La asociación de consumidores Adicae pedirá al nuevo Gobierno un sistema universal de reclamación extrajudicial «que resuelva el 90% de los problemas diarios» sin necesidad de acudir a juicio. Para ello, reclamará un arbitraje a «todos los grandes sectores del consumo», desde las telecomunicaciones al ámbito de las finanzas.
Así lo ha explicado el presidente de la agrupación, Manuel Pardos, durante el II Foro Europeo de Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos.
Según Pardos, “por muy buena que fuera la justicia ordinaria en España, no habrá justicia real para los consumidores si no hay un sistema amplio y eficaz de resolución extrajudicial” y ha destacado que el impulso de estas alternativas «desatascaría los juzgados, llenos de demandas individuales por la negativa de las grandes compañías» a adherirse a mecanismos como el arbitraje o la mediación.
El el presidente de Adicae ha recordado que España todavía debe trasponer la Directiva 2013/11 sobre resolución alternativa de conflictos de consumo, con la que la Unión Europea busca dotar a los consumidores de garantías suficientes de acceso a otras vías de reclamación.
«Aunque estamos a la cola de Europa, es una gran oportunidad para elaborar entre todos una buena ley», según Pardos, que ha asegurado que Adicae no aceptará que el Ejecutivo entrante «rescate» el anteproyecto de 2015, un texto al que ha tildado de «poco ambicioso» y que «por fortuna acabó en el cajón», ya que «ni nos gustaba a las organizaciones de consumidores ni a las empresas”.
Entre otros problemas, el citado anteproyecto “dejaba fuera al sector financiero, que ha ido por libre gracias a las resoluciones no vinculantes del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros”.
Ha señalado que quedan aún otros asuntos pendientes como garantizar la independencia y transparencia de los servicios de atención al cliente de las empresas, articular mecanismos de sanción en caso de incumplimiento normativo y mejorar la acción colectiva.
El presidente de la asociación ha emplazado al Gobierno, a través de la subdirectora general de Arbitraje y Derechos del Consumidor de la AECOSAN (dependiente del Ministerio de Sanidad), Milagros Yagüe, a que reúna a empresas y consumidores para buscar un consenso.
Entre los aspectos de consenso, ha concluido Pardos, estaría la necesidad de acortar plazos para resolver reclamaciones, modificación, en sintonía con Europa, que establece un máximo de 90 días cuando ahora se suele tardar más del doble.
