“La Torre de Babel”. Pieter Bruegel el Viejo (1563)
CSIF exige un gran pacto para unificar todo el «babel informático» de la Administración de Justicia
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07/9/2016 07:58
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Actualizado: 06/9/2016 20:56
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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido este martes, con ocasión de la Apertura del Año Judicial, un «gran» acuerdo entre profesionales, la Administración de la Justicia y los partidos políticos para unificar todo el «babel informático» de intercambio de información jurídica y mejorar así su eficacia.
El CSIF cree necesario un «gran» pacto político, profesional y social para conseguir que haya un solo programa de gestión procesal que facilite el intercambio de información y no los 10 que existen en la actualidad y que, a su juicio, están «obsoletos».
«Sería la solución ideal» que jueces, fiscales, letrados, funcionarios y operadores jurídicos puedan compartir información de «forma fácil y directa» con independencia de dónde se generen dichos documentos, ha dicho el sindicato en un comunicado.
También ha pedido «que se ponga fin a la parálisis en la Administración de Justicia», por lo que ha reclamado que administraciones, partidos políticos y profesionales de la Justicia tengan una «visión a largo plazo y un consenso básico» para afrontar la digitalización, aunque ésta, en su opinión, «afecte decisivamente» a las condiciones de trabajo.
PONER FIN A LA DISPERSIÓN INFORMÁTICA
El principal objetivo de «poner fin la dispersión informática» es tener una Justicia «más eficaz, más eficiente y mejor». No obstante, ha recalcado que para ellos el traspaso de competencias a las comunidades autónomas sobre las herramientas informáticas y de telecomunicación para la gestión procesal «nunca» debía haberse hecho.
«Si las leyes procesales son de competencia exclusiva del Estado, las herramientas informáticas que sirven para su aplicación en el proceso, también deberían haber quedado dentro de la esfera competencial del Estado», ha subrayado el sindicato.
Asimismo, desde el CSIF insisten en que se gran acuerdo tiene que aportar «los recursos necesarios y que aborde cuestiones como edificios y sedes judiciales, dimensión de plantillas, organización judicial, formación, perfiles profesionales, reestructuración de funciones dentro de la oficina judicial aprovechando el potencial de los funcionarios de Justicia, carrera y promoción profesional, retribuciones, jornada, lugar de trabajo, conciliación de la vida laboral y familiar, movilidad entre otras cuestiones.
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