente a las empresas contratistas, las cuales habrían estado percibiendo de ese modo sumas de dinero muy superiores a las que realmente les correspondía recibir».
