Ponentes de primer nivel en la XII Edición del Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga
Javier Gómez Bermúdez, juez de enlace de España en Francia, María Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la violencia de género y vocal del CGPJ, Alejandro Sánchez del Campo, abogado y consejero regulador de Telefónica, y Carmen Varela, socia directora del Departamento de Familia de Círculo Legal, son algunos de los ponentes del XII Edición del Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga.

Ponentes de primer nivel en la XII Edición del Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga

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22/8/2016 07:00
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Actualizado: 10/4/2023 17:49
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La XII Edición del Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga, que tendrá lugar entre el 6 y el 7 de octubre, contará con 70 ponencias, mesas redondas y mesas de trabajo. Una edición en la que según el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Javier Lara, “ya no tenemos que buscar ponentes. Son los propios juristas los que acuden interesados a nuestro Congreso. Estamos en un etapa de consolidación”.

Nuestra publicación ha podido hablar con algunos de sus destacados ponentes. Javier Gómez Bermúdez, magistrado y juez enlace de España en Francia, María Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Alejandro Sánchez del Campo, abogado y «regulatory counsel» (asesor regulador) de Telefónica y Carmen Varela, socia directora del Departamento de Familia de Círculo Legal, abogada experta en materia de familia y mediación.

Los cuatro son un ejemplo claro de la altura de estos conferenciantes en una cita del más alto nivel jurídico en nuestro país.

El magistrado Javier Gómez Bermúdez es, desde hace más de un año, juez de Enlace de nuestro país en París, Francia. Desde allí contribuye a acelerar, de forma discreta y eficaz, las maquinarias de la Justicia de ambos países. Un cometido esencial en un tiempo en el que el terrorismo yihadista está en auge. Gómez Bermúdez, de hecho, es uno de los grandes especialistas en este campo.

Aparcada temporalmente ha quedado su cometido en el Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional -se encuentra en servicios especiales-, que ahora asume su compañera, la magistrada Carmen Lamela.

Este malagueño de pro, “con familia directa vinculada al mundo de la abogacía, desde mi padre, recientemente fallecido, hasta mi hermano, lo que ha hecho que exista una relación intensa con el Colegio de Abogados de Málaga”, será uno de los ponentes más destacados de este evento.

Gómez Bermúdez es bien conocido por sus dotes de comunicación personal. La percepción del juicio del 11-M en el mundo, tribunal que presidió, hubiera sido muy diferente de haber sido otro magistrado quien hubiera asumido esa responsabilidad.

Su ponencia tratará de aclarar las ventajas de la reforma parcial de la LeCrim, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al año de su entrada en vigor.

Desde su punto de vista, esta reforma parcial “es positiva, hay que ver que todas las medidas excepcionales de investigación e intervención de las comunicaciones ahora aparecen reguladas y necesitan la autorización del juez. Eso garantiza derechos de los ciudadanos y ayuda en el trabajo de cada juez, en cuanto lo que puede y no debe hacer”, opina.

A su juicio, en otras cuestiones “la norma necesita más tiempo pero se ha ocupado de situaciones insostenibles a nivel procesal que necesitaban modificarse”.

Sobre la polémica generada en esta reforma por poner plazos a la instrucción, seis meses a causas sencillas y dieciocho a más complejas, Gómez Bermúdez señala que “es posible que no se haya explicado bien su contenido. La ley es muy prudente y da múltiples opciones. Es falso que si una instrucción no se acaba en sus plazos se llegue a la impunidad”.

De hecho recuerda que los propios plazos procesales los refleja Manuel Alonso Martínez, «padre» de la LeCrim, cuando la redactó, a finales del siglo XIX. “Con esta reforma se ha conseguido que la instrucción tenga una organización y no sean anárquicas e indeterminadas en el tiempo”.

Respecto al tema de las macrocausas como la de Afinsa, del que nuestro medio ha informado notablemente y que tras diez años hubo fallo judicial, para Gómez Bermúdez, “son procesos anormales que en otros países no llegan a ningún sitio. Es muy difícil llevar un proceso de este tipo con cerca de 100.000 afectados. Ahora con la reforma, en casos similares, el juez con resolución motivada y oyendo a ambas partes podrá establecer un plazo razonable de investigación. Esa resolución es recurrible por un órgano superior”.

El magistrado Javier Gómez Bermúdez -titular del Juzgado Central de Instrucción 3-, actualmente juez de Enlace de España en Francia, será una de las estrellas del Congreso malagueño.

El magistrado Javier Gómez Bermúdez -titular del Juzgado Central de Instrucción 3-, actualmente juez de Enlace de España en Francia, será una de las estrellas del Congreso malagueño.

Es inevitable una reforma integral de la LeCrim, donde la instrucción la lleve el fiscal y el juez ofrezca garantías a acusados y partes

Para Gómez Bermúdez es fundamental un nuevo código procesal penal que nadie discute.

Y es muy claro en cuanto a su posición sobre quién debe llevar la instrucción: “Soy partidario que la instrucción la lleve el fiscal y el juez ofrezca garantías a acusados y partes. El problema está en cómo se combina esta figura con la de la acusación popular. No puede haber dos instrucciones, una por el fiscal y otra por el juez de Garantías. Hay que resolver algunas cuestiones de fondo importantes antes de hacer este cambio que sería progresivo para los propios fiscales”.

Por su parte, María Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género y vocal del CGPJ, analizará en este evento las novedades jurisprudenciales más importantes en estos años de entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

“Hemos hecho un estudio sobre las 500 sentencias más significativas y hay conclusiones muy interesantes a destacar”, señala.

Al mismo tiempo confirma que los abogados del Turno de Oficio de Violencia de Género recibirán en noviembre el premio del Observatorio por su labor con las víctimas.

Para esta jurista -letrada de la Administración de Justicia de origen-, es fundamental que la víctima de estas agresiones esté siempre acompañada por un abogado que le oriente y le ayude a lo largo de este proceso que no siempre es agradable.

Del citado estudio se deduce que “estos delitos se producen en plenas facultades mentales de los maltratadores y con toda la frialdad que se pueda imaginar. Hay que ampliar el concepto de violencia de género a otras agresiones que la mujer sufre a diario».

María Ángeles Carmona es presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género y vocal del Consejo General del Poder Judicial. Confilegal.

María Ángeles Carmona es presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género y vocal del Consejo General del Poder Judicial. Confilegal.

Hay que ampliar el concepto de violencia de género a otras agresiones que sufre la mujer a diario

A su juicio, es fundamental la especialización en toda la cadena de operadores jurídicos en violencia de género “desde el policía al propio juez”.

Y extender el concepto a todo tipo de agresiones contra la mujer, como son las sexuales, trata de mujeres y niñas o mutilaciones genitales femeninas y cualquier tipo de discriminación de sexo por el hecho de ser mujer”.

Eso significaría seguir las líneas maestras del Convenio de Estambul que nuestro país firmo hace unos años. En todo este proceso es clave que la víctima se sienta acompañada para así mantenga su declaración en la vista correspondiente.

Otra conclusión es que el citado delito lo puede sufrir cualquier mujer no hay un perfil definido al respecto de la víctima aunque la mayor parte de los crímenes se producen en poblaciones inferiores a 100.000 habitantes”.

Carmona reclama también que los procesos de violencia de género puedan acortarse para así poder evitar que la víctima reconsidere su declaración.

También observa que la futura digitalización de la justicia ayudaría a que los datos de estos procedimientos se puedan consultar desde cualquier juzgado de España.

“Es fundamental para garantizar la integridad de esa mujer y sus hijos a todos los niveles que estos procedimientos sean más breves y que las sentencias se ejecuten de forma inmediata”, explica.

La instrucción de este tipo de asuntos no suele superar los seis meses en un proceso ordinario, en un juicio rápido es aún más corto.

GESTIÓN DE DESPACHOS Y TECNOLOGÍA, CADA VEZ MÁS INTERRELACIONADOS

Otra de las mesas que más expectación ha generado tiene que ver con la gestión de despachos y su impulso tecnológico.

Mientras que Susana González, abogada especialista en derecho tecnológico y directora de Hiberus Legal Tech abordará la seguridad de los despachos en la nube, Sara Molina, socia directora de Marketingzine, analizará las maneras de mejorar la competitividad de los despachos en este escenario, Alejandro Sánchez del Campo, abogado y «regulatory counsel» (asesor regulador) de Telefónica Digital profundizará en la inteligencia artificial aplicada a los despachos.

Otro debate de actualidad donde la polémica está en si las máquinas acabarán por hacer el trabajo de los propios abogados.

Alejandro Sánchez del Campo, abogado y asesor regulador de Telefónica Digital.

Alejandro Sánchez del Campo, abogado y asesor regulador de Telefónica Digital.

El uso de la tecnología puede reducir las distancias entre los despachos grandes y las firmas más pequeñas

Nuestro interlocutor es un convencido de la necesidad de la transformación digital de los despachos de abogados, al igual que otros sectores como banca, entidades financieras o consumo ya vienen produciendo. «El uso de la tecnología puede reducir las distancias entre los despachos grandes y las firmas más pequeñas», afirma.

«Al final parece claro que el cliente verá como el nivel de excelencia de ese servicio se incrementa ante tanta competencia. Ahora es todo cuestión de eficiencia y valor añadido al cliente”, añade.

Fruto de este cambio es la aparición en muchos despachos de la figura del CIO, director general de Tecnología, un puesto clave en este momento de transformación digital.

“Al mismo tiempo las firmas dejarán de ser solo de juristas e incorporarán, como ya está pasando a peritos, informáticos o consultores con lo cual el servicio se enriquecerá más”, explica.

Sobre si la relación de confianza entre abogado y cliente cambiará, Sánchez del Campo no cree que la esencia se modifique. “Al contrario, creo que se estrechará y será buena para ambas partes”.

Sin embargo este jurista advierte que “cualquier proceso de cambio depende de las personas. Si esas personas no advierten las ventajas que conlleva el uso de la tecnología parece evidente que muchos despachos perderán oportunidades de ser competitivos. Se trata de una nueva era de pensar y de plantear las cosas y no son solo procesos tecnológicos.

«Sobre si tecnologías como Watson, de IBM, puede destruir empleos nadie tiene la duda que puede ser así. Aunque se crearán otros más especializados y de mayor valor añadido para los despachos”, añade.

Alejandro acaba de escribir la obra “Reflexiones de un replicante legal”, editado por Thonson Reuters Aranzadi donde se analizan las cuestiones legales que inciden más en las nuevas tecnologías.

La privacidad es una de ellas pero no la única.

Antonio Garrigues tiene un punto de razón cuando dice que la privacidad ha muerto. La noción clásica de protección de datos personales será difícil que conviva en este mundo”, cuenta.

En esta nueva realidad, la firma que no se introduzca en las tecnologías tiende a perder muchas posiciones en su mercado.

Carmen Varela, socia directora del Departamento de Familia de Círculo Legal.

Carmen Varela, socia directora del Departamento de Familia de Círculo Legal.

Carmen Varela, socia directora del Departamento de Familia de Círculo Legal, miembro de la AEAFA, Asociación de Abogados de Familia y socia fundadora de ASIME, Asociación de profesionales en materia de sustracción Internacional Menores España, es otra de las ponentes de este XII Congreso Jurídico de ICAMALAGA.

«Las referencias que tengo del evento son muy buenas y la propia organización nos ha invitado a presentar ASIME en este escenario jurídico de primer nivel tras la reforma legal efectuada en la normativa de jurisdicción voluntaria”.

Hay que recordar que hace un mes tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Málaga las Cuartas Jornadas Conjuntas por la Jurisdicción de Familia, en colaboración con AEAFA, en las que participan letrados, jueces y fiscales para debatir en torno a las principales cuestiones que les ocupan y preocupan sobre esta rama del Derecho.

En vacaciones como éstas, las sustracciones de menores se incrementan. El proceso arranca legal, luego el menor no vuelve nunca

“El ministro en funciones Rafael Catalá recogió la reivindicación de todos los expertos de que se ponga en marcha una jurisdicción específica de familia para la próxima legislatura”, apunta Varela

Nuestra entrevistada nos revela que Málaga es la ciudad española con más sustracciones de menores de todo el país.

“Una ciudad con muchas colonias de ciudadanos alemanes e ingleses, lo que le da un marco cosmopolita a esta ciudad”, revela.

En esta mesa sobre sustracción de menores, Carolina Marín hablará del proceso judicial complementario a dicha sustracción mientras que Carmen señalará la aplicación de la mediación a este proceso, ya utilizado en muchos países europeos.

El uso de la mediación en la sustracción de menores se basa sobre todo para que la devolución al país de origen de esa sustracción ilícita sea lo más traumática posible.

“Al haber dos culturas diferentes se utiliza la comediación, muy recomendable en este tipo de parejas. En muchos casos el proceso de mediación se abre antes de la vista y se pretende que en pocos días se logre el retorno de ese niño”.

Sin embargo, aún esta iniciativa en nuestro país es muy desconocida. “Los periodos vacacionales se suelen utilizar para estas prácticas “se hace de forma lícita pero luego no se retorna al menor”.

Será el magistrado Francisco Ruiz-Jarabo, titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer de Málaga número 1, quien aborde el polémico cambio suscitado en el artículo 775.1 de la LEC desde la Ley 42/2015.

“Este tema ha generado malestar en muchos jueces que ahora tienen que tomar decisiones sobre personas que cambiaron de residencia. En Europa prima la residencia habitual y es el juzgado habitual de los progenitores y el de los menores quien aborda el asunto no el originario”, indica la socia directora de Círculo Legal.

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