Más de un centenar de profesionales han debatido en Figueres en el transcurso del II Congreso de Derechos Humanos, organizado por el Consell de la Abogacia Catalana, la problemática del tráfico de personas con fines de explotación sexual, una práctica que es una forma de esclavitud según han señalado los expertos.
«La trata de personas es un delito grave, cometido a menudo por la delincuencia organizada y prohibido tanto por la declaración Universal de los Derechos Humanos como por la Carta Fundamental de los Derechos Humanos de la UE», explicaba Oriol Rusca, presidente del Consell y decano del Colegio de Abogados de Barcelona.
Según datos facilitados por el Ministerio del Interior, en el año 2015 en España se detectaron 13.879 personas en situación de riesgo por explotación sexual, el perfil de las cuales son mujeres de entre 23 y 27 años, principalmente de nacionalidad rumana.
Rusca recordó en otra de sus intervenciones que estas víctimas “tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, un servicio que ofrecen los catorce Colegios de Abogados de Cataluña que hay repartidos por todo el territorio».
Los catorce colegios catalanes han puesto en marcha un campaña de concienciación y formación para sus propios abogados. Se pretende que puedan detectar a estas personas y ayudarlas de forma jurídica
“Si no se detecta a las víctimas no podremos ayudarlas”, recalcab.
Desde la propia Abogacía Catalana se considera que hay que aplicar una solución integral y coordinada con el resto de agentes sociales, administraciones e instituciones implicadas en la lucha contra el tráfico de personas.
“En Cataluña ya existe un protocolo de protección de las víctimas de trata de seres humanos firmado en 2013 por el Gobierno catalán, la Fiscalía, la Judicatura, los Ayuntamientos, el Consell de la Abogacía Catalana y el Colegio de Psicólogos, de modo que se trata ahora de reforzar y actualizar los mecanismos de cooperación”, indica Carles McCragh presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Consell.
Desde su punto de vista, el objetivo del Congreso que concluyó este viernes en Figueres, en el que participaron un centenar de profesionales de los diferentes colectivos implicados, ha sido «reforzar los mecanismos de colaboración institucional en la lucha contra esta lacra», comenta.
La presentación del Congreso estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Consell, Carles McCragh; la abogada y activista por los derechos de las mujeres, Cristina Almeida y la abogada especialista en tráfico de personas del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Rosalía Perera que aparecen en la foto que ilustra esta crónica.
Otra de las opiniones que recogimos es la del presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consell, Joan Ramon Puig, que subrayó la necesidad de detectar las mujeres que son víctimas de trata.
«A menudo, las mujeres que ejercen la prostitución son tratadas desde la vertiente de extranjería, cuando seguramente muchas de ellas son víctimas de explotación sexual y deberían ser consideradas como tales, desde el punto de vista legal”, advierte Puig.
El Congreso de Figueres no sólo se ha dirigido a los abogados, sino también a todos los colectivos implicados en la defensa de víctimas de tráfico de personas, y cuenta con la intervención de miembros de la Fiscalía, de las fuerzas de seguridad y de entidades sociales para abordar la problemática desde una vertiente multidisciplinar.
SITUACION DE RIESGO EN ESPAÑA
A lo largo de 2015 se detuvieron, en España, 152 personas por tráfico de seres humanos con finalidad sexual (procedentes de Rumanía, España y Nigeria, principalmente) y a 319 personas por explotación sexual (España y Rumanía). Se identificaron 133 víctimas de tráfico sexual y 650 víctimas de explotación sexual, así como 22 víctimas menores de edad.
Vinculadas a tráfico sexual se detectaron 42 organizaciones y grupos criminales y se realizaron 3.007 inspecciones administrativas y 215 atestados policiales.
En cuanto a Cataluña, según datos facilitados por la Fiscalía, en 2015 se abrieron 47 expedientes a mujeres víctimas de trata para explotación sexual que se acogieron a las medidas de protección previstas en el artículo 59 bis de la Ley de Extranjería, de los cuales 43 fueron en Barcelona, 3 en Girona y 1 en Tarragona.
Por nacionalidades, predominan las víctimas procedentes sobre todo de Nigeria, seguidas de Guinea Conakry, China y Ucrania. También se incoaron un total de 30 procedimientos judiciales por tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual (20 en Barcelona, 8 en Girona y 2 en Lleida) y 144 procedimientos judiciales más por prostitución (121 en Barcelona, 21 en Girona y 2 en Lleida).
