La Audiencia Nacional ha ratificado el acuerdo de conformidad alcanzado por la familia Carceller, propietaria de la cervecera Damm, y la Fiscalía a principios de esta semana, que permite a los acusados evitar la prisión a cambio de pagar una multa de más de 92 millones de euros.
Durante la vista celebrada ante un tribunal presidido por la magistrada Ángela Murillo, todos los acusados, que además de Carceller son sus colaboradores José Luis Serrano Florez y Gabriel I. Petrus Labayen, reconocieron los hechos y se mostraron conformes con los acuerdos alcanzados entre sus defensas, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, tras lo cual la Sala dictó sentencia ‘in voce’ en los mismos términos.
El acuerdo de conformidad supone la sustitución de las penas de cárcel solicitadas por cada uno de los delitos de los que se les acusaba -ninguna de ellas superaba el año de cárcel-, y supone la retirada por parte de Anticorrupción de los delitos de blanqueo de capitales inicialmente atribuidos a los empresarios.
Así, se condena a Demetrio Carceller Coll como autor de 13 delitos contra la Hacienda Pública -tres de ellos agravados- en relación a los siguientes tributos: Impuesto de la Renta de las Personas Físicas -IRPF- de los años 2003 a 2007; Impuesto contra el Patrimonio de los años 2003 a 2007 e Impuesto de Sucesiones del año 2006.
A su vez se condena a Gabriel Pretus I. Labayen como cooperador necesario en la comisión de los 13 delitos descritos; a José Luis Serrano Florez como cooperador necesario por la comisión de 12 de los delitos detallados- IRPF 2003 a 2009 e IP 2003 a 2007- y a Demetrio Carceller Arce como cooperador necesario de 4 de los delitos descritos -IRPF de los años 2007 a 2009 así como Impuesto del Patrimonio del año 2009.
CANTIDADES YA SATISFECHAS
Las cuotas defraudadas ascienden a un importe total 24,6 millones de euros y los intereses devengados por las mismas 12 millones de euros, cantidades que ya han sido satisfechas por los acusados, extremo que ha sido determinante para alcanzar el acuerdo de conformidad según ha remarcado la Fiscalía.
Además de las cantidades mencionadas se han impuesto a los condenados penas de multas por importe total de 55,6 millones de euros, cantidad que está afianzada ampliamente y que, como marca la ley, será satisfecha una vez se dicte la sentencia y alcance firmeza.
El presente proceso fue incoado en el año 2009 para investigar si Demetrio Carceller Coll simuló durante los años 2003 a 2009 su residencia fuera de España, concretamente en Portugal y Reino Unido, con la finalidad de eludir el pago de sus obligaciones tributarias en España y, por otra parte, concretar y cuantificar los bienes, activos y patrimonio de los que pudiera ser titular.
Tras la investigación practicada logró acreditarse que durante el periodo mencionado Demetrio Carceller Coll donde residió realmente fue en España, en la Comunidad de Madrid, así como que el mismo era titular de un ingente patrimonio que tenía oculto tras diversas estructuras fiduciarias configuradas a través de sociedades radicadas en terceros países considerados como territorios ‘off shore‘.
A su vez, la investigación realizada permitió acreditar la participación esencial que en la comisión de la defraudación fiscal de Demetrio Carceller Coll tuvieron el resto de los condenados, razón por la que se les consideró como cooperadores necesarios del fraude fiscal cometido por aquél acusándose, a cada uno de ellos, de aquéllos delitos en los quedó probada su participación. (CONFILEGAL/EP)
