El tribunal de la Sección 17 de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la recusación presentada por el Centro Jurídico Tomás Moro y Alternativa Española contra el magistrado Francisco David Cubero Flores, el ponente del tribunal que tiene que redactar la sentencia que revisará el fallo del Juzgado que condenó a Rita Maestre Fernández, portavoz del Ayuntamiento de Madrid, a pagar 4.320 euros por penetrar en una capilla con el torso semidesnudo.
El Centro Jurídico Tomás Moro actúa, en este caso, de acusación popular. En su escrito argumentaban que el magistrado Cubero es secretario en la Fundación Abracadabra de Magos Solidarios, «Fundación que legítimamente ha disfrutado de beneficios y patronazgo económico del actual Ayuntamiento de Madrid presidido por doña Manuela Carmena cuyo portavoz es la imputada doña Rita Maestre. La referida Fundación ha sido beneficiada con la cesión gratuita por parte del Ayuntamiento de la nave Terneras sita en una de las principales Salas Culturales de la capital madrileña (en el Matadero de Madrid)», dicen en su escrito.
Y añadían que el abogado defensor de Rita Maestre es Gonzalo Martínez-Fresneda, quien es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Unión Española de Abogados Penalistas para la Defensa de los Derechos-UEP, de la que es presidente el también abogado don Víctor Moreno Catena, catedrático del Área de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III y jefe del Departamento del que Cubero es profesor asociado.
«Es posible sospechar que pudiera verse afectada la imparcialidad del Magistrado por cuanto una parte de sus ingresos mensuales proceden de su condición de profesor universitario, debiendo tomarse en consideración que el catedrático del que depende guarda una intensa relación personal y profesional con el abogado de doña Rita Maestre Fernández», argumentaba el Centro Jurídico Tomás Moro en su escrito de recusación.
Cubero, por su parte, rechazó la recusación planteada. Y también el tribunal formado por los magistrados Jesús Fernández Entralgo, José Luis Sánchez Trujillano y Manuel Eduardo Regalado Valdés, que, aún admitiendo que «hay cierta coincidencia de hechos», no consideran que se haya podido acreditar que el magistrado «tiene relación o interés personal en el asunto».
No comparten las «dudas racionales» de que el puesto de Cubero en la mencionada Fundación pongan en tela de juicio su imparcialidad porque -como afirma el magistrado en el informe presentado previamente al tribunal- entre sus funciones no se encuentra buscar fuentes de financiación.
Tampoco se han convencido de que Cubero tenga interés o relación con el asunto.
Y sobre el triángulo Cubero-Martínez Fresneda-Moreno Catena, argumentado por el Centro Jurídico Tomás Moro y Alternativa Española, el tribunal admiten la explicación del magistrado de que ignoraba esa relación de amistad entre el abogado de Rita Maestre y el director del Departamento en el que da clase.
«Si ello es así, y no tenemos motivo alguno para dudarlo, el riesgo de parcialidad se desvanece», afirman en el auto en el que desestiman la recusación.
Rita Maestre fue condenada, el pasado mes de marzo, por la titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Madrid, Esther Arranz, a pagar una multa de 4.380 euros por un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos del que había sido acusada por participar en el ‘asalto’ a la capilla de laUniversidad Complutense de Madrid.
En el juicio, Rita Maestre manifestó que se sumó a la protesta de forma espontánea, al igual que sucedió con su acto de quitarse la camiseta para quedarse en sujetador. Así, reiteró que el espíritu de la protesta era pacífica y, en consecuencia, legítima.
La magistrada Arranz afirmó en su sentencia que no dudaba que fuera «una protesta, pero esa protesta se realizó con el ánimo de ofender los sentimientos religiosos”.
Y añadió que Maestre “era consciente del lugar en donde se encontraba y en el contexto de la ridiculización a la postura de la Iglesia Católica realizaron actos vejatorios y ofensivos atentatorios al debido respeto al altar y su significado”, con los que tenía “una clara intención de ofender o menospreciar los sentimientos religiosos”.
La sentencia no recogía ninguna pena de inhabilitación para ejercer como cargo público.
