La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, se ha mostrado en contra de que las causas penales se «perpetúen en el tiempo» y, sobre todo, aquella las que «generan desconfianza en las instituciones y en los gobernantes». Por ello apuesta por «simplificar y reducir la fase de investigación»
Así lo ha dicho en una entrevista en ‘Thomson Reuters La Revista‘, en la que ha destacado que «el mero establecimiento de los plazos no garantiza la agilidad», ya que, según ha explicado, las dificultades en la fase de instrucción de una causa «no residen tanto en la existencia de los plazos de instrucción» sino en «las estructuras legales y materiales».
Además, ha añadido que las investigaciones no se agilizarán si no se refuerzan los órganos de enjuiciamiento para evitar que las causas se «acumulen en ellos a la espera de celebración de juicio». «No se trata simplemente de sustituir jueces por fiscales, sino de simplificar y reducir la fase de investigación, la instrucción ritual, escrita y casi nunca respetuosa con el significado de ‘sumario'», ha explicado.
Por ello, Madrigal considera que «no es admisible» que las causas penales «perpetúen en el tiempo y mucho menos las que generan desconfianza en las instituciones y en los gobernantes».
En este sentido sostiene que tras 16 meses al frente de la Fiscalía General del Estado, Consuelo Madrigal cree que “cada día se percibe con más claridad al Ministerio Fiscal como puente entre la sociedad y los Tribunales de Justicia”
REFORMA DE LA LECRIM
En este sentido, ha defendido que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se hizo para «cubrir necesidades imperiosas», como «romper definitivamente con la tradición inquisitorial», aunque, en su opinión, «desgraciadamente resulta incompleta».
No obstante, ha hecho hincapié en que «cada día se percibe con más claridad al Ministerio Fiscal como puente entre la sociedad y los Tribunales de Justicia».
NO TODAS LAS EMPRESAS PUEDEN VELAR POR IGUAL EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Sobre la nueva regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la fiscal general del Estado ha enfatizado que «no todas las compañías tienen la misma capacidad para velar por el cumplimiento normativo pero el pequeño tamaño no tiene porqué derivar en un inconveniente».
Asimismo, ha apostillado que para valorar el cumplimiento normativo de la empresa los indicadores «significativos» son la gravedad de la conducta delictiva y su extensión en la corporación, el número de empleados implicados, la intensidad del fraude empleado para eludir el modelo o la frecuencia y duración de la actividad criminal.
Por otro lado, la fiscal general del Estado ha asegurado que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad españoles están «más preparados que ningún otro país europeo» para investigar y prevenir el terrorismo yihadista.
«La experiencia acumulada durante años en la lucha antiterrorista se ha demostrado útil y ha permitido una más rápida adaptación para hacer frente a los nuevos retos que plantea la amenaza del terrorismo yihadista», ha subrayado.
