El juzgado de lo penal 10 de Sevilla ha fijado para el 12 de septiembre del 2017 el comienzo del juicio previsto contra, contra los 46 acusados, entre ellos 37 agentes de la Policía Local, estos últimos acusados de ingresar en el cuerpo policial tras participar en un amaño de las oposiciones a las que se presentaron.
En un auto, el juez David Candilejo ordena que el juicio se celebre los martes, jueves y viernes hasta la finalización del juicio, que será «presumiblemente» en diciembre, lo que el magistrado afirma que no se puede precisar «dado el volumen de la prueba» prevista.
Respecto a las pruebas, el juez descarta las que pretenden «poner en duda la legitimidad del grupo Gepol», el equipo interno policial que investigó el caso, así como las que cuestionan la validez de la custodia de los exámenes usados para el amaño.
En el auto, el juez señala «en ningún momento se está poniendo en duda que los acusados hayan hecho dejación de sus funciones, no se les acusa de una mala praxis laboral, sino de la manera de ingresar en el cuerpo de policía local de Sevilla».
En este caso, la Fiscalía solicita trece años de inhabilitación y una multa de 5.400 euros, por los delitos continuados de prevaricación y revelación de secretos, para el superintendente de la Policía Local Juan José García.
La Fiscalía, en sus conclusiones provisionales, afirma que en de las dos oposiciones, que se celebraron en 2011 para cubrir 47 plazas y de 2012 para otras 56 plazas de Policía, concurrieron «determinados aspirantes a los que, por razones de vínculos de amistad, o familiares o sindicales», les favorecieron y les filtraron el examen para que aprobaran, poniendo como ejemplo que el superintendente era en esas fechas compañero sentimental de la hermana de un opositor y tío de otro aspirante.
Este último imputado, «pese a concurrir en el mismo causa de abstención por dicho doble motivo, no se abstuvo de participar en dicho proceso ni comunicó formalmente a la autoridad que lo había nombrado miembro del Tribunal dicha causa», dice el Ministerio Público, quien también cita el caso de un opositor acusado que era hijo del presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Sevilla (Sppme).
Las citadas oposiciones incluían un examen teórico con cien preguntas de tipo test, y en la primera de ellas, 19 de los policías incurrieron en los mismos errores del examen teórico porque así se recogía en la plantilla de respuestas que previamente les habían filtrado.
En la segunda se incorporaron veinte preguntas elaboradas por funcionarias de la Junta de Andalucía, y 16 de los agentes imputados las «fallaron de forma contundente» porque, a diferencia de las ochenta elaboradas por el tribunal, no se les habían filtrado previamente, según el juez.
Para los 37 policías, que están en activo, la Fiscalía pide una multa de 100.000 euros y cuatro años de inhabilitación.
Además, la Fiscalía acusa también a cinco miembros del tribunal de las oposiciones, a un empresario y a un miembro de la junta de personal del Ayuntamiento sevillano. (CONFILEGAL/EP)
