De izquierda a derecha, Sonia Gumpert (decana del ICAM), Oriol Rusca (decano del ICAB), Victoria Ortega, (presidenta del CGAE), Juan Carlos Estévez (presidente del Consejo General de Procuradores), y Rafael Lara (presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia).
Satisfacción en la comunidad jurídica por la continuidad de Catalá al frente de Justicia
|
04/11/2016 06:58
|
Actualizado: 04/11/2016 13:56
|
Abogados, procuradores y secretarios judiciales valoran positivamente que Rafael Catalá se mantenga en esta XII legislatura al frente del Ministerio de Justicia. Todos señalan su «espíritu de diálogo» y conocimiento de la actividad. Ahora, en los próximos cuatro años se espera que la justicia salga de la situación crítica en la que se encuentra con las reformas necesarias apoyadas en una dotación presupuestaria adecuada.
Desde la abogacía institucional, las manifestaciones realizadas a esta publicación por diferentes interlocutores señalan el acierto del presidente Mariano Rajoy en mantener a Catalá.
Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en el que están representados los 83 colegios de abogados españoles, se felicita de la continuidad de Catalá, se muestra optimista.
«El ministro Catalá ha demostrado tener un carácter dialogante. Confiamos que en esta nueva etapa de Gobierno escuche a la Abogacía par alcanzar un Pacto de Estado pro la justicia que de respuestas a las necesidades de los profesionales y de los ciudadanos», afirma.
Victoria Ortega, presidenta del CGAE, es optimista por la continuidad de Catalá, porque conoce muy bien el sector y sus necesidades. Confilegal.
Sonia Gumpert, decana del Colegio de Abogados de Madrid y vicepresidenta primera del CGAE, valora también positivamente la presencia de Rafael Catalá en los próximos cuatro años. «La comunicación ha sido posible, nos ha escuchado, incluso en algunas cosas nos ha hecho caso. Este elemento es fundamental para que las instituciones se entiendan y ahora hay que seguir sin pausa en este trabajo”, apunta.
En esa misma dirección opina Oriol Rusca, decano del Colegio de Abogados de Barcelona y vicepresidente segundo del CGAE, quien señala que el hecho que el propio Catalá se mantenga en el puesto de ministro de Justicia significa que “podemos trabajar sin interrupción desde el primer momento y continuar con los asuntos que ya estaban en marcha. Creo que proyecto más importante a desarrollar es el de la modernización de la justicia y terminar por implantar el propio expediente electrónico”.
En opinión de Francisco Javier Lara, decano del Colegio de Málaga, recién reelegido por un segundo mandato “es una buena noticia porque la llegada en su día de Rafael Catalá retomó el diálogo que se había perdido entre el Ministerio y la abogacía. Tengo la certeza de que, aunque discrepemos en algunos temas, nos va a oir y a escuchar en nuestras reivindicaciones como colectivo profesional”.
También es partidario «que queden derogadas las tasas para pymes como ya fueron en su mayoría para las personas físicas en esta legislatura».
Otro de los elementos de esta XII Legislatura, bautizada por algunos expertos como la del consenso, es la falta de mayoría en el Parlamento, lo que hará que el Ejecutivo de Rajoy tenga que negociar las reformas pendientes a nivel general, y las de la justicia en particular “Después de casi un año de un Gobierno en funciones ha llegado el momento de impulsar los temas que están sobre la mesa, que son muchos”; comentan estos juristas que aparecen en este reportaje.
Sonia Gumpert, decana del Colegio de Abogados de Madrid y vicepresidenta primera del CGAE.
El Ministerio de Justicia debe buscar una solución al problema de la Ciudad de la Justicia en Madrid. Este es un tema clave que también afecta a tribunales nacionales.
Entre los temas prioritarios que hay que poner en marcha, tanto Gumpert como Lara señalan que “todo lo concerniente al Turno de Oficio hay que priorizarlo. Este es un asunto que es importante tanto para la abogacía como para los derechos de las personas más desfavorecidas. Ahí hay cuestiones en marcha desde el CGAE que estaban en compás de espera por esa situación».
En este contexto recuerda el decano malagueño que «el propio Catalá freno una Ley de Justicia Gratuita que no había tenido el consenso con la abogacía».
Para Rusca, junto con la citada modernización tecnológica de la justicia “hay que acabar por pulir las reformas procesales, en especial la penal, donde habrá que ver si se puede dar la instrucción al fiscal como parte de la doctrina señala. Al mismo tiempo creo que hay que revisar el Código Penal y su articulado. Con el nuevo Código algunas faltas pasan a ser delitos leves, y varias pasan a ser infracciones administrativas de la Ley Orgánica. Estos delitos se enjuiciaran en un procedimiento que es el mismo que antes era el de faltas, pero con menos garantías procesales que si fueran un delito de otras características”.
Al mismo tiempo Gumpert advierte la necesidad de afrontar “la justicia ya en un escenario de cuatro años para realizar las reformas que son necesarias, tanto procesales como legislativas. Para ello es fundamental que se cuente con el presupuesto adecuado que ayude a dotar de medios técnicos humanos la citada reforma. Sin ese dinero adecuado volveremos a hablar de lo mismo, y solo serán buenas palabras”, advierte.
Nuestra interlocutora hace mención especial a la Ciudad de la Justicia de Madrid “clave para que la justicia en nuestra Comunidad salga de la situación en la que se encuentra. Creo que el Ministerio debe apoyar una solución para que realmente este proyecto sea una realidad palpable en los próximos años. Ahora mismo muchos tribunales nacionales están afectados por toda esta situación”.
¿QUÉ VALOR TIENEN LOS LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA?
Desde el Colegio de Letrados de la Administración de Justicia, Rafael Lara, su presidente también valora de forma positiva la continuidad de Catalá al frente del Ministerio. “Es una buena noticia para el Gobierno de la Justicia su continuidad. Garantiza que se continúen las reformas de la administración de justicia un profesional que la conoce bien. Lo ha demostrado en este tiempo en el Ministerio que sabe lo que hace”.
Los Letrados de la Administración de Justicia tendremos un papel clave en este nuevo escenario con las reformas que están por venir
El presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, Rafael Lara Hernández.
Lara recuerda que este colectivo, único Cuerpo Superior dependiente del Ministerio de Justicia, tiene la misión de homogeneizar el servicio, dirigir las oficinas judiciales y coordinar de alguna manera los esfuerzos de todos “Creo que tenemos un papel esencial y protagonista e este nuevo escenario con las reformas de la justicia para seguir avanzando”.
¿CUÁL SERÁ EL PAPEL DE LOS PROCURADORES EN ESTE NUEVO ESCENARIO?
Otro testimonio importante es el de Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores, “Es una buena noticia que Rafael Catalá se mantenga al frente del Ministerio. Hemos tenido un magnífico diálogo con él y una estrecha colaboración. Nada dice en contra que en esta nueva etapa no vaya a pasar lo mismo”, apunta.
Los procuradores colaboraremos en la buena marcha de todos los proyectos que ayuden a modernizar la justicia
Juan Carlos Estévez presidente del Consejo General de los Procuradores de España.
Desde su punto de vista hay muchos temas en marcha “hay que seguir con la modernización tecnológica de la justicia y que funcionen bien los sistemas tecnológicos ; concluir reformas legales que se quedaron a medio hacer, las reformas procesales pendientes y el tema de la ejecución de la sentencia que en este país es un déficit importante”. Y es que si hacemos cuentas Rafael Catalá estuvo como ministro de Justicia algo más de un año como titular, sin contar otro año en funciones.
Que haya nuevo Gobierno era necesario para el máximo responsable de los procuradores de nuestro país “ya necesitábamos desde hace meses este impulso para que se ponga en marcha de nuevo, entre ellas la actividad legislativa, Y desde esta perspectiva también procuraremos colaborar y coadyudar a la buena marcha de todos los proyectos que quieran impulsar la modernización de la justicia”.
¿QUÉ REFORMAS HARÁN FALTA EN NUESTRA JUSTICIA?
Sobre las reformas procesales, civil y penal, la decana del ICAM, recordó que hay que revisarlas para que realmente tengan la repercusión que se espera de ellas. Para el buen funcionamiento de la justicia es necesaria “una reforma de las leyes básicas consensuada y sólida en el tiempo. Algunos proyectos se pusieron en marcha y no se concluyeron. Eso mina mucho a los operadores jurídicos que estamos sufriendo los males endémicos de la justicia, a nivel de lentitud y falta de organización”.
Nos preocupa que Guindos apruebe una futura Ley de Servicio y Colegios Profesionales sin contar con la abogacía institucional
Javier Lara, decano del Colegio de Abogados de Málaga, publicó esta columna originalmente en la página web de la institución que lidera.
Para Francisco Javier Lara, “la reforma del 2011 en la jurisdicción civil fue importante y hay que seguir con ella en esta nueva legislatura. Ahora con la introducción de las nuevas tecnologías y las nuevas necesidades de la organización judicial exigen que sigamos avanzando en ese proceso. Es evidente que los cambios que llegan habrá que consensuarlos desde el diálogo”.
A su juicio, hay que seguir la línea establecida por Catalá y seguir negociando las reformas pendientes desde el consenso como “la futura ley de planta y demarcación, la nueva oficina judicial o la introducción de los tribunales de instancia para una mejor reorganización de la justicia y culminar la digitalización de la justicia”.
¿PREOCUPA EL MINISTRO GUINDOS A LOS COLEGIOS DE ABOGAODS Y PROCURADORES?
De este nuevo Gabinete queda claro que Luis de Guindos tendrá uno de los Ministerios más potentes de los existentes. Aúna las carteras de Economía, Industria y Competitividad. A él habrá que dirigirse de cara a negociar una nueva Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Para Sonia Gumpert “Es evidente que se nos debe oír a los colegios de abogados como también debe hacerlo la Comisión Nacional de Mercados y Competencia”.
A juicio de la decana madrileña “los criterios de la CNMC son bastante mejorables de lo que son en la actualidad respecto a la actividad de los colegios de abogados. Creo que la Comisión y el propio Ministerio de Economía soslayan ciertos temas legales sobre los propios colegios como son su papel y su carácter de servicio público en el turno de oficio, o en el funcionamiento de la justicia en las costas procesales”.
Sobre el Ministro Guindos, el decano del Colegio de Málaga señala que “nos preocupa que se aprueba una Ley de Servicios y Colegios Profesionales sin contar con la abogacía. Esta norma afecta de plano a los colegios y podría poner en entredicho la viabilidad de mucho. Por otro lado, frente al talante dialogador del Ministro Catalá nos preocupa esa carencia que le falta al propio De Guindos”.
Respecto a Competencia, recuerda nuestro interlocutor que “Justicia gratuita es un servicio público y no una actividad empresarial sujeta a las normas de mercado por lo cual las sanciones importantes que nos impone no son justas”. A su juicio, dichas sanciones son injustas porque los propios Colegios de Abogados están cumplimiento lo que les reclama la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Es evidente que el CGAE en los próximos años debe convertirse en un lobby de referencia a nivel legislativo
Oriol Rusca, decano del Colegio de Abogados de Barcelona y vicepresidente segundo del CGAE
El decano de Barcelona muestra su preocupación ante los encontronazos que ha habido con Competencia y señala que “espero que se mantengan en el futuro los 83 Colegios de Abogados. Todos tienen su justificación y no nacen por generación espontánea. Todos están en el seno de su propia sociedad y dan sentido a su municipio. Eso hace que en Cataluña existan catorce Colegios y en Andalucía, otros once. Luego, lo importante es que se coordinen bien”.
Para el colectivo de procuradores será fundamental el diálogo con De Guindos y su macroministerio “sabemos que se retomará el anteproyecto de Ley y Servicios Profesionales para que se convierta en ley a medio plazo. Una norma que afecta a diferentes profesiones jurídicas, entre ellas, la nuestra. Nunca nos opusimos a la ley sí a los términos en los que venía algunos artículos. Esperemos que se pueda pactar dicha ley entre todas las profesiones y no levante tantas ampollas”, señala Estévez.
¿HABRÁ UN PACTO DE ESTADO POR LA JUSTICIA?
En este escenario de cuatro años, la llamada Estrategia Nacional de la Justicia anunciada por el propio Ministro Catalá, en años atrás Pacto de Estado por la Justicia, parece más viable en este horizonte “hay que recordar que nuestra presidenta Victoria Ortega tiene especial interés en el citado Pacto por la Justicia. Por desgracia su llegada ha coincidido con esa parálisis del Gobierno en funciones. Estoy seguro que se va a retomar inmediatamente por nuestra presidenta”, indica Gumpert.
De la misma opinión es Francisco Javier Lara, quien alaba la condición dialogante del Ministro para que ese Pacto de Estado esté más cerca en los próximos años. “Un Pacto en el que la abogacía debe ser protagonista porque conoce como nadie la situación de la justicia y recae sobre nosotros los abogados la defensa del justiciable”. De igual forma se expresa Oriol Rusca, quien advierte que el CGAE en los próximos años debe convertirse en un lobby de referencia a nivel legislativo”.
En opinión del presidente de los procuradores españoles “en este escenario parece que puede ser más sencillo tender hacia dicho Pacto aunque en esta legislatura que no hay mayorías el papel del resto de grupos parlamentarios será importante, al igual que la opinión de todos los operadores jurídicos implicados en esta cuestión”.
Para Lara, presidente de los Letrados de la Administración de Justicia, “es bueno que haya cuatro años por delante. Creo que el Ministro ha demostrado que tiene una capacidad de diálogo y consenso importante. Ha sabido coordinar muy bien a todos los colectivos de la justicia. Ahora de lo que se trata es de terminar de ejecutar el Pacto del 2001 y terminar con las reformas legislativas y procesales pendientes. Es el momento ideal para hacerlo”.
¿CUÁL SERÁ EL FUTURO DEL DINERO RECAUDADO POR LAS TASAS?
Sobre el dinero de las tasas que aún sigue en el Ministerio de Justicia, nuestra publicación ha pulsado la opinión de la abogacía. Para Sonia Gumpert las explicaciones recibidas hasta ahora han sido escasas y poco convincentes “sobre todo las que hizo en su día el ministro Cristóbal Montoro que habló que se habían diluido en los Presupuestos Generales del Estado. No creemos que fuera una respuesta esperable y debida. Ahora sería un buen momento para inyectar ese dinero de las tasas a la Justicia Gratuita, como decía la citada Ley en su artículo once”.
Para Oriol Rusca, ese dinero cobrado por las tasas judiciales debe ir a la justicia gratuita. Y señala que pese a lo señalado desde ALTODO de recortes en el Turno de Oficio, “esa información no es la correcta. “Hemos logrado implicar a la Generalitat en el desarrollo de la Justicia Gratuita, los pagos son puntuales pero los módulos y su retribución es baja. Si el año pasado se incrementó la retribución en un 0,5 por cien queremos que este año tenga una subida sobre el 1,5 por cien”, resalta.
Cuando le preguntamos a Francisco Javier Lara por este asunto indica que “aunque el Ministerio de Justicia da el tema por cerrado, yo no comparto ese criterio. Hay que recordar que el artículo 11 de la Ley de Tasas señalaba que ese dinero de las tasas iría a la mejora de la Justicia Gratuita. Ese dinero, aunque entró en la caja común del Estado y se ha utilizado para Sanidad y educación y otras cuestiones, debería ir para la Justicia Gratuita y mejorar la retribución de los abogados que prestamos ese servicio público”.
Noticias Relacionadas:
