El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha autorizado exceptuar la aplicación de la Orden del Ministerio de Hacienda que regula las operaciones de cierre relativas al presupuesto de gastos con el fin de tramitar varios contratos de suministros imprescindibles para el proyecto de Justicia digital.
Se trata de un total de tres contratos destinados a suministrar ordenadores portátiles ultraligeros, docks station (estaciones de carga) y teclados para dispositivos Surface Pro 4, así como lectores de tarjetas bluetooth imprescindibles para los puestos de trabajo móviles que precisan determinados usuarios de la Administración de Justicia (jueces, magistrados, letrados y fiscales) en esta fase de la Justicia digital.
La razón del acuerdo es que el cierre del ejercicio 2016 el pasado mes de julio comprometía las contrataciones previstas para el segundo semestre del presente ejercicio en relación con el cumplimiento de los proyectos de Justicia digital y Fiscalía digital en fase II, ha informado el Ministerio en una nota.
La obligación para todos los profesionales de la Justicia, oficinas judiciales y fiscales de emplear desde enero de 2016 los sistemas telemáticos en todos sus escritos, así como la de los juzgados y tribunales de tramitar electrónicamente los procedimientos, supone que más de 150.000 profesionales de la Justicia acudan diariamente a las plataformas que el Ministerio ha implantado para digitalizar el sistema en los plazos establecido.
FISCALÍA DIGITAL
Además, a partir del 1 de enero de 2017 otros colectivos e instituciones que trabajan con la Justicia como la Policía, la Guardia Civil, los hospitales y los notarios, entre otros, deben utilizar los medios electrónicos en sus comunicaciones.
Se implantará también la Fiscalía digital en las 42 fiscalías gestionadas por el propio Ministerio. El incumplimiento de estos compromisos podría suponer riesgos graves en el funcionamiento de los servicios ordinarios y críticos que presta normalmente el Ministerio de Justicia, además de posibles reclamaciones de los profesionales ya adaptados al nuevo sistema.
La excepción aprobada hoy en Consejo de Ministros permitirá tramitar tres contratos básicos con los que se cumplirán en plazo los objetivos previstos en esta fase de implantación de la Justicia digital, especialmente la dotación de movilidad a los jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y fiscales que trabajan en distintas ubicaciones físicas (salas de vistas, atención a testigos, diferentes juzgados) y requieren herramientas informáticas que les permitan consultar los expedientes digitales en cada una de ellas.
1.450 PORTÁTILES ULTRALIGEROS
El primer contrato consiste en el suministro de 1.450 ordenadores portátiles ultraligeros para dotar de un puesto de trabajo móvil a 450 magistrados, 450 letrados de la Administración de Justicia, 400 fiscales y 150 jueces. El importe estimado es de 1.417.321,24 euros.
El segundo contrato incluye el suministro de docks station (estaciones de carga) y diversos accesorios necesarios para hacer efectiva la movilidad del colectivo citado anteriormente. El importe de esta partida es de 163.211,58 euros.
Por último, el tercer contrato incluye el suministro de 695 teclados para equipos Surface Pro 4 y 695 lectores de tarjetas bluetooth, dispositivos que completarán la movilidad de estos profesionales de la Justicia que ya podrán consultar siempre el expediente judicial electrónico y prescindir de las copias de papel en las distintas ubicaciones. El importe alcanza los 144.693,86 euros.
