El magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés ha pedido hoy la renovación del «pacto constitucional sobre la Justicia alcanzado en 1978» para «incrementar las capacidades presupuestarias y organizativas» hacia un «buen funcionamiento» de la Justicia.
Así lo ha reclamado el magistrado del Supremo en la conferencia inaugural de la segunda semana de la Escuela de Verano del Poder Judicial, que se celebra en el Pazo de Mariñán.
En su ponencia titulada «El fortalecimiento de la identidad constitucional de la Justicia«, el magistrado del Tribunal Supremo ha defendido que «debe renovarse el pacto constitucional sobre la Justicia alcanzado en 1978″, cuando se firmó la Constitución todavía vigente. «Es imprescindible fortalecer la identidad constitucional de la Justicia«, “incrementar las capacidades presupuestarias y organizativas del sistema judicial” para asegurar un buen funcionamiento de la Administración de Justicia, ha subrayado.
Todo esto «con el objetivo de promover un desarrollo institucional coherente de la Administración de Justicia«, así se podrá «satisfacer de forma adecuada el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, en consonancia con las exigencias de una democracia renovada».
En el mismo sentido, Bandrés ve necesario «reforzar las funciones del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia para garantizar de forma eficiente los principios de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación judicial del Derecho» y también valora la posible reforma de la estructura organizativa y las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)».
Entre sus planteamientos también ha defendido la posibilidad de «promover la elección directa por los jueces y magistrados de los Presidentes de los Tribunales de Justicia«, a crear «una agencia estatal en materia de informatización judicial» y en la importancia de «racionalizar y actualizar la planta judicial», lo que se puede hacer a través de la creación de «tribunales de instancia».
El magistrado del Tribunal Supremo también entiende que es necesario «otorgar carácter vinculante a la Carta de los derechos de los ciudadanos ante la Administración de Justicia«, solicita la digitalización de la Administración de Justicia y espera que se mejoren los «mecanismos de rendición de cuentas y de evaluación y control de la calidad del servicio público» de la Justicia.
Además, en su exposición también ha reclamado un incremento de «la plantilla de jueces y magistrados» hasta «doblar el número» actual para conseguir que en los próximos diez años se alcancen los 10.000 jueces.
