La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a hasta 8 años y 10 meses de cárcel a los principales líderes de la ‘Gürtel’ y a varios exdirigentes locales, como el que fuera alcalde de Arganda del Rey, Ginés López (PP), al que impone 5 años y 7 meses de prisión, por las adjudicaciones irregulares de la trama en la localidad madrileña a cambio de obtener contratos públicos.
En un fallo de 196 páginas, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal condena a los 20 acusados en la vista oral. Cabe destacar que 19 de ellos reconocieron los hechos y alcanzaron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción.
Tan solo el que fuera gerente municipal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, Luis Bremond, descartó hacerlo, y el tribunal le impone un año y 11 meses de cárcel.
Los magistrados han condenado al líder de la ‘Gürtel’, Francisco Correa, a 8 años y 10 meses de prisión, los mismos que para el que fuera su ‘número dos’, Pablo Crespo.
Al exalcalde Ginés López, por su parte, le impone 5 años y 7 meses de cárcel, mientras que a la considerada administradora de la ‘Gürtel’, Isabel Jordán, le condena a 3 años y 5 meses.
El fallo considera probado que, «desde al menos el año 1998 hasta 2009, Francisco Correa creó y dirigió una estructura jerárquica organizada en torno a él, conocida como ‘grupo Correa’, con la finalidad de enriquecerse ilícitamente de forma sistemática con cargo a fondos públicos mediante la obtención de contratos públicos tanto a través de sus empresas como de empresas de terceros previo pago, en este último caso, de la correspondiente comisión».
Cabe destacar que el propio Correa reconoció en su declaración como acusado su papel principal en la dinámica de adjudicaciones irregulares en la localidad, detallando los pagos que la organización efectuó a funcionarios para obtener contratos.
«A medida que se iban cumpliendo los trabajos pues yo solía ser generoso con ellos», aseguró el líder de la trama que, a preguntas del Ministerio Público, detalló que esa generosidad se traducía en «viajes, pagos en especia y organización de eventos como bodas».
LA INFLUENCIA DEL ‘GRUPO CORREA’
Para lograrlo, sostiene la sentencia, «contó con la esencial colaboración de funcionarios, cargos públicos y políticos, quienes posibilitaron que obtuviera ilícitamente contratos de administraciones y entes públicos en beneficio de sus empresas de publicidad, de organización de congresos, campañas electorales, ferias y eventos».
«Los mecanismos utilizados por Francisco Correa y los miembros de su grupo en la ejecución de sus actividades fueron, entre otros: la creación de entramados societarios a través de los que conseguir contratos públicos y poder después ocultar la procedencia ilícita y el destino de los fondos obtenidos; los sobornos a funcionarios, autoridades y cargos públicos; la vulneración de la normativa administrativa en la contratación con las administraciones y entes públicos», enumeran los magistrados.
A todo ello se suma, añade, «la creación de una trama de facturas falsas y ocultación a la Hacienda Pública de los ingresos procedentes de la ilícita operativa señalada». «En esta estructura vertebrada en torno a Correa, este era auxiliado por Pablo Crespo quien, de forma permanente desde el año 2002 y de manera esporádica y puntual con anterioridad, ejercía la gestión de esas actividades, transmitía y ejecutaba las órdenes de Correa y supervisaba la actuación de otros acusados del grupo Correa», incide el fallo.
La red de influencia de Correa, recoge la sentencia, «con la que llevaba a cabo sus actividades ilícitas, se extendió a comunidades y municipios gobernados por el Partido Popular debido a la estrecha relación que tanto él como integrantes de su grupo mantenían con algunos cargos y miembros de ese partido político».
La Sala de lo Penal pone el foco «en el municipio de Arganda del Rey» donde, «desde al menos el año 1998 y durante las legislaturas en las que gobernó el Partido Popular en ese municipio, Correa, con la intención de lucrarse de los contratos adjudicados por entidades públicas de dicha localidad madrileña, convino con funcionarios y autoridades de la misma el cobro de comisiones de distintos empresarios a cambio de la adjudicación de tales contratos».
«Igualmente acordó con los mismos responsables públicos la adjudicación de contratos a sociedades vinculadas al propio acusado a cambio, asimismo, de la correspondiente comisión. En la ideación y ejecución del acuerdo referido intervino Crespo desde el año 2002 participando tanto en la selección de empresas adjudicatarias y en el cobro de la correspondiente comisión y su posterior distribución, como en el pago de las comisiones referidas a las adjudicaciones a sociedades vinculadas a Correa», continúa el fallo.
«ASCENDENCIA MORAL» SOBRE FUNCIONARIOS
Los funcionarios y autoridades «que favorecieron la referida contratación a cambio de la correspondiente comisión prevaliéndose de sus competencias en tal ámbito y de la ascendencia moral que sobre otros funcionarios le otorgaban sus respectivos cargos» fueron, entre otros, el referido Ginés López, el exdiputado del PP Benjamín Martín Vasco o el ex consejero delegado de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey Juan Fernández Caballero.
El tribunal condena a Martín Vasco a 6 años de prisión, mientras que a Fernández Caballero le impone 6 años y 3 meses de prisión. A otros acusados, como al expresidente de Martinsa y del Real Madrid Fernando Martín le condena a 3 años y 4 meses de cárcel, imponiendo al que fuera consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) Cesar Tomás Martín Morales 5 meses de cárcel.
La contratación favorecida, según el fallo, «se llevó a cabo tanto desde el Ayuntamiento de Arganda del Rey como, principalmente, desde la Sociedad de Fomento, entidad que controlaban de facto los acusados anteriormente relacionados».
El tribunal considera que, «con motivo de las dádivas entregadas a distintos cargos públicos del municipio de Arganda del Rey, las empresas vinculadas a Correa se vieron beneficiadas con numerosos contratos adjudicados tanto por el Ayuntamiento de esa localidad como por la Sociedad de Fomento».
En lo relativo a ‘Gürtel’, el fallo condena a 2 años y 8 meses de prisión al que fuera contable de la trama José Luis Izquierdo, y a 1 año y 8 meses de prisión a Ramón Blanco Balín, considerado uno de los ‘cerebros’ financieros de la organización.
El tribunal impone 1 año y 9 meses de prisión para el constructor Alfonso García Pozuelo; 11 meses y 16 días para el extrabajador de la Sociedad de Fomento; 10 meses de cárcel para la exdiputada madrileña del PP Josefa Aguado del Olmo; 5 meses para el exgerente de la Fundación Baleares Sostenible Pablo Collado.
