Todo salió como estaba previsto en el guión. José Ramón García, abogado de Montserrat González y de su hija, Triana Martínez, y Fermín Guerrero, letrado de la policía local de León, Raquel Gago, las tres condenadas por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, pidieron la absolución para las dos mujeres jóvenes. Y para Montserrat, una reducción de la pena de 22 a 8 años porque su clienta, según García, sufría un «trastorno de ideas delirantes».
El tribunal de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, en funciones de apelación y presidido por su máximo responsable, el magistrado José Luis Concepción, junto a dos compañeros más, escuchó con atención los alegatos de los abogados, en defensa de una revisión de la sentencia.
Las tres mujeres fueron declaradas culpables por un jurado popular de León del asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León y del PP de esa provincia, ocurrido el 12 de mayo de 2014.
Montserrat González, la autor confesa del crimen, fue condenada por un delito de asesinato. A su hija se le impuso una pena de 20 años de prisión, como «cooperadora necesaria», y a Raquel Gago 5 años de cárcel, como encubridora, si bien el jurado popular la consideró autora del mismo. El presidente del tribunal la impuso un lustro tras los barrotes, cosa que fue contestada tanto por la fiscalía como por la acusación particular; la ejecución de su sentencia se vio suspendida temporalmente.
En opinión del letrado García, había que absolver y poner en libertad a Triana Martínez porque se había «vulnerado su presencia de inocencia».
«Ya no es que estemos ante algo probable, es que sólo ha habido una mera posibilidad y no es lo mismo lo posible que lo probable», afirmó ante los jueces.
Sobre Montserrat González consideró que el «trastorno de ideas delirantes» no fue debidamente «valorado» porque el informe forense contenía «errores» sobre su diagnóstico.
Por otra parte, Fermín Guerrero, pidió la absolución de Raquel Gago porque no hay «pruebas claras» inculpatorias» del delito de encubrimiento ni de la tenencia ilícita de armas, y porque la pistola que disparó Montserrat González contra Carrasco y que Triana Martínez dejó en el coche de Gago, no prueba que ella estuviera implicada.
Desde su punto de vista, no se «ha efectuado una valoración correcta de los indicios de la actuación» de la agente de Policía Local.
Por otro lado, tanto el fiscal, Ricardo González, como Beatriz Llamas, abogada de la acusación particular representando a la hija de Isabel Carrasco, consideran que Gago no fue encubridora sino cómplice, por lo que solicitan una pena de 12 años de cárcel.
El tribunal dictará sentencia dentro de dos semanas.
