Imagen del motín protagonizado por 39 inmigrantes en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (EP)
Expertos liderados por ICADE Comillas denuncian que los CIE funcionan como auténticas cárceles
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20/10/2016 06:57
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Actualizado: 20/10/2016 07:54
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Los últimos incidentes en el madrileño CIE de Aluche ponen de manifiesto la necesidad de abordar la situación de estos centros en nuestro país. Un informe elaborado hace un año desde las Clínicas Jurídicas de ICADE (Universidad Pontificia Comillas), revela que estos centros se han convertido en auténticas cárceles camufladas sin garantías penitenciarias.
En el se señala que «los Centros de Internamiento de Extranjeros (“CIE”) ocultan una realidad, desconocida para gran parte de la ciudadanía, que poco dista de la vida en una prisión. Cárceles camufladas sin garantías penitenciarias para personas que, en la mayor parte de los casos, no han cometido ningún delito».
Concepción Molina, directora de la Clínica jurídica de ICADE explica que este informe sobre la situación de los CIES ha sido posible gracias a la colaboración de diferentes entidades como Per la Justícia Social (Universidad de Valencia) Dret al Dret (Universidad de Barcelona) y el Observatorio de Derechos Humanos (Universidad de Valladolid) para la Organización No Gubernamental “Pueblos Unidos-Servicio Jesuita a Migrantes”
Y destaca que el informe elaborado “En el transcurso del curso académico 2014/15 detalla cómo son estos complejos en nuestro país y su adecuación al Reglamento del 2014. De su lectura se deduce la falta de acondicionamiento a la normativa vigente”.
A lo largo de este trabajo se explica que las instalaciones no son adecuadas y la propia asistencia sanitaria es uno de los puntos más deficitarios de estas instalaciones “muchos de ellos carecen de asistencia sanitaria permanente. El propio CIE de Aluche, ahora de actualidad por ese motín era antes la antigua cárcel de Carabanchel. Cuando esta se cerró, se remozó el edificio y se creó ese CIE”, explica nuestra interlocutora.
El detallado informe de más de 220 páginas analiza al detalle estas ubicaciones que muestran una alarmante falta de medios técnicos y humanos. “La mayor parte de las personas que están internadas en los CIES residen ilegalmente en España aunque no han cometido ningún delito más allá de no tener regularizada su situación en nuestro país”.
Desde esta perspectiva, cualquier valor terapéutico y de acogida que se pudiera reclamar a estas instalaciones están descartados por su funcionamiento diario. “El único que funciona algo bien es el de Melilla que es de carácter temporal para sus visitantes. El resto que hay en la península tienen la función de retener a las personas para ver si se las expulsa o no”, aclara Molina. Los datos revelan que en un 40 por cien de los casos no hay expulsiones.
Las retenciones en los CIES están a la orden del día. Según nos comenta esta jurista hasta sesenta días permite la ley aunque no se agotan los plazos “, la media está en los veinticuatro días y en otros casos sobre los cuarenta. Pero nos preguntamos por qué están privados de libertad estas personas”, indica.
Este informe denuncia la puesta en marcha de estos centros y en sus conclusiones proponen diferentes soluciones para la mejora de sus servicios. También se observan ciertas mejoras que se han logrado en estos últimos. Se crearon los Juzgados de Control, sea puesto en marcha una regulación de una estructura organizativa mínima en todos los centros y otra regulación detallada de los procedimientos de ingresos, salidas y traslados con detalle de la documentación que debe figurar en el expediente personal.
Otras mejoras tienen que ver con la imposición de reconocimientos médicos y la creación de libros-registros, regulación de los horarios del centro, reuniones de seguimiento dela prestación de los servicios sanitarios, asistenciales y sociales) y a nivel fáctico, la ampliación de horarios de visitas, acceso de ONG a los centros, previsión de mecanismos para la tramitación de quejas y reclamaciones.
También se han suscritos convenios con Colegios de Abogados para la prestación de Servicios de Orientación Jurídica, identificación de policías, instalación de cabinas para llamadas telefónicas, identificación de los internos en algunos CIE por su nombre y apellidos, etc. “ aunque aún hay muchas cosas por hacer en este tipo de instalaciones donde habitan seres humanos” apunta la directora de la Clínica Jurídica de ICADE.
Internos de los CIES, privados de derechos
En dichas conclusiones los expertos advierten que “consideramos necesario, asimismo, un mayor desarrollo del catálogo de derechos que asisten a los internos, eliminando, en este sentido, cualquier atisbo de menoscabo o restricción a los mismos pues, tal y como se establece en la LOEX (Ley de Extranjería) los internos únicamente se encuentran privados de la libertad ambulatoria, no del resto de sus derechos”.
Otras recomendaciones tienen que ver con la entrega de copias al interno del expediente personal e información suficiente y veraz sobre las normas de funcionamiento y régimen internos del centro, los derechos que le asisten, su situación legal, fecha de expulsión, etc. A este respecto, se hace necesario la habilitación de servicios de traducción suficientes.
También se reclama la habilitación de procedimientos para la determinación de la edad de menores no acompañados y detección de grupos vulnerables y la necesidad de garantizar el derecho de visitas y comunicaciones con el exterior con las suficientes garantías de privacidad. Garantizar, asimismo, el secreto de las comunicaciones.
En el informe también se reclama la extensión de la video-vigilancia y la videograbación a todas las dependencias del centro, respetando, no obstante, la intimidad de los internos, a fin de que, en caso de incidente, se permita al juez de control acceder a su visionado (que debería extraer de oficio el propio director del centro).
Y se pide que se aplique las correcciones disciplinarias para los funcionarios que no respeten los derechos de los internos o no cumplan con las obligaciones que le incumben (identificación de los funcionarios, maltratos físicos o verbales, etc.).
En definitiva, son necesarios diferentes protocolos claros de actuación y derivación en caso de lesiones a internos, conforme a las recomendaciones del Defensor del Pueblo y el Protocolo de Estambul en relación con las lesiones a las personas que se encuentren privadas de libertad. “hay que buscar mecanismos alternativos en los CIES que no vulneren la libertad y los derechos de las personas de manera tan continuada”, advierte Molina.
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