Cuatro asociaciones feministas gallegas han presentado una queja formal contra el auto del juzgado de instrucción número 3 de Pontevedra por el que se archiva la denuncia presentada por la Diputación de Pontevedra contra un exconcejal del PP en Moraña (Pontevedra), por llamar «mala zorra» a la presidenta de la institución, Carmela Silva, en las redes sociales.
Estos cuatro colectivos, la Red Provincial Pontevedra pola Igualdade, Teenses pola Igualdade, O Soño de Lilith y la Asociación Profesional de Axentes de Igualdade de Oportunidade Galega (APAIOGA), consideran que los insultos recibidos por Carmela Silva no pueden ser achacables a la libertad de expresión, como concluyó en su auto la jueza Rosa María García Pardo.
Las expresiones proferidas por el edil Jorge Caldas, que en aquel momento era concejal de Igualdad, son «gravemente atentatorias» contra la dignidad de la presidenta de la Diputación Pontevedra, según señalan las cuatro asociaciones, y deberían ser enmarcadas «dentro del ámbito de la violencia patriarcal».
Además, las organizaciones feministas que han presentado esta queja ante el CGPJ recuerdan que en el actual contexto de violencia estructural contra las mujeres, los servidores públicos «han de mostrar una sensibilidad especial» ante conductas de este tipo, ya que permitir que las víctimas queden desamparadas «supone legitimar esta violencia y perpetuarla».
«Resoluciones como la mencionada no hacen sino acentuar el sentimiento de indefensión que muchas mujeres padecen por cuanto, por un lado, se nos insta a denunciar las agresiones y, por otro, cuando se da el paso de hacerlo, se nos deslegitima de esta forma», aseguran.
Esta queja llega después de que el juzgado de instrucción número 3 de Pontevedra haya archivado la denuncia presentada contra Jorge Caldas por llamar «mala zorra y sinvergüenza» a la presidenta de la Diputación de Pontevedra, la socialista Carmela Silva, a través de un mensaje publicado en Facebook.
En el auto emitido, la titular de este juzgado, con competencia en asuntos relacionados con la violencia contra mujer, concluye que las expresiones proferidas por este edil no son constitutivas de delito al haber sido vertidas «en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión».
La magistrada pontevedresa admite que «los términos empleados suponen un lenguaje soez que, sin embargo, no resulta inhabitual en la actualidad en las manifestaciones de los cargos públicos». Además, enmarca estos insultos «en un momento de obcecación«, por lo que asegura que no existe responsabilidad en la vía penal, «no estimando que se trate de expresiones gravemente ofensivas».
La jueza adoptó esa misma resolución contra otro militante del PP en este mismo ayuntamiento, que también había sido denunciado por publicar otro mensaje en Facebook en el que se refería a la presidenta provincial como «menuda furcia hija de puta».
SILVA YA ANUNCIÓ SU RECURSO
Carmela Silva anunció, nada más conocer el auto que presentará un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, ya que considera que este tipo de conductas no pueden quedar impunes.
Carmela Silva ha manifestado su «absoluta incomprensión» frente a unos «insultos gravísimos de marcado carácter sexista» que considera «injurias graves contra un cargo público», una figura que el Código Penal contempla como delito.
