Juan José Carral, presidente del sector de Justicia de CSI-F Madrid, en su comparecencia ante la Comisión de Presidencia, Justicia y Portavoces de la Asamblea de Madrid.
CSIF denuncia ante la Asamblea la pésima situación de la justicia madrileña
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18/10/2016 17:55
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Actualizado: 18/10/2016 18:11
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Juan José Carral, presidente del sector de Justicia de CSI-F Madrid, ha denunciado esta tarde ante la Asamblea de Madrid en que para mejorar el servicio público Justicia es necesario un «aumento de recursos humanos, cambios legislativos, mejora de las infraestructuras, creación de nuevos órganos judiciales», y no «meros parches», como hasta ahora, que han llevado a la justicia a «una situación crítica«.
Y ha pedido un gran Pacto por la Justicia, suscrito por todos «Gobierno, Grupos Parlamentarios, sindicatos y resto de operadores jurídicos» que «de manera organizada y dialogada», asegure «la inversión presupuestaria necesaria para cubrir la dotación de medios personales, materiales y organizativos adecuados a una Justicia avanzada, eficaz y moderna«.
En un duro discurso ante la Comisión de Presidencia, Justicia y Portavoces de la Asamblea de Madrid, en la que ha comparecido a petición del Grupo Parlamentario Socialista, Juan José Carral ha ido desgranando todos los puntos débiles de la justicia madrileña.
A modo de ejemplo, el presidente del sector de Justicia de CSI-F Madrid, ha señalado que el propio TSJ de Madrid, subraya en su «Memoria del año 2015 que se necesita la creación de 92 nuevos juzgados, pero ya en las Memorias correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014 cuantificaban la necesidad de crear 65, 90 y 93 nuevos juzgados respectivamente. Pese a ello, llevamos más de seis años sin la creación de ningún órgano judicial en nuestra Comunidad».
Una situación que «se ha agravado como consecuencia de la crisis económica que además ha impactado con mayor virulencia en las jurisdicciones más sensibles a los efectos de la coyuntura económica, como los juzgados de lo Social, Mercantil, y Primera Instancia», según Carral.
Todo ello unido a «la desidia y el abandono de los Gobiernos de la Comunidad, que no han querido, o no han sabido gestionar nuestra Administración y la han dejado a los pies de los caballos y herida de muerte». Aquí ha insistido en la «no cobertura con funcionarios interinos de 550 plazas vacantes desde enero de 2013 hasta la actualidad, lo que nos ha llevado prácticamente al colapso», según el representante del CSI-F.
Y eso que la Comunidad de Madrid soporta, «por el efecto capitalidad, asume alrededor del 30 % de la carga de trabajo de todo el territorio nacional, y, donde además, se instruyen las causas de mayor complejidad».
En su intervención, Juan José Carral también ha lamentado que los Gobiernos de la Comunidad de Madrid han olvidado que la Administración de Justicia es un pilar fundamental de un Estado de Derecho» y que «si la justicia funciona de manera ágil y eficaz, repercutirá positivamente en la sociedad y en la economía madrileña».
CARENCIA ABSOLUTA DE MEDIOS MATERIALES
En lo que se refiere a medios materiales, según el representante sindical se «escatiman hasta el material básico de oficina, como bolígrafos, grapadoras, agendas, etc. No nos sirven mascarillas, guantes y demás material sanitario para prevenir posibles enfermedades infectocontagiosas que puedan portar los usuarios que acuden a nuestros juzgados».
También ha querido denunciar que «los equipos informáticos en su mayoría están obsoletos, y cuando los sustituyen lo hacen por aparatos usados. Las impresoras son viejas, cuando se estropean, en el mejor de los casos tardan mucho en repararlas, pero si necesitan el cambio de alguna pieza, incluso ni la reparan».
Además, como ya denunciamos en CONFILEGAL, el transporte de «procedimientos se realiza en carros de supermercado, o sillas de oficina». Y los «procedimientos voluminosos se encuadernas en ocasiones con taladros como los que tenemos en casa para el bricolaje, sin cumplir con la normativa en materia de seguridad laboral, pero es que no queda otra», ha puntualizado.
Juan José Carral, presidente del sector de Justicia de CSI-F Madrid asegura que «El diagnóstico de la justicia madrileña no es muy halagüeño».
PERSONAL, EL PROBLEMA DE LOS INTERINOS
«Creo que es de justicia reconocer que el personal con el que cuenta la Dirección General es totalmente insuficiente para gestionar a los casi 7000 empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia«, ha insistido Carral.
Y ha recordado que «la Bolsa de interinos que tenemos vigente en Comunidad de Madrid se publicó en enero de 2010 y establecía una duración máxima hasta finales de 2014. Sistema mastodóntico muy difícil de manejar debido al alto índice de interinos que tenemos, que supera el 30% de media».
Además, a su entender, «el sistema actual de nombramiento de interinos, que necesita la autorización expresa de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, es totalmente inoperativo y no se ajusta a las necesidades de la Administración de Justicia. Tardan mucho en formalizar el nombramiento del personal interino, generándose un paralización del puesto de trabajo difícil de remontar».
MODERNIZACIÓN Y MEDIOS TECNOLÓGICOS
Aquí ha denunciado «la gran descoordinación entre la Dirección General de Justicia y Seguridad, y la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid (antes ICM)». Y ha recordado que «la implantación de las nuevas aplicaciones informáticas se está realizando de manera improvisada y atropellada». «Lo más sensato es llevar a cabo estas iniciativas de manera más progresiva y garantizando previamente que los órganos judiciales que van asumiendo el nuevo programa cuenten con los medios apropiados».
Aquí ha puesto como ejemplo «que se hayan instalado dobles pantallas en juzgados que aún continúan trabajando con el anterior programa LIBRA, cuando existen otros, que ya disponen del nuevo programa de gestión procesal y continúan trabajando con una única pantalla».
INFRAESTRUCTURAS, RATAS, CUCARACHAS E INSECTOS
El representante sindical ha incidido en la poca atención que se presta en las partidas presupuestarias dedicadas a la modernización y mantenimiento de infraestructuras judiciales al mantenimiento, donde «prácticamente el 95 % se destina a limpieza y seguridad, y apenas un millón de euros para mantenimiento y conservación».
Y pese a ello, la falta de limpieza e higiene es preocupante, «es habitual la aparición de ratones, cucarachas y otros insectos con el peligro para la salud que ello conlleva«.
Ha denunciado que infraestructuras están a la cola de España. ¿Cómo es posible abordar el mantenimiento de 534 órganos judiciales y 58 sedes si hoy en día ya no hay ni para sustituir bombillas?.
En este apartado ha subrayado que «algunos edificios carecen de ascensor y accesos para personas con movilidad reducida, con instalaciones eléctricas obsoletas y sobrecargadas, calabozos que no reúnen condiciones mínimas, archivos que se inundan, etc.»
Además, cuando los hay, «los ascensores que se averían continuamente e incluso, en algunos casos se han tenido que precintar. A modo de ejemplo, recientemente se desprendió un elevador en la sede de la Audiencia Provincial, que por suerte no tuvo mayores consecuencias por el accionamiento de los frenos de emergencia».
CIUDAD DE LA JUSTICIA
Tras la paralización del proyecto de «Ciudad de la Justicia», para CSIF está claro que «la agrupación de las 20 sedes judiciales de Madrid capital es absolutamente necesaria y una demanda de todos los sectores implicados en la Administración de Justicia. Esto sin duda, mejoraría la calidad del servicio público que prestamos a los madrileños».
Aunque ha querido puntualizar que «cualquier proyecto de este calado, debe contar necesariamente con la participación de todos los operadores jurídicos sin excepción, y se debe desarrollar de manera progresiva, diseñando edificios modernos, eficientes, que permitan adaptarse a las futuras necesidades organizativas de la Administración de Justicia».
Carral ha concluido su intervención asegurando que desde «CSIF consideramos que la situación es crítica y cuanto más tardemos en apostar por la Administración de Justicia que demanda la ciudadanía de la Comunidad de Madrid, más costará revertir la situación, tanto en tiempo como económicamente».
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