La Unión Progresista de Fiscales (UPF) pide a la Fiscalía General del Estado que investigue el origen de las grabaciones entre el ministro del Interior en funciones y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, y «valore su contenido depurando las responsabilidades a que hubiere lugar».
En un comunicado, la UPF se refiere a las informaciones sobre conversaciones grabadas entre el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y el ya exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso, para, presuntamente, obtener datos comprometedores contra dirigentes de ERC y CDC.
«La UPF espera que por parte de la Fiscalía General del Estado y por los órganos judiciales se esclarezca el origen y circunstancias en que se produjeron las grabaciones y se valore el propio contenido de las conversaciones depurando las responsabilidades a que hubiere lugar», reza el escrito en el que muestran su «honda preocupación» por el contenido de las mismas.
Defiende en una nota que estas conversaciones, mantenidas en octubre de 2014, causan «perplejidad» y se muestra con la «certeza» de que los fiscales que han intervenido en los casos a los que se aluden en las grabaciones telefónicas han actuado y resuelto con «objetividad, profesionalidad y sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad».
«Los archivos acordados por estos fiscales en esos asuntos son buena prueba de ello. En las Fiscalías no se ‘afina’ nada, sino que se ejercen con profesionalidad las funciones que la ley encomienda al Ministerio Fiscal», responde la UPF en referencia a las declaraciones del titular del Interior quien insinuó que el Ministerio Público podría interceder para que saliera a la luz algún caso de corrupción relacionado con dichas formaciones políticas catalanas.
Los fiscales progresistas defienden que la conversación mantenida entre Fernández Díaz y De Alfonso, cuyo contenido y difusión está siendo investigado por la Policía Judicial, «refleja un inaceptable cuestionamiento del principio de separación de poderes, una reprobable utilización de las instituciones con fines políticos y una apartamiento del principio de objetividad que debe guiar la actuación de los responsables públicos».
