El tribunal que juzga la primera época de actividades de la trama ‘Gürtel’ (1999-2005) interrogará a partir de este lunes al presunto contable del empresario Francisco Correa, José Luis Izquierdo, y la administradora de una de sus empresas, Isabel Jordán, para quienes la Fiscalía solicitan 45 y 39 años de prisión, respectivamente.
En la última sesión del juicio compareció el responsable de otra de las empresas Orange Market y el considerado ‘cabecilla’ de la red en Valencia, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’. Siguiendo el escrito de acusación del Ministerio Público, lo siguientes en declarar son el presunto contable y la administradora de Easy Concept.
Con respecto a Izquierdo, las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás señalan en su escrito que era el encargado de elaborar archivos y documentos con el objetivo de controlar los pagos efectuados a algunos de los responsables de las Administraciones Públicas con los que Correa negociaba comisiones a cambio de adjudicaciones públicas favorables a sus sociedades.
En esos documentos, Izquierdo apuntaba el nombre o las iniciales del cargo público, el importe que se le entregaba, la fecha de entrega y, en ocasiones, el concepto. Todo ello, por encargo y bajo la supervisión de Correa y de su ‘número dos’, Pablo Crespo, añade la Fiscalía.
Además, dicen las Fiscales, el presunto contable generaba fondos opacos a la Hacienda Pública a través de la emisión de facturas ficticias y la gestión de la ‘caja B’ –denominadas «Caja B», «Caja B Actual» y «Caja Pagos B», según el escrito– de las sociedades patrimoniales del Grupo Correa.
CORREA Y CRESPO EXCULPAN A IZQUIERDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD
No obstante tanto Correa como Crespo exculparon a Izquierdo de cualquier irregularidad asegurando que éste no era contable, sino un auxiliar ya que éste no tiene estudios secundarios ni de contabilidad. «Es un mero amanuense», destacó el ex secretario de Organización del PP en Galicia.
Por su parte, el ‘cabecilla’ de la trama aseguró que Izquierdo recibía órdenes directas de él y que apuntaba las instrucciones que él le daba.
Piden para él 45 años y 2 meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo continuado, falsedad continuada, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
IMPLICACIÓN DE ISABEL JORDÁN
Por otro lado, comparecerá ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Ángel Hurtado, otra de los miembros del ‘grupo Correa’, la administradora de Easy Concept, Isabel Jordán. Una de las partes del interrogatorio se centrará en la gestión del denominado ‘Grupo Pozuelo’ –aunque finalmente no gestionó todas las sociedades que lo componían–.
También la vinculan en la organización y la ejecución de los contratos menores de la Oficina de Atención al Ciudadano de la localidad madrileña de Majadahonda. Según dice el Ministerio Público en la determinación del precio de la adjudicación de esta obra –más de 13.303,24 euros, superior al coste real– intervino Jordán junto a Crespo y Correa, contactando con funcionarios del Ayuntamiento.
El Ministerio Público afirma que en otro municipio madrileño, Pozuelo de Alarcón, gestionó la adjudicación directa, eludiendo la tramitación oportuna, a la empresa Down Town de una campaña de publicidad y fraccionó la factura del coste real de este servicio para evitar superar los 12.020,24 euros que marca la ley y poder considerarlos contratos menores.
También, entre otras atribuciones, la Fiscalía la considera era conocedora de que se estaban cometiendo irregularidades en la contratación y adjudicación a esta empresa de la organización en 2004 del XXXI Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos (PARJAP).
JORDÁN ERA «LA RESPONSABLE, CON MANDO EN PLAZA»
Correa aseveró durante su declaración ante el tribunal que Jordán era la responsable, con mando en plaza» y que la contrató por recomendación de portavoz del grupo parlamentario ‘popular’, Rafael Hernando, o «un jefe de prensa» de la formación. «Era una buena profesional», dijo y desveló que en el montaje de los stands de Fitur de Valencia colaboraba como directora de otras de sus empresas en Madrid, Easy Concept.
El Ministerio Público pide para ella 39 años de prisión y un mes por los delitos de asociación ilícita, malversación continuada con prevaricación, cohecho continuado, fraude continuado, falsedad continuada, malversación de caudales, tráfico de influencias, continuado de fraude y exacciones legales a las Administraciones Públicas, continuado de falsedad en documento mercantil. (EP)
