El juez Arturo Zamarriego da un plazo de dos días a la Dirección General de la Policía para que le envíe el informe completo sobre las «características y posibilidades» de los programas que instala en los teléfonos móviles de sus funcionarios. Quiere saber si con estas aplicaciones puede grabar una conversación de forma remota a través de un terminal.
El titular del juzgado de instrucción 2 de Madrid investiga la grabación que se filtró a la prensa de una conversación el 20 de octubre de 2014 entre el comisario Marcelino Martín Blas, entonces responsable de la Unidad de Asuntos Internos, y otros agentes de la Policía y del CNI cuando hablaban en la que se habla de posibles seguimientos a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el ‘Pequeño Nicolás’.
El magistrado ha optado por realizar esta petición tras recibir un escrito de tres páginas firmado por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, con fecha de 6 de septiembre y con sello de entrada en el juzgado el día 12 de este mes, donde el máximo responsable del Cuerpo habla de programas para «garantizar la seguridad» de los teléfonos móviles que fueron instalados «a altos cargos» dentro de la Policía Nacional es «garantizar la conexión segura de las conversaciones de los altos cargos» del cuerpo.
Y detalla que son programas para permitir llevar a cabo «comunicaciones cifradas a través de cualquier operador del mundo» que, cuando son llamadas de voz, se realizan «en modo full duplex», es decir, usando un sistema que no degrada la calidad del servicio.
Sin embargo, esta explicación no ha convencido al juez Zamarriego, que ha solicitado que la sección de Informática Forense de la Comisaría General de Policía Científica aporte «en el plazo de dos días» el correspondiente informe sobre el teléfono de la marca Apple modelo iPhone 4 que usó el comisario Martín Blas y que es objeto de la instrucción. Según la investigación todo apunta que ese móvil fue usado remotamente para grabar la conversación de los cinco agentes de la seguridad del Estado.
Martín Blas encabeza la comisión judicial en la que se está apoyando el juez Zamarriego para llevar a cabo su instrucción, una decisión controvertida que ha merecido dos escritos del fiscal Alfonso San Román –contando con el respaldo público de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal– solicitando la disolución de este órgano al cuestionar su independencia, ya que este comisario investiga un caso en el que fue perjudicado.
Esta comisión elevó en mayo un informe en el que responsabilizaba de la grabación a José Manuel Villarejo, un comisario ya jubilado que se definía como «agente encubierto» y que mantiene una disputa con Martín Blas en lo que se conoce como ‘guerra de comisarios’.
El propio juez Zamarriego también pidió a la Dirección General de la Policía la relación de viajes oficiales a Cataluña que realizaron ambos policías entre 2012 y 2014.
NUEVAS CITACIONES
El próximo 28 de septiembre declararán en el juzgado número 2 de Plaza de Castilla dos trabajadores de la productora Mandarina. Se trata de los dos empleados a los que aludió la semana pasada en su declaración judicial el perito de esta misma empresa que concluyó que los policías hablaban de «lavar» pruebas para perjudicar al ‘Pequeño Nicolás’.
Zamarriego trata de esclarecer si en la grabación del 20 de octubre de 2014 se habló de «lavar» pruebas, como sostiene la defensa del ‘Pequeño Nicolás’ apoyándose en dicho informe, un extremo que ha sido refutado por otro informe de la Policía Científica.
El 28 de septiembre, antes de los empleados de la productora Mandarina, el titular del juzgado 2 de Madrid ha citado a dos vigilantes de seguridad para que testifiquen sobre otra cuestión: un incidente entre el ‘Pequeño Nicolás’ –según ha denunciado este joven– y el inspector Rubén López, ‘mano derecha’ en la comisión judicial que encabeza Martín Blas.
En el juzgado de Zamarriego han prestado declaración ya Martín Blas y Villarejo, así como el propio Ignacio Cosidó. Está pendiente de comunicar la de Gemma Alcalá, mujer de José Manuel Villarejo y directora de ‘Información Sensible’, investigada por ser el medio que publicó la primicia sobre la grabación a los policías objeto de la investigación judicial. (CONFILEGAL/EP)
