La sentencia del caso Madrid Arena se conocerá el próximo martes, casi cuatro años después de que se produjera la fiesta mortal organizada en Halloween, en la que fallecieron cinco jóvenes (Belén Langdom, Cristina Arce, Rocío Oña, Katia Esteban y María Teresa Alonso) y por el que han sido procesadas quince personas.
De este modo, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid notificará a todas las partes incursas en el procedimiento la sentencia correspondiente al denominado ‘caso Madrid Arena’, a partir de las 12:00 horas. La Sala ha citado a los propios acusados para que se les entregue a ellos en mano el fallo.
En el juicio, el empresario Miguel Ángel Flores, manifestó su pesar por lo sucedido y culpó al Ayuntamiento dirigido entonces por Ana Botella del hecho de alquilarle un edificio en malas condiciones. La prueba practicada en la vista oral demostró que la principal causa de la tragedia fue el sobreaforo que hubo, agravado por el cierre de los vomitorios y la apertura de varias puertas de emergencias para que entraran jóvenes sin control directos a la pista.
Según la fiscal y las acusaciones, la pista debía estar esa noche a reventar a la hora del número de la barca del afamado dj Steve Aoki, un extremo que venía en una de las cláusulas del contrato. El espectáculo finalmente se hizo y fue cuando se produjeron diversas avalanchas, entre ellas una mortal.
Por ello, la fiscalía pide cuatro años de cárcel para el principal acusado, el promotor del evento Miguel Ángel Flores por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y dieciséis delitos de lesiones por imprudencia grave; y un año y seis meses de prisión para los jefes del equipo médico, Simón y Carlos Viñals por un homicidio por imprudencia grave a cada uno de ellos.
En cuanto al resto, el Ministerio Público pide tres años de prisión para el director de departamento de seguridad de la antigua empresa municipal MadridEspacios y Congresos (Madridec), Rafael Pastor; el coordinador de proyectos del departamento de operaciones de Madridec, Francisco del Amo; y los jefes de Seguriber Juan José París Nalda y Raúl Monterde.
Y también para el vigilante de seguridad Roberto Mateos; y los socios de Control 34 Carlos Manzanares y Emilio Beillard.
EL JUICIO
El pasado 12 de enero, la vista oral arrancaba con quince acusados en el banquillo por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones. Miguel Ángel Flores responsabilizó tanto en instrucción como en su declaración al plenario al Ayuntamiento de Madrid de la tragedia por las deficiencias estructurales del edificio municipal.
Al igual que el empresario, ninguno de los acusados ha asumido en la vista oral su supuesta parte de responsabilidad. Flores apuntó a Madrid Espacios y Congresos (Madridec) –la gestora del edifico– como la máxima responsable del evento, mientras que estos a su vez señalaron como culpables a los controladores de Kontrol 34 por abandonar sus puestos de trabajo y empujar a los asistentes, provocando caídas en el público que dieron lugar a las diferentes avalanchas.
Seguriber, la empresa responsable de la seguridad en el interior, culpó a Madridec de abrir un portón de mercancías por donde se colaron miles de jóvenes, masificando la pista en la hora en la que se produjo la avalancha.
La empresa no asumió su parte de responsabilidad a pesar de que el vigilante de cámaras que debía ser «los ojos» del evento se ausentó de la sala durante las horas en las que se produjeron las avalanchas. En su declaración aseguró que su función era comprobar que las cámaras funcionaban.
Mientras que los responsables de la enfermería, el doctor Simón Viñals y su hijo Carlos, culparon a Flores de las limitaciones del botiquín. A los Viñals se les acusa de dar por muertas a dos de las víctimas cuando estaban en parada cardiorrespiratoria, una afirmación de a fiscal que su abogado ha tachado de «injustas» ya que existen evidencias que muestran lo contrario.
En cuanto al operativo policial, el exjefe de la Policía Municipal de Madrid Emilio Monteagudo responsabilizó del descontrol policial a la oficial de Moncloa, jefe del diseño del despliego policial de esa noche. La defensa de Monteagudo acusó a Cándida Jiménez de mentir en lo relativo a que se le negaran los refuerzos y otras cuestiones como el hecho de que alertara de lo que estaba sucediendo.
SOBREVENTA DE ENTRADAS
En su declaración, Flores reprochó al Ayuntamiento que dirigía la entonces alcaldesa Ana Botella, y concretamente a la empresa municipal Madridec, responsable del pabellón, que «jamás» le mostraran un Plan de Autoprotección, recalcando que pensaba que el edificio tenía licencia municipal. También les acusó de que «lo hicieron mal» y que le obligaron a él «a hacerlo mal».
«Yo desconocía completamente la situación del edificio anterior a esta tragedia. No acuso al Ayuntamiento, sino a las personas que conocían en el año 2010 que las cosas se hacían mal y que a mí me lo hacían hacer mal», dijo entonces.
Durante la prueba del juicio, según la fiscal, ha quedado acreditado que se vendieron casi 17.000 entradas y que Flores puso a la venta casi 37.000.
Sin embargo, el abogado que defiende al empresario sostuvo en su informe final que no existió «la sobreventa» de entradas por parte de su cliente, criticando la «visión apocalíptica» que han difundido los medios de comunicación. Pese a esta afirmación, multitud de imágenes exhibidas en la vista han demostrado que la pista estaba visiblemente masificada.
Flores afronta una petición fiscal de cuatro años de cárcel por cinco delitos de homicidio imprudente grave y una petición de seis años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de empresario u organizador de fiestas. Las acusaciones quieren que se sumen cuatro años por cada víctima.
En su informe, la fiscal rebajó sus penas a dos años, seis meses y un día para el ‘número dos’ de Flores, Santiago Rojo, un empleado de Diviertt, Miguel Ángel Morcillo, y para el jefe del equipo de Seguriber, José Antonio Díaz Romero.
Además, se pidieron tres años de cárcel para el socio y apoderado de Kontrol 34, Carlos Manzanares y Emilio Belliard; el coordinador jefe de Seguriber, Juan José Paris; el coordinador jefe de Seguriber, Raúl Monterde; y el vigilante de seguridad de Seguriber, Roberto Mateos, entre otros. La misma pena se reclamó para Rafael Pastor y Francisco del Amo, encargados de seguridad de Madridec.
La Fiscalía rebajó en un año la pena para los encargados del dispositivo sanitario, Simón Viñals y su hijo, hasta quedarse en un año, seis meses y un día de cárcel por «un delito de homicidio por imprudencia grave profesional para cada uno de ellos». Además, la Fiscalía de Madrid retiró la acusación contra el jefe de Emergencias del evento, José Ruiz Ayuso. (CONFILEGAL/EP)
